Hay profesiones que solo se pueden ejercer desde la vocación y el compromiso personal. Una de ellas es la de agente forestal o medioambiental. Nadie se hace agente forestal porque no le queda otra opción de empleo.
Nadie se levanta una noche de tormenta para acudir a rescatar a un perro abandonado si no ama a los animales como a sí mismo. Nadie, sin una vocación de servicio más allá de la que le exige la nómina, dedica sus fines de semana libres a vigilar el monte porque la amenaza de incendio es demasiado alta. Nadie que no se sienta íntimamente comprometido con la naturaleza llena el depósito del coche patrulla con su dinero o paga de su bolsillo los prismáticos con los que la vigila.
Nadie que no lo lleve en la sangre persigue a un cazador furtivo por mitad del bosque, amenazándolo con un boli y una libreta. Nadie se atreve a plantar cara a un alto cargo político y, desoyendo sus bravatas, denunciarlo por haber ampliado su casa de campo sin permiso o preparar una montería ilegal en su finca.
Sin embargo he sido testigo de esos casos de compromiso personal con la sociedad y con la naturaleza. Son muchos los agentes forestales y medioambientales que los realizan a diario en las diferentes comunidades de nuestro país, y lo hacen sin alzar la voz ni pedir nada a cambio, simplemente porque es su misión y porque, más que una profesión, la suya es una forma de vida. Por eso molestan.
Molesta su compromiso con el oficio, su lealtad a la sociedad y su vocación de proteger nuestro patrimonio natural de los especuladores. Molesta que no se presten a chanchullos ni negocios ajenos al cumplimiento de su deber, que es el de prevenir las infracciones y evitar los daños medioambientales. Molesta que lo hagan con la más alta profesionalidad y solo acaten lo que les exige la ley. Por eso han decidido cambiarla.
La vigente Ley de Montes concede a los agentes forestales y medioambientales la función de autoridad policial y judicial, otorgándoles la capacidad de realizar las inspecciones necesarias y tomar las pruebas que consideren oportunas de forma coordinada con los cuerpos y las fuerzas de seguridad del estado: policía autonómica, policía nacional y guardia civil. Algo que hasta la fecha ha venido sucediendo de manera coordinada y eficaz.
Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular ha decidido poner en marcha una reforma de la citada ley que incluye, entre muchas otras modificaciones que desvirtúan su carácter conservacionista, la de convertir a los agentes forestales y medioambientales en meros auxiliares de campo, simples apuntadores de la policía y la guardia civil, retirándoles la capacidad para realizar atestados y perseguir directamente los delitos contra la naturaleza y el medio ambiente.
¿Qué se pretende con ello? pues quitarse de en medio a los 6.400 agentes forestales que desde hace 140 años vienen custodiando el medio ambiente y defendiendo la naturaleza de quienes siempre han creído que el campo es su cortijo.
La Ley de Montes que prepara el PP es uno de los mayores ataques a este cuerpo de profesionales en su casi siglo y medio de historia. Por eso están en pie de guerra contra este Gobierno. La Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales (AEAFMA) que agrupa a todos sus miembros, ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para exigir al presidente Rajoy y a la ministra García Tejerina que el nuevo Proyecto de Ley avale sus funciones como policía medioambiental y blinde sus actuales competencias. La petición cuenta con el respaldo de los sindicatos UGT y CCOO y de las principales organizaciones ecologistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. Hasta la fecha llevan recogidas 13.778 firmas. Puedes darles apoyo aquí.
Asimismo han organizado una campaña de protesta en Twitter con el hastag #StopLeyMontesPP
La semana próxima celebran su congreso nacional, un encuentro que aprovecharán para mostrar su rechazo a una reforma que pretende apartarlos de toda investigación relacionada con los incendios forestales, los casos de envenenamiento, los vertidos incontrolados o las construcciones ilegales, entre muchas otras agresiones medioambientales. Unos delitos que “los forestales” llevan toda la vida persiguiendo y denunciando con la mayor eficacia: porque conocen el territorio mejor que nadie, saben quién es quién en el monte y no se arrugan ante los de corbata y barbour. Por eso molestan tanto a este Gobierno.