El bárbaro no puede sustraerse a la idea de que él, porque es él, puede simultáneamente faltar a la ley y reclamar su amparo
Una barca infestada de monos va a la deriva mientras un delirante Klaus Kinski le grita al mundo su deseo de gobernar el continente americano teniendo a su fallecida hija como esposa. Es lo que tenían las grandes películas, que se grababan en la mente. Hasta Coppola reconoció la influencia que Aguirre, der Zorn Gottes tuvo en su concepción de Apocalypse Now. Mejor no me pregunten cómo todo esto me ha venido al consciente ahora, dejémoslo en que la enajenación de Lope de Aguirre lo convierte en un personaje imperecedero. Cuatrocientos monos compró el director de la cinta para filmar esa única escena. Los simios que acompañan el delirio. Nunca faltan.
El juez Joaquín Aguirre ha decidido esa semana desobedecer a sus superiores y buscarse una burda estratagema jurídica para imputar a Puigdemont, Artur Mas y otros un terrible delito de traición a la patria que, casualmente, porque no es causal, ¿no?, es uno de los excluidos de la Ley de Amnistía. Lleva siete años intentado convertir ese asunto en un delito de traición y el año pasado la Audiencia Provincial le ordenó que se dejara de gaitas y lo cerrara como de hecho lo cerró. No contaban con que un juez iluminado pensara que la historia le contempla –lo dice él en un auto, no yo– y que le aguarda una misión que le sitúa por encima de la ley y de la pirámide jurisdiccional: “Por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica para la UE este magistrado se vio obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia Provincial para anular las prórrogas del procedimiento”, escribe.
Probablemente es lo más cerca que van a estar de una especie de autoinculpación por prevaricación de un juez, que asume que le han ordenado que no siga pero que considera que algo superior a sus controladores jurisdiccionales le impele a dictar una resolución tras “pensar una solución alternativa” a la dictada. La querella se la va a llevar puesta, veremos con qué recorrido en un caso como digo muy palmario, y el recurso a ese auto de nuevo a la Audiencia para que lo metan en cintura y le recuerden sus obligaciones también. Me gustaría que los jueces que tanto hablan públicamente para defender el buen hacer de sus compañeros se dejaran caer con una crítica a una actuación imposible como esta; decírmelo a mí está muy bien, pero mejor y más coherente es no callar en esto si no callas en nada.
El juez Aguirre quiere ahora saltarse a los que durante siete años ha admitido como jurisdicción superior para enviar el tema al Tribunal Supremo “dado que Puigdemont está aforado”. Lo cierto es que ahora mismo, siendo diputado del Parlament de Catalunya, está aforado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no veo qué extraño salto de conexidad pretende dar. Por algún motivo que ustedes y yo alcanzamos a comprender, considera que lo que no le han permitido en la Audiencia se lo van a permitir los señores de la Sala II y lo cree porque parece considerar que están dispuestos a cualquier cosa con tal de parar la amnistía a un tal Puigdemont. Cómo o qué han hecho esos altos magistrados para que este juez fantasee con que le va a valer saltarse lo más sagrado si llega a ponerse bajo su ala es algo que debería llevarles a reflexión.
Les explicaría ahora por qué es loco intentar imputar por traición a personas que no tenían en sus manos cumplir los tipos penales ni sus verbos rectores, pero es que si hay algo que no admite discusión para un juez instructor es que, si te ordenan una cosa los que revisan tus recursos, la cumples o la cumples... o prevaricas. Por ese motivo el instructor del caso Oltra ha tenido que dictar auto de transformación en procedimiento abreviado (el equivalente a sentar en el banquillo) arguyendo como único fundamento jurídico “por imperativo legal” como forma de mostrar su rebote, ya que se lo ha ordenado la Audiencia Provincial de Valencia. No se le ha ocurrido buscar “una solución alternativa” como predica Aguirre porque, frente a lo que se diga en los escalones superiores de la pirámide jurisdiccional, al juez solo le cabe acatar.
Me gustaría responder a unas declaraciones de Compromís en el Parlament valenciano: “El Poder Judicial tiene que estar también dentro del espacio de fiscalización y democratización y en esta cuestión tenemos que ir más allá”, solicitándole a los socialistas la búsqueda de medios para “fiscalizar” la actuación de los jueces. Esa fiscalización existe en todos los estados democráticos y se lleva a cabo por las diferentes instancias jurisdiccionales que revisan la actuación de los escalones inferiores. El mero hecho de insinuar que podría haber otra fiscalización diferente es profundamente antidemocrático y debe ser conjurado. He oído ya varios coqueteos de los partidos a la izquierda del PSOE sobre “fiscalizar” a los jueces y eso es más peligroso que la actuación puntual errónea o espuria de algunos magistrados. No hay otra opción democrática ni dentro del Estado de Derecho.
Volviendo a Aguirre y a su sindiós, él mismo reconoce en el auto que, tras siete años, no sabe en cuál de los delitos de traición podría enmarcarse su estrambótica instrucción, que se resume a algunos contactos de independentistas con empresarios o personas rusas en unos años en los que ni Rusia era un enemigo ni estaba en guerra con nadie –ni híbrida como él dice ni convencional ni de Gila–. En los años de esos contactos recibieron a Putin desde el Papa a Merkel pasando por Macron o Renzi y si Rajoy no tuvo el gusto fue porque no pintamos demasiado. No sabe qué tipo aplicar porque si leen los artículos verán que ni Mas ni Puigdemont ni el resto de imputados podían “inducir a potencia a declarar la guerra”, “allegar tropa española”, “tomar las armas contra España con bandera enemiga”, “suministrar armas al enemigo”, “favorecer a potencia extranjera con información clasificada”, “provocar una declaración de guerra”, “ejecutar orden de potencia extranjera”, “violar tregua”... Era imposible que lo hicieran ni ellos ni usted ni yo y mucho menos incumplir el resto de los artículos referidos a tiempo de guerra. Por cierto, es curioso pero en 2012 la Asociación de Militares Españoles, esa de los manifiestos alabando el Glorioso Alzamiento, ya advirtió en un comunicado a Mas de la posibilidad de incurrir en alta traición y ahora ya ven, va éste señor y le imputa.
¿Clamamos ya lawfare? El verdadero lawfare precisaría de que la eficacia del sistema jurisdiccional se viera anulada por la voluntad concertada de las diversas instancias de perjudicar a alguien por motivos políticos e impedirle defenderse. Así que no basta con que un juez individual intente incluso hacer política, sino que es necesario que esa actitud no sea corregida por la pirámide jurisdiccional en una connivencia antijurídica: así, tras un juez revistan tres en recurso, otros tres diferentes en enjuiciamiento, tres más en el TSJ y cinco si llega al TS y nos ponemos como poco en quince profesionales. Si entre esos quince se llegara a un resultado injusto y político por una concertación entonces podríamos hablar de guerra jurídica. Vengo a decirles que eso es muy difícil en el procedimiento español y en la judicatura española. Eso es lo que sucedió precisamente en el caso de los políticos catalanes, con la asunción extraña y discutible de la competencia por parte de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y con la aquiescencia de todas las fuerzas de opinión pública y políticas, incluido el PSOE, excepto Podemos e IU. En este caso de la traición rusa cabe recurso a la Audiencia Provincial, se interpondrá la querella contra el juez y es de esperar que la Sala II no tenga la desfachatez de asumir la causa. Si todo esto fallara, entonces les diré otra cosa.
Si todo es lawfare nada es lawfare. Y si se produce hay que demostrarlo con argumentos basados en el desarrollo jurídico de los procedimientos, no en si el juez un día absolvió a unos fachas o si viste de Prada o tiene un problema en la comunidad de vecinos sino espurgando y razonando por qué la actuación jurisdiccional es deficiente o manifiestamente contraria a derecho. Quien lleva haciendo eso años -muchas veces en solitario- no puede ver sino con preocupación esa ordalía de descalificaciones globales a todos los jueces, a todo el sistema, a todos los procedimientos que no me gustan, a todo lo que políticamente no me interesa.
Lo de Aguirre es tan claro no por quien sea él o por como sea sino porque la ley le impide de forma taxativa hacer lo que ha hecho. No hay discusión posible.