Anda suelto un prior que no atiende a leyes terrenales ni divinas porque su misión en la vida no es otra que proteger la tumba de Franco. El prelado del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se resiste a la exhumación de los restos del dictador. Y le da igual que la decisión haya sido aprobada por un Gobierno elegido democráticamente, con el aval del Parlamento y el visto bueno del Tribunal Supremo. El prior, que antes de ingresar en la Orden de los Benedictinos fue candidato a las elecciones generales de 1993 por la Falange, cuenta para su rebeldía con el apoyo de Vox, que es el partido donde hoy se refugian los nostálgicos del franquismo.
Rocío Monasterio entiende que el fraile, en virtud de su libertad, puede hacer lo que plazca porque la “dictadura de Sánchez” no es quién para decir “dónde tenemos que enterrar a nuestros muertos”. Fin de la cita. Ahí es nada. Para dictadura, la de Sánchez, ya saben. El franquismo debió de ser un refugio de libertades, a tenor de lo que se escucha a la portavoz del partido de Santiago Abascal. Ya saben que la ultraderecha ama a España por encima de todo, pero no a sus instituciones ni a su ordenamiento jurídico. No hay mayor patada a la democracia.
Pese a todo, saldrán y muy pronto los restos del dictador. España cerrará uno de los capítulos más infames de su historia democrática y el prior dejará de piar en los medios de comunicación, pero siempre habrá un fanático, un nostálgico o un doctrinario dispuesto a exaltar la memoria del dictador. Dentro y fuera de Vox. España no es Alemania ni Italia. De momento.
Nuestro Código Penal recoge los delitos de incitación al odio, discriminación o violencia y justificación del genocidio, pero no hace mención a la apología del franquismo o el fascismo. La Ley de Memoria Histórica de 2007 previó la retirada de todos los símbolos de exaltación franquista de los edificios y espacios públicos, pero no hizo referencia a los recintos privados ni a la apología del franquismo. Si lo hubiera hecho, el prior del Valle de los Caídos estaría inmerso hoy en un procedimiento judicial. Igual que algunos de los representantes de Vox. No digamos ya los que desde Fuerza Nueva Andalucía homenajearon este verano al golpista Tejero entre gritos de ¡Viva Franco! y ¡Arriba España!
Lo que es impensable en Alemania o Italia, ocurre en la España de 2019 con absoluta normalidad porque no hubo gobierno de izquierdas o de derechas en 40 años de democracia que se atreviera a tipificarlo. Felipe González se opuso a legislar sobre ello durante sus más de 14 años en la presidencia del Gobierno con el argumento de que no convenía remover viejos rescoldos bajo los cuales seguía habiendo fuego. Aznar, por supuesto, ni se planteó incomodar a una ultraderecha que votaba entonces sus siglas. Y Zapatero se quedó corto con una ley de Memoria Histórica cuyo disenso pactó con la derecha precisamente a cambio no remover el pasado del Valle de los Caídos y no molestar a la Iglesia Católica para satisfacer el deseo de los monjes benedictinos, a cuya orden Franco encomendó la gestión del monumento de la vergüenza y el horror allá por 1957.
El Bundestag tiene resuelto el asunto desde que en los años noventa aprobara un paquete de medidas penales con los que combatir a los nostálgicos del Tercer Reich, que incluyó penas de hasta tres años de cárcel para quienes “aprueben, nieguen o minimicen” en público los horrores de la dictadura nazi. Y lo mismo hicieron en Italia con los fanáticos del fascismo, que se enfrentan hasta cuatro años de prisión.
Ahora le toca a España. A lo que no se atrevió ningún otro presidente del PSOE, lo hará Pedro Sánchez si consigue formar gobierno tras el 10-N porque llevará en su programa una propuesta para modificar la ley de Memoria Histórica. Una reforma transversal del texto que afectará al Código Penal y que penará con cárcel el enaltecimiento del franquismo y la humillación de las víctimas de la dictadura.
Afectará a “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y del franquismo”. Y permitirá de facto la ilegalización de asociaciones o fundaciones que hagan apología de la dictadura. Ya tocaba. Hasta que no llegue, España no podrá pasar definitivamente la página del franquismo ni evitar que haya priores, Monasterios o Tejeros que abanderen, simpaticen o exalten la dictadura y ofendan con sus palabras o sus hechos a las víctimas, a los demócratas y al Estado de derecho.