Para aquellos que amamos y vivimos Cataluña todo este proceso está siendo especialmente doloroso. Queremos defender a Cataluña, pero es cierto que cada vez se nos hace más difícil por el 'frentismo' al que nos ha llevado el independentismo catalán por un lado y el no-hacer del PP por otro. Eso cuando no activan ese gen, que por naturaleza tienen los populares, de fobia catalana… Bueno, fobia catalana, vasca o andaluza que les sale por los cuatro costados. Todo lo que no sea el centralismo madrileño al PP le supera.
Volviendo al “I ara, que?”, varias son las conclusiones que podríamos sacar del 9N.
La primera, y a mi entender la más peligrosa, es el fraude democrático y anticonstitucional al que ha sometido al pueblo catalán un poder que emana de la Constitución Española como es la Generalitat.
Si este poder democrático del Estado y su legítimo representante, el president Mas, junto a varios diputados promueven un proceso que es fraude de ley, sin ningún tipo de garantías democráticas, ¿cómo le podrán pedir a sus conciudadanos que respeten las elementales normas democráticas?
Imaginemos… Mañana la Assemblea Nacional Catalana le vuelve a exigir al President Mas que convoque unas elecciones en Catalunya, y este, en su legítimo derecho, vuelve a hacer caso omiso. Entonces la ASC convoca unas elecciones en Catalunya, organizadas por voluntarios, sin censos, con aperturas de mesas y urnas de cartón, etc. Y con una participación del, supongamos, 40 por cierto de los catalanes. ¿Como podría Artur Más deslegitimar políticamente esas elecciones si es precisamente lo que él ha promovido?
Es evidente que hay una gran movilización independentista en Catalunya, fundamentada en una realidad socioeconómica difícil, con unos recortes en sanidad y educación brutales realizados por el gobierno CIU y con un caldo de cultivo histórico de “España nos roba” iniciada por Jordi Pujol, “cosas verede”. Estos ingredientes y otros promovidos por la insensibilidad del PP, nos han traído hasta aquí.
Por ello, la segunda conclusión es el resultado de la pseudoconsulta, nos ha dicho lo que ya sabíamos, lo obvio, que el independentismo tiene un PLAN, lo está ejecutando y está hipermotivado y movilizado. Ahora tocan las elecciones plebiscitarias.
Una cosa buena para los no independentistas, y por tanto negativa para ellos, es que se han medido.
El resultado es que el 30% de los catalanes son los que están en dicha movilización, que en torno al 1,8 millones los podemos considerar independentistas (incluyendo a mayores de 16 años e inmigrantes) y que coinciden prácticamente con los resultados que sacaron los partidos por la independencia en las últimas elecciones. Todo ello siempre que demos por buenos los datos que nos ofrecen sin ningún tipo de garantías, sin el más mínimo respeto por las normas electorales.
Por tanto quedan un 70% de catalanes, en torno a 4 millones (sin mayores de 16 años, ni inmigrantes que no podrían votar en unas elecciones legales) que esperan otra cosa, esperan otro PLAN de los no independentistas, como la misma eficacia y determinación en su ejecución.
El PSOE es el único partido que ha concretado en su 'Declaración de Granada' una posición de salida a este atolladero. Una propuesta federalista que podríamos resumir en igualdad de todas las personas independientemente de donde vivan y diferencia de los territorios dadas sus peculiaridades históricas.
Es por ello que de nuevo, los socialistas, debemos tomar la iniciativa e iniciar un proceso de cambio constitucional que deba ser ratificado en referéndum en toda España, incluida Cataluña por supuesto.
Es allí, en Cataluña, donde esos 4 millones de catalanes deben ver en ese referéndum la vía para participar en una consulta legal y democrática que adecue a Cataluña en el marco Estatal, alejada de la insolidaria e injusta posición independentista.
Para ello el PSOE debe constituir un bloque federalista, teniendo la 'Declaración de Granada' como ponencia marco a debatir y donde fuerzas sociales y políticas como PSC, Unió, Iniciativa, Ciudadants e incluso Podemos fijen de común acuerdo la salida federal a través de un proceso democrático en toda España.
Todo conflicto político tiene solución, tan solo requiere de un objetivo claro, un plan definido y determinación en aplicarlo, eso sí con trabajo y dialogo. Precisamente de lo que carece el presidente Rajoy.