Nadie puede silbar una sinfonía. Se necesita una orquesta completa para tocarla
Ha hecho falta mucho sufrimiento global y mucha necesidad de ayudas públicas para sostener una economía gripada por el virus y un cambio de tercio electoral en USA y muchas horas de diálogo y la convicción común de que es imposible volver a hacer pagar la crisis a los ciudadanos de a pie para que se haya llegado, al fin, a una conclusión común y de vocación mundial para acabar con la insolidaridad de los gigantes de la empresa y de la tecnología. No va a salir ahora ningún neoliberal a llorar “¡No se les pueden subir los impuestos porque se irán a otro país!”, como repitieron desde la caída de Lehman. Ha hecho falta una debacle para que los mandatarios del mundo, los liberales también, lleguen a la indiscutible conclusión de que la unión hace la fuerza.
El acuerdo adoptado por el G7 para dar un primer paso que obligue a las multinacionales globales y a las grandes tecnológicas a pagar impuesto de sociedades allí donde obtienen las ganancias, algo tan claro y tan de cajón, ha precisado de un cambio de presidente en Estados Unidos y de una crisis provocada por la pandemia que ha dejado temblando las arcas de todos y cada uno de los estados. La UE llevaba tiempo intentando limar un proyecto para imponer un impuesto de sociedades común, con las reticencias de los países que se benefician claramente de ese dumping fiscal dentro del propio territorio comunitario. En algunos casos el escándalo era tan mayúsculo que las propias poblaciones supuestamente beneficiadas pusieron el grito en el cielo. Así, los irlandeses descubrieron que una filial de Microsoft radicada fiscalmente en su territorio había pagado 0 euros de impuestos el año pasado tras haber declarado un beneficio de 260.000 millones de euros. ¡Y aún había quien defendía que era imposible intentar tocar este escándalo que afecta directamente a las sociedades del bienestar y a la vida de los ciudadanos! Porque es de nuestras costillas de las que extraen esos astronómicos beneficios que no dejan ni un euro a su paso.
Ha hecho falta que Biden necesite un ingente número de recursos para emprender el macro plan de inversiones keynesiano con el que pretende sacar a Estados Unidos del hoyo pandémico. Ha hecho falta que todos los Estados se den cuenta de que los únicos que han obtenido beneficios de este desastre global han sido las grandes tecnológicas y los gigantes del comercio digital para que se atrevan a dar el paso de hacerles cumplir las normas que rigen para los demás. Ha hecho falta que todos los Estados importantes, amantes del liberalismo loco incluidos, reparen en que han tenido que movilizarse ingentes masas de recursos públicos para ayudar a muchas de las empresas que eluden o mistifican o emparedan sus impuestos a mantenerse vivas mediante ERE, ayudas, préstamos y otras delicias de la existencia de una red tendida por lo público a la que se han negado durante décadas a contribuir.
El acuerdo se ha quedado en el G7 en una tasa mínima común del 15% y es un paso histórico que tiene que ser revalidado en el G20 y por la OCDE, aunque con el apoyo de los más grandes y las necesidades recaudatorias de todos los Estados es difícil que los grandes paraísos fiscales se salgan con la suya. “Esto muestra que la idea de la justicia social progresa en la sociedad, si hasta los norteamericanos son capaces de ser sensibles a ella”, decía ayer el portavoz del Partido Comunista Francés muy emocionado. A lo mejor no es tan idealista el movimiento, pero estoy ansiosa por ver cómo los economistas oráculo neoliberales de este país llamado España nos empiezan a desmontar por Skype todo lo que llevan predicando décadas sobre la imposibilidad de poner en práctica una medida como esta.
La cuestión va más allá de este 15% de impuesto mínimo, que en Europa muchos esperan poder incrementar paulatinamente hasta alcanzar un 25%. Obviamente si gravas algo ahora es mucho más sencillo pensar que ese importe pueda ser posteriormente revisado. Con un tipo del 25% a las multinacionales, Europa recaudaría hasta 50.000 millones suplementarios entre todos sus miembros. Pagar deuda pública, mejorar los servicios públicos, evitar incrementar la tasa impositiva a los ciudadanos de a pie... las posibilidades que se abren son muy importantes y, sobre todo, interesantes para la ciudadanía, para la equidad y la justicia.
Para mí, sin embargo, lo más importante de esta decisión inaudita e histórica del G7 no tiene solo un valor económico sino, sobre todo, un valor ontológico. Es decisivo que al fin se hayan dado cuenta de que no puede haber un sector de empresas que tengan la capacidad de establecer un modelo de negocio que rebase todas las legislaciones y las vuelva inservibles. Esto rige para los impuestos pero también para las barreras legales que les deben ser impuestas, como al resto de los empresarios nacionales. A partir de este impulso y de este reconocimiento de que la unión constituye la fuerza y de que hay empresas que son ya más poderosas que cualquier Estado pero que, ¡ojo!, no son más poderosas que todos los Estados juntos. Las normas sobre el uso de los datos, las cortapisas a las nuevas fórmulas de negocio que vulneren las prácticas reguladas, la necesidad de cooperar obligatoriamente con la Justicia en cualquier territorio, el establecimiento de responsabilidades por las actividades que se desarrollen a través de ellas y tantas cosas que hoy en día son territorio sin ley. La ley de riders española también avanza en ese camino.
Solo esta unión supranacional puede a la larga impedir que la gobernanza se desplace de los Estados a las macro tecnológicas y a las empresas globales. Por eso es tan importante comprobar con el mero dinero que es posible poner en marcha estas políticas comunes.
Ha tenido que producirse una hecatombe mundial para que algo tan sensato cobre forma. Es, tal vez, una de esas pocas cosas positivas que nos dejará esta cruel pandemia.
Que no se quede en eso. Que sea el inicio de un camino de mejora para toda la humanidad.