Un político tiene el derecho a vivir donde le plazca. Es obvio que, tal y como ocurre con el resto de los españoles, los únicos límites para sus aspiraciones personales en materia inmobiliaria son los que establece la ley y los que marcan sus ingresos pecuniarios. Un candidato a la presidencia del Gobierno puede residir donde quiera, como también puede optar libremente por ser atendido en la Seguridad Social o en una clínica privada, por llevar a sus hijos a un colegio concertado o a una escuela cien por cien pública. Puede hacer lo que crea más conveniente en el ámbito de su vida privada, pero no puede pretender que este tipo de decisiones no afecten, para bien o para mal, a su imagen pública.
El mejor ejemplo, en positivo, lo tenemos al otro lado del charco. Llevamos casi una década admirando y elogiando a un afable octogenario llamado José Mujica. Su gestión como presidente de Uruguay se saldó con numerosos hitos en materia de política social que le hicieron granjearse la simpatía y el apoyo de una amplia mayoría de sus conciudadanos. Pero si su figura acabó por traspasar las fronteras del pequeño país sudamericano para convertirse en un mito de nivel mundial no fue debido a su gestión, sino a algo mucho más mundano: su casa. La humildísima vivienda en la que vivió antes, durante y después de gobernar su nación era una declaración de intenciones, un símbolo de su forma de ser que no pasó desapercibido.
Pablo Iglesias e Irene Montero han hecho su elección. Han optado por un pack: comprarse un costoso chalet y hacer frente a la tormenta dando todo tipo de explicaciones. Hoy ya conocemos la cuantía de la hipoteca y hasta el importe del recibo mensual que tendrán que pagar. Es un ejercicio de transparencia digno de elogio, pero que también viene a demostrar que no estamos ante una anécdota. Los dos dirigentes de Podemos llevan ya bastantes años en ese cruel mundo que es la política como para prever las consecuencias de sus actos. Me cuesta creer, e incluso me preocuparía porque diría muy poco de ellos, que no fueran conscientes de que estaban dando a sus enemigos un nuevo filón del que extraer material para atacarles inmisericordemente.
El hecho de que me repugne, aunque no me sorprenda, la forma en que la caverna está abordando el tema. El hecho de que me asquee que la mayor parte de las críticas lleguen desde aquellos que han saqueado y siguen saqueando este país. El hecho de que los periodistas que más claman contra “la mansión de los podemitas”, como han llegado a calificarla, sean los mismos palmeros de todas las tramas corruptas del PP. Todos estos hechos no evitan que cuestione la oportunidad política y ética de la decisión personal que han tomado estos dos líderes políticos. No tolero el “y tú más” como excusa, venga de donde venga, y no estamos ante un invento sonrojante como el que montaron en torno a la “mariscada” de Espinar o como el que organizan cuando se dan cuenta de que a la gente de izquierdas también le gusta tomarse una caña y un buen plato de jamón. Lo del chalet es lícito sí, pero, en estos momentos, no es irrelevante.
Podemos ha hecho de la austeridad una de sus señas de identidad y ha criticado con dureza el nivel de vida de políticos como Luis de Guindos que, por poco que nos guste, al menos hasta ahora no ha sido acusado de enriquecerse ilícitamente. El propio Pablo Iglesias expresó su deseo, si era posible por cuestiones de seguridad, de seguir viviendo en su humilde piso de Vallecas y no en el Palacio de la Moncloa si llegaba a ser presidente. El líder y la portavoz parlamentaria de la formación morada son los que debieron valorar, y supongo que lo habrán hecho, si su mudanza personal podía o no afectar a la credibilidad de su discurso político.
Aunque es cierto que España vive desde hace años una especie de campaña electoral permanente, ahora sí que las elecciones municipales, autonómicas y europeas están a la vuelta de la esquina. Iglesias y Montero han tomado su decisión y no se les puede criminalizar por ello. Los únicos delincuentes son los que tienen áticos de dudosa procedencia, cuentas en Suiza y cajas B. Otra cosa es que los dos máximos dirigentes de Podemos tengan que pagar un precio político porque las apariencias y las viviendas sí son relevantes. Que se lo pregunten si no al bueno de Pepe Mujica.