Chile, por qué gana el 'no' cuando todo apunta al 'sí'

El domingo pasado, horas después del plebiscito en Chile que rechazó de manera aplastante una nueva Constitución de corte progresista, el presidente colombiano, Gustavo Petro, uno de los líderes más destacados de la izquierda latinoamericana junto al mandatario chileno Gabriel Boric, escribió en su cuenta de Twitter: ‘Revivió Pinochet’. Fue la reacción de muchos chilenos y latinoamericanos que confiaban en que, después de toda el agua que ha corrido bajo el puente político del país austral, los ciudadanos votarían masivamente en favor de una carta magna moderna, en diversos aspectos revolucionaria, que enterraría para siempre la de 1980 redactada bajo la dictadura y que se mantiene vigente pese a haber sido reformada en sesenta ocasiones.

Los astros parecían conjugados para que así sucediera. Las protestas sociales de 2019 habían supuesto un punto de inflexión en la historia reciente del país y forzado al entonces presidente, el derechista Sebastián Piñera, a atender las demandas de los manifestantes. En plebiscito celebrado en octubre de 2020, los chilenos apoyaron de manera arrolladora (un 78%) el cambio de la Constitución. El siguiente paso fue la elección de una convención de 155 integrantes, paritaria, diversa y con presencia de los pueblos originarios, que redactaría la nueva Carta. La elección puso en evidencia la descomposición del viejo orden partidista: 103 de los miembros de la convención no habían participado en la política tradicional y buena parte de ellos procedía del magma de movimientos que habían confluido en el estallido social.

La convención se puso en marcha en junio de 2021. Seis meses más tarde, el izquierdista Gabriel Boric, candidato de los nuevos movimientos sociales, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el margen más amplio de la historia reciente del país. En esa segunda vuelta se le sumaron el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, formaciones del ‘viejo orden’ político. Boric asumió la presidencia el 11 de marzo pasado, en medio de grandes expectativas de cambio. Poco después, la convención constitucional culminó su trabajo y aprobó con una mayoría rotunda de 114 votos la nueva Carta.

Esta secuencia de acontecimientos parecía garantizar que Chile abriría definitivamente una nueva etapa sin la sombra perturbadora de la vieja Constitución pinochetista. Sin embargo, en el plebiscito del domingo pasado, el 62% de los votantes, una mayoría que desbordó todas las estimaciones de los analistas, rechazó el nuevo texto. Y ello con una participación sin precedentes, del 85,8%. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible semejante desastre en medio del clima más propicio para un cambio que quepa imaginar?

Achacar el resultado a un supuesto renacimiento del pinochetismo, como sostienen Petro y tantos otros, es una simplificación excesiva que, entre otras cosas, eclipsa el debate sobre los errores que se hayan podido cometer durante el proceso constituyente. Por supuesto que la derecha -sobre todo la nostálgica de la dictadura, que salió a las calles a festejar el resultado del plebiscito como si fuese una victoria propia- está de plácemes con lo sucedido el domingo. Y en Chile, la derecha sigue teniendo un peso importante. No hay que olvidar que el ultraderechista Kast ganó la primera vuelta de las elecciones, y si Boric venció en la segunda fue en gran medida gracias a los votos que le ‘prestaron’ el socialismo tradicional y la democracia cristiana para frenar a Kast. Sin embargo, el puzle político chileno tiene más piezas.

Si nos atenemos al plebiscito de octubre de 2020, ocho de cada 10 chilenos quieren cambiar la Constitución pinochetista, lo que sugiere que entre ellos hay un buen número de derechistas. Más aún, la mayoría de las encuestas realizadas en víspera de la consulta revelaban que la inmensa mayoría de los ciudadanos, en el caso de que no se aprobara la nueva Carta, eran partidarios de buscar consensos para un segundo intento o, en el peor de los casos, para introducir reformas de fondo a la Constitución de 1980. Cabe deducir, por tanto, que un buen número de chilenos que rechazaron el texto de la convención no son por ello defensores del viejo orden. En este colectivo seguramente abundan militantes de la derecha y la izquierda moderadas, pero también una bolsa inmensa de votantes sin adscripciones políticas a los que los promotores de la nueva Constitución no supieron convencer.

Los analistas han puesto sobre la mesa un abanico de causas que ayudarían a explicar la derrota del ‘apruebo’. Algunos sostienen que el radicalismo que exhibían determinados integrantes de la convención, ya fuera en sus discursos o en ‘performances’ callejeras, ahuyentó a muchos votantes. Otros destacan el rechazo que causaba a buena parte de los ciudadanos la consagración de Chile como un “estado plurinacional” en el que los pueblos originales tendrían su sistema judicial ancestral. También se ha citado la prevención de buena parte de la población hacia la propuesta sobre el aborto: la nueva Carta pretendía poner a Chile, que hoy tiene una legislación bastante conservadora en la materia, al nivel de los países europeos más vanguardistas. Uno de los artículos que mayor rechazo causaban era el que permitía la reelección inmediata del presidente de la República, pues muchos lo interpretaron como una maniobra de acumulación de poder. Algo parecido cabe decir sobre la eliminación del Senado y su sustitución por una cámara regional. Si a todo ello le sumamos una potente campaña de desinformación desde sectores de la derecha -“nos quieren expropiar”, “van a romper la unidad de Chile”, etc.- y la insufrible redacción del texto constitucional -178 páginas, con 388 artículos y 54 normas transitorias escritos en un estilo farragoso-, tenemos una mejor perspectiva para interpretar lo ocurrido.

Pero hay otro elemento importante a tener en cuenta, y es determinar en qué medida el rechazo contra la nueva Constitución encerró un voto de castigo contra el gobierno de Boric, cuya popularidad ha ido en declive, según los sondeos. Los estrategas del palacio de la Moneda tendrán que hacer esa evaluación más temprano que tarde, con el fin de definir las estrategias ante los diversos escenarios que se abren tras la derrota del domingo.

Todo parece indicar que se mantendrá el impulso constituyente, pero cabe la posibilidad de hacerlo mediante la elección de una nueva convención o a través de las cámaras legislativas. La primera opción es bastante engorrosa; la segunda puede resultar decepcionante para buena parte de los seguidores de Boric, por el hecho de que el cambio de la Constitución quedaría en manos de la detestable política tradicional. Por otra parte, el gobierno tiene instrumentos a mano para ir impulsando por vía legislativa algunas de las iniciativas que figuraban en el proyecto constitucional, entre ellas, la referente al aborto. Otra cosa es que lo consiga en un Senado y una Cámara donde la derecha tiene bastante peso.

Boric es consciente del laberinto en que se encuentra y de que tendrá que buscar consensos si quiere sacar adelante sus reformas. Deberá, en primerísimo lugar, construir alianzas con todo el espectro de la izquierda, incluyendo la moderada representada por el Partido Socialista, que mantiene con él una cordial prevención. La nueva Constitución era, en líneas generales, un buen texto. Consagraba a Chile como un Estado social y democrático de derecho, con un sistema de salud pública y educación gratuita, lo que suponía una revolución frente a la Constitución vigente, en la que el Estado se encuentra reducido a un papel subsidiario frente a la iniciativa privada. Otros artículos, también importantes, adolecían de falta de claridad en sus alcances. Por ejemplo no se precisaban los límites de la aplicación de la justicia ancestral entre los indígenas, lo que llevó a muchos a pensar que estos quedarían por fuera del sistema judicial chileno.

Lo que está ahora por ver es si el sueño constituyente, a diferencia de las estirpes macondianas condenadas a cien años de soledad, tendrá una segunda oportunidad sobre la tierra.