Todos recordamos la importancia del denominado “clan de la tortilla” en la historia política reciente de España. Doce socialistas reunidos en torno a una merendola que refundarían el PSOE y conseguirían alcanzar el poder y ser actores esenciales de las últimas décadas. El apoyo mutuo, la confianza y una estrecha camaradería política y personal en la juventud les acompañó a lo largo de todo un devenir preñado de cargos de responsabilidad. Al final, cuando la soledad del poder te rodea, tiendes a fiarte de los compañeros de pupitre aunque algunos te acaben saliendo rana. El clan de Logroño, Aznar, Botella y Blesa, fue muy significativo.
Recuerdo estos ejemplos políticos porque, a veces, algunas alianzas y compenetraciones que existen en el mundo judicial son también difíciles de entender si no se conocen los entresijos de los diversos clanes. Sí, los clanes de juristas también nos presentan a profesionales que se conocieron en un momento y un lugar determinado -normalmente durante su juventud y los inicios de su andadura profesional- y que soldaron una amistad y unas alianzas que les han acompañado a lo largo de toda su vida jurídica. Sin la comprensión del alcance de estos clanes nunca se entendería que magistrados o fiscales profundamente conservadores hayan apoyado durante toda su carrera a otros de índole progresista o a la inversa, incluso contra la opinión de sus diversas asociaciones.
Podemos citar aquí como ejemplo el “clan de San Sebastián”, formado por fiscales que se conocen en tiempos difíciles en el País Vasco cuando inician su carrera. Esas amistades que no se olvidan. En él podemos incluir como figuras más relevantes a Candido Conde-Pumpido, Javier Zaragoza y Elvira Tejada, todos ellos instalados hoy en la Plaza de la Villa de París. Nada malo en confiar en los antiguos amigos sobre todo si todos ellos son buenos juristas.
También ha tenido gran éxito el “clan de Segovia”. En él se incluyen personas que convivieron en su día en las viviendas oficiales que los cargos judiciales ocupaban en la Audiencia de Segovia. De muy distinto signo ideológico, Adolfo Prego de Oliver, Candido Conde-Pumpido y Francisco Vieira, presidente del TSJM, formaban parte de ellos. Prego dejó el Supremo y ahora es abogado pero antes de eso, los tres ocuparon también despachos en la susodicha Plaza, en la que se aglutinan los órganos más importantes del Poder Judicial en Madrid.
El “clan de León” tuvo la virtualidad de traer a Madrid a Enrique López, el magistrado promesa, que acaba de ser recusado para el Caso Gürtel por su proximidad al PP y que fue llevado al Tribunal Constitucional a hoz y coz por los populares. Las brumas del alcohol le sacaron precipitadamente de allí. A López lo trajo a Madrid Enrique Míguez, alto cargo de la APM y vocal del CGPJ, junto a Prego. Algunos clanes no son geográficos sino que proceden de una largo periplo juntos en las distintas asociaciones judiciales.
Y así. Son sólo ejemplos. Sin conocer estas relaciones no se entienden algunos apoyos y movimientos judiciales que a veces se producen. Los traigo a colación para que se entienda que existe esa mecánica de apoyo y auxilio mutuo que no es sino, podríamos decir, una consecuencia de la amistad y la confianza. Como sucedía con el “clan de la tortilla”.
Voy ahora a lo que me ocupa que es el “clan de los canarios”. Y es que el clan de los canarios se ha complicado y se ha vuelto un hervidero en el que se ha pretendido cocer viva a la jueza Rosell. El guiso se aderezaba con las inquinas de un político a un periodista y la excedencia de la magistrada para ser candidata de Podemos. Su futura ministra de Justicía, ahí es nada. En esta historia, todos son canarios, los buenos y los malos y sólo analizando esa coincidencia espacio/temporal entenderemos algo de lo que está sucediendo. A Rosell le puso una querella el entonces ministro Soria. Canario. Ex presidente del Gobierno de Canarias. Como acusación popular. Un “Manos Limpias” de la banana.
El “clan de los canarios”, como los otros, aglutina a juristas que se conocieron hace años. Eligio Hernández, “El Pollo del Pinar”, se trajo de Canarias a Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Como él mismo dijo en una entrevista: “me alegro de haber sembrado un pequeño grano.... del que ha crecido un gran jurista”. Claro que ahora el “pequeño grano” ocupa el sillón más alto entre los jueces penales de España y Eligio... Eligio es abogado. Y pleitea en su sala. Así que todo se complica, desde el punto de vista del ciudadano decente, cuando a Eligio le surge un cliente, también canario, el ministro Soria.
De modo que Eligio el abogado canario, representando al ministro canario, presenta una querella como acusación popular (es decir, sin estar concernido directamente) contra una juez canaria. La juez canaria tiene un compañero periodista canario que ha fustigado desde hace años a Soria por sus cacicadas. Lo dejamos en eso. Y la querella la tiene que admitir a trámite el “pequeño grano... ya gran magistrado” canario. El Tribunal Superior de Canarias ya ha dicho que no ha lugar y la Fiscalía del Tribunal Supremo emite informe diciendo que eso no se puede admitir. Pero el gran presidente de la Sala, canario, decide pedir informes directamente al juez que ha sustituido a Rosell. También canario y, además, portavoz que ha sido de la Asociación Profesional de la Magistratura en Canarias. La asociación a la que pertenece Marchena, el presidente canario de la Sala II, y que le ha apoyado para llegar dónde está.
El juez canario Alba, y de la APM, emite un informe y le da pié al otro canario para imputar en plena campaña a la juez canaria que, ¡ah, no se si lo hemos dicho!, ha pedido la excedencia y es candidata de....PODEMOS. Con el demonio hemos topado porque con la Iglesia no topa Marchena, que es hombre de fuertes creencias que le unen también a los clanes del Opus y los Legionarios (Michavila, Requero, Aceves), pero esa es otra historia. O es la misma. Vaya usted a saber.
Luego salen las grabaciones del juez canario aleccionando a un imputado de lo que debe decir para poder imputar a la podemita canaria. Una grabación que produce vergüenza y asco a cualquiera y más a quien tiene una sensibilidad especial para saber lo que debe ser un juez. Con esa declaración pudo actuar Marchena.
En este movido juego de conocidos hay que reseñar que esta no es la primera querella que el canario Soria intenta contra la canaria Rosell. La primera fue interpuesta y desestimada en Plaza de Castilla. En aquel momento el abogado de Soria fue Nicolás González-Cuellar. Un abogado, hijo de un prestigioso fiscal, que también ha arraigado sus negocios en Canarias. Hasta cuatro pleitos importantes llegó a llevar y cobrar del Cabildo de Gran Canaria siendo presidente Soria. Además defendió también al que era presidente de la Audiencia de Las Palmas, Jose Antonio Martín, cuando fue acusado de colaborar con narcotraficantes. Este juez, igualmente de la APM, fue finalmente exculpado por el Tribunal Supremo gracias al trabajo de González-Cuellar. Santiago Alba, desde Canarias y como portavoz de la asociación, mostró en aquel momento su satisfacción por el hecho.
Hay otros pleitos que ahora mismo González-Cuellar lleva en el Tribunal Supremo por cuenta de Soria y de los que entiende Marchena. Ambos, buenos juristas les digo, han escrito juntos un libro que explica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se pasean por España presentándolo. Van a conferencias juntos. Muchas de ellas pagadas en su día por el gobierno que presidía Soria.
¿Entienden ahora por qué insisto en que sólo la transparencia puede asegurarnos la independencia y la imparcialidad? Vamos a ver ahora que hacen los vocales de la APM y conservadores que son mayoría en el CGPJ con lo del juez Santiago Alba y con todo este monumental lío. Un lío que amenaza con salpicar al presidente de la Sala más importante de España.