Quienes se dedicaron durante cuatro años –partidos, poderes establecidos y medios de comunicación– a hostigar al gobierno municipal de los 'comuns' y de Ada Colau reclaman ahora a la alcaldesa de Barcelona que les resuelva una situación incómoda para sus intereses. La presunta ambigüedad en el tema nacional que le han reprochado sin tregua le es ahora valorada como un expediente útil para cerrar el paso a sus respectivos contrincantes. Paradojas de la política.
No es quizá el momento para entretenerse en reproches. Hay motivos para que los 'comuns' y Colau acepten esta instrumentación y, a su vez, intenten instrumentalizar a sus aliados de ocasión. Conservar la alcaldía y una posición sólida en el ejecutivo municipal le permitiría llevar adelante lo mejor de la obra de gobierno desarrollada en los últimos años y corregir lo pendiente por falta de tiempo o de experiencia. A la vez, mantener el protagonismo simbólico que comporta la alcaldía de la capital de Catalunya tendría ventajas innegables en más de un escenario. En el escenario local, daría mayor consistencia a un movimiento político que se encuentra todavía en fase de consolidación. Lo mismo puede decirse para el escenario español en el que “los ayuntamientos del cambio” han corrido peor suerte. Incluso en el escenario global, la presencia de Colau en la alcaldía reforzaría su reconocido papel internacional en el impulso de políticas capaces de contrarrestar las derivas reaccionarias que contemplamos en muchos países.
Sin embargo, este balance se hace bastante menos concluyente si se tiene en cuenta el contexto en que debe adoptarse una decisión que va más allá de su incidencia local, por importante que esta sea como lo es en el caso de Barcelona. Los demás jugadores relevantes en este tablero lo han dejado claro desde la misma noche electoral al señalar sus objetivos principales: para unos, impedir el acceso del independentismo al gobierno de la ciudad; para otros, convertir a Barcelona en la capital de la “república soñada”. Solo Colau, al reconocer que no había conseguido la clara victoria electoral que esperaba, señaló su preferencia por una opción de gobierno de izquierdas para dar a la mayoría progresista del electorado la respuesta que tenía derecho a esperar.
A primera vista, no parece difícil identificar objetivos programáticos compartidos por las tres fuerzas –ERC, BComú y PSC– que se sitúan a la izquierda del espectro político y que reúnen más del 61 por ciento de los votos y el 68 por ciento de los concejales. Podrían compartir un programa de gobierno con tres ejes principales: primero, impulso de los derechos ciudadanos en el ámbito de la vivienda, el espacio público, el transporte, el empleo de calidad y el acceso a los servicios básicos; segundo, defensa y mejora de la calidad ambiental en materia de gestión del agua y la energía, reducción de la contaminación y adaptación al cambio climático; tercero, prácticas de decisión basadas, por un lado, en la proximidad y, por el otro, en la imprescindible articulación de la realidad metropolitana.
Al mismo tiempo y con su propuesta de gobierno de izquierda, Colau intenta también desactivar la estéril e irritante dinámica de los dos frentes nacionalistas a la que una parte sustantiva de la ciudadanía no se ha dejado arrastrar. Promover esta desactivación trasciende la realidad barcelonesa y catalana, favoreciendo un marco de diálogo a escala estatal. Se reclama ahora a Colau y a los 'comuns' que renuncien a este objetivo, aceptando una opción que será interpretada como un reforzamiento de los frentes antedichos con el fin de conservar la alcaldía. En último término, un paso atrás en el camino por definir espacios de encuentro que a medio plazo permitan desbloquear la actual parálisis mediante una negociación inevitable.
Programa de gobierno progresista y contribución significativa a rehacer los tan invocados “puentes” para un diálogo posterior parecen argumentos de peso para contrarrestar vetos cruzados que se oponen a un gobierno de este tipo. Son vetos fundados en sendas desconfianzas: desconfianza sobre la capacidad de ERC para resistir el acoso permanente de su competidor directo –el PDeCAT puigdemontista– y desconfianza sobre la capacidad del PSC para mantener su autonomía frente a un PSOE cuya dirección se encuentra todavía en fase de consolidación. No son incógnitas menores.
Pero si se dan garantías explícitas de que estas formaciones intentarán salvaguardar su compromiso de gobierno municipal compartido frente a injerencias externas, la coalición a tres bandas es posible. Es lo que agradecería muy probablemente la mayoría ciudadana de Barcelona que se ha pronunciado claramente en favor de políticas progresistas y que desde hace tiempo reclama negociación y no enfrentamiento para encauzar el contencioso nacional. En todo caso, si se frustra este acuerdo sobre el gobierno municipal, no podrá achacarse la responsabilidad del desenlace a quienes desde el primer momento han propugnado una salida más constructiva para la ciudad y para el país.