La Conferencia Episcopal española carece de opinión sobre el caso del cura que drogaba y abusaba de feligresas, fue denunciado por su novia y acabó trasladado de parroquia para encubrir y silenciar sus presuntos delitos. Por boca de su portavoz, César García Magán, obispo de Toledo, hemos sabido que ese es un asunto del Obispado de Málaga y que la Conferencia no tiene nada que decir sobre un caso que no representa una anécdota terrible o un caso aislado, sino otro episodio más en un patrón de encubrimiento delictivo que la Iglesia católica española lleva repitiendo desde hace décadas en cientos de casos.
A los pederastas y violadores se les trasladaba y se les sigue trasladando de parroquia cuando hay denuncias, para que puedan seguir con su actividad depredadora entre otra feligresía desprevenida mientras se silencia, se humilla, se aísla, se desprestigia o se intenta comprar a las víctimas que van dejando a su paso, encubiertos por la curia y su poder.
La Conferencia Episcopal sí tiene, en cambio, posición clara sobre la hipotética amnistía y ha sentido la imperiosa necesidad de comunicársela al mundo. Por boca del mismo portavoz y en la misma comparecencia, hemos sabido que su eminencia considera que la amnistía es “una herramienta excepcional para momentos históricos excepcionales”, como el final de la dictadura franquista contra la que tanto luchó y se pronunció la Iglesia mientras repartía extremaunciones. En España, sostiene su eminencia, no estamos en un momento histórico excepcional que demande esa herramienta extraordinaria. La prueba era que ahí estaba Núñez Feijóo, presentándose con normalidad a su investidura en una sociedad que debe respetar la legalidad y la separación de poderes.
Al día siguiente, en una nota tan ambigua como calculada, los obispos catalanes atribuían las palabras a una posición personal, no de la Iglesia; ellos están por la “neutralidad ” porque activar el partidismo “ni es bueno, ni es nuevo”. Pero lo cierto es que la Conferencia, a día de hoy, no ha desmentido oficialmente a su portavoz.
Cuesta entender cómo casa este argumento de la excepcionalidad de la herramienta y el momento con la amnistía que el gobierno de Portugal acaba de conceder a todos los menores de 30 años con motivo de la visita del Papa y las jornadas mundiales de la juventud. Parece que la compasión y el perdón que predican no posee carácter universal sino selectivo. A lo mejor una visita del Papa es todo lo que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz necesitan para tener el apoyo entusiasta de los obispos españoles.
Aún cuesta más entender cómo una institución de por sí basada en el perdón, pero que, además, ha usado y usa de manera regular y sistemática una especie de amnistía clandestina para encubrir y proteger a cientos de sus miembros de sus responsabilidades penales por delitos sexuales, sustrayéndolos a la acción de la justicia y sin respeto alguno por la separación de poderes o la legalidad, puede considerar inapropiada e inoportuna una medida que se concedería de manera pública y por ley, sobre hechos y acciones de un carácter bastante menos amoral e indecente y donde, al menos, sabremos a quién y quién amnistía, de qué se amnistía y por qué.
Si hay una institución que lleve en su cultura organizativa aquello de que el perdón bien entendido empieza por uno mismo, ésa es la Iglesia católica española; aunque ya se sabe que sus eminencias prefieren administrarlo en la oscuridad y la reserva de los confesionarios.