Yo no estoy a favor del aborto (¿alguien lo está?), pero sí soy partidario de que el Estado desarrolle una ley que regule esta cirugía como si fuera una operación de apendicitis. Me parece bien que en España exista una norma como la que se aprobó en la pasada legislatura, aunque ni yo mismo sé si me acogería a ella. El PP en cambio, mucho más seguro que yo en tantas cosas, interpuso un recurso de inconstitucionalidad, que todavía está pendiente de resolución.
Resulta que el magistrado del Tribunal Constitucional que va a desarrollar la ponencia sobre la que se discutirá el fallo es un señor Ollero. Algunos partidarios de la ley ya aprobada por el Parlamento, algunos partidos y algunas asociaciones de magistrados consideran que el tal señor Ollero debería abstenerse porque su imparcialidad está en cuestión. Se apoyan en tres razones: que ha hecho pública varias veces su postura contraria a la ley actual, que pertenece a la organización Opus Dei y que ha militado en el PP.
De las tres alegaciones la única que me parece digna de consideración es la última, el hecho de que el Ollero haya militado precisamente en la parte que interpuso el recurso que ahora debe resolver como juez. La ideología nunca puede ser un argumento para invalidar a priori el trabajo de nadie. Es cierto que a tenor de lo que ha escrito en la prensa el tal Ollero no parece la persona más adecuada para regular la interrupción del embarazo. Pero no es eso lo que se le pide. Se le pide una valoración jurídica, se le pide que diga si la ley actual se ajusta o no a la Constitución. No tengo elementos de juicio para saber si Ollero es o no un buen profesional, es decir si es capaz o no de analizar técnicamente leyes al margen de sus ideas sobre la fecundación. more
Me pregunto si los partidarios de recusar a Ollero por sus ideas tendrían el mismo comportamiento con otro juez que hubiera expresado con idéntica claridad la posición contraria. Posiblemente no. En ese caso habría sido el PP quien habría puesto el grito en el cielo, como hizo con el juez Pérez Tremps, un magistrado seguramente tan profesional como el señor Ollero, a quien sin embargo recusó por haber participado junto a otros juristas y antes de ser magistrado del Constitucional en un estudio sobre el Estatuto de Cataluña.
El episodio en todo caso es un apasionante tema de conversación: cómo manejar la evidente influencia de la ideología en los fallos supuestamente técnicos y objetivos del poder judicial. Y apasionante sobre todo porque pone sobre la mesa asuntos menos filosóficos: la chapuza de nuestro Tribunal Constitucional o los enjuagues en la selección de sus miembros, indicios ambos (y ya son muchos) de que nuestra Constitución, elaborada a lo Pepe Gotera y Otilio en unas circunstancias de emergencia que ya no existen, necesita en este como en otros puntos una nueva redacción.