Con motivo del Día Internacional del Laicismo, la organización Europa Laica hizo público el pasado 9 de diciembre una declaración en la que quedaba reflejado el temor de las personas y organizaciones progresistas y laicas frente al ascenso de la ultraderecha, el conservadurismo y el ultracatolicismo en el marco de la Unión Europea. La influencia de estas fuerzas políticas supone un retroceso gigantesco en el reconocimiento y la aplicación de los derechos conquistados o en proceso de alcanzar, como son el de igualdad y el de libertad de conciencia. Se trata de una fecha, el 9 de diciembre, inspirada en la Ley de Separación de las Iglesias y el Estado, aprobada en Francia ese día de 1905, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU el 10 de diciembre de 1948.
Ahora más que nunca, cobra en España importancia esa declaración de Europa Laica. Ahora que los ultracatólicos que vivían en el PP (de la cuerda de Ana Botella y sus Legionarios de Cristo, o de la cuerda de los kikos) se han quitado la máscara de la falsa moderación y los espinosas y las monasterios y los ortegaesmices se han hecho un hueco (lo venía abriendo también Hazte Oír) que busca ser brecha en terrenos de enorme trascendencia, como son la educación o los privilegios de la Iglesia católica. En este sentido, en defensa de la laicidad y la libertad de conciencia que recoge y protege la Constitución, la declaración laica expresa la necesidad de denunciar y derogar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, así como los de 1992 con otras confesiones. Exigen, pues, el cumplimiento de estas medidas, dado que ambas han sido incluidas en los programas electorales de, al menos, el PSOE y Unidas Podemos, formaciones que parecen estar más cerca de llegar a gobernar juntas.
La declaración pide una escuela pública y laica, libre de peligrosos adoctrinamientos para la formación de las nuevas generaciones y que no suponga la desigualdad que fomenta la escuela católica financiada con el erario público. Parece que comenzar una nueva década del siglo XXI es el momento propicio para que una sociedad que se quiera avanzada, libre y justa, una sociedad democrática de hecho, asuma presupuestos tan básicos para el desarrollo de su convivencia. Tal y como recuerdan, ya nuestra Segunda República aprobó, también un 9 de diciembre, en 1931, una Constitución de inequívoco carácter laico, por lo que no parece históricamente sostenible que sigamos anclados en la peligrosa involución posterior. Los privilegios económicos y fiscales de la iglesia católica en España son la quintaesencia de esa involución, junto con su poder educativo. Tengamos presente que el adoctrinamiento ultracatólico significa deformar a las personas en formación, abandonar la ética de nuestro tiempo y fomentar el machismo, la homofobia, la xenofobia, la cultura que se aleja de los valores para la ciudadanía y fomenta el odio y la violencia.
El gobierno que pueda salir del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos hecho público a poco más de un día de acabar esta década debería tener muy presente para su desempeño el perfil del futuro que dibuja Europa Laica. Para que sus políticas sean feministas de verdad, para que la educación no solo no segregue por sexos sino que deje de ser sexista o para que acaben de una vez por todas, con un gobierno de izquierdas, los privilegios de la iglesia católica en un Estado que ya es aconfesional y al que conviene avanzar hacia el laicismo. Para todo ello y, por tanto, para frenar el fascismo ultracatólico que vuelve, de manera inconcebible a estas alturas de nuestra historia, como una amenaza a las libertades individuales y colectivas. Lo exige esta nueva década del siglo XXI. Y el Gobierno inminente deberá estar a la altura.