La alternativa al Poder Judicial es una justicia privada no sometida a control público (...) o, aun peor, una subordinada al Ejecutivo que ya conocimos en el pasado
Yo tampoco voté hace 45 años la Constitución vigente, pero al menos la entiendo. Quiero decir que comprendo el sistema que emana de ella, cosa que, me van a perdonar, una minoría de la población española puede afirmar. Si yo estuviera equivocada, si la conocieran y además la comprendieran, no sería posible oír cosas que oímos ni cabría en cabeza humana pretender hacer pasar por adecuado al sistema lo que es totalmente espurio y anormal.
Entiendo el Estado de derecho emanado de la Constitución, pero no sólo. También comprendo las maniobras iniciadas hace años para desprestigiar, anular y desgajar de la aprobación del pueblo a los contrapesos diseñados en ella y a los intermediarios necesarios para asegurar que los individuos pueden acceder y reclamar los derechos contenidos en la misma. Nadie puede ser sujeto efectivo del derecho a la salud, a la información, a la educación, a la justicia y a tantos otros si no es a través de las personas, organismos y los poderes diseñados para ello. Esa intermediación es la que está siendo socavada conscientemente –minando la confianza popular en todos los periodistas, todos los jueces, todos los abogados, todos los médicos, todos los profesores...– para lograr así deslegitimar a todo el sistema democrático que sin su concurso deviene impracticable.
Entiendo también los toques de silbato para ordenar el pelotón. Los oigo, aunque no los escuche. Yo, que llevo años pacientemente señalando con el dedo y con nombres y apellidos a los jueces y magistrados que cometen errores o que se exceden o que hacen política cuando no deben, yo tengo que salir hoy a defender a los jueces en general y al Poder Judicial de un ataque conjunto, indiscriminado y reglado para minar su credibilidad y la de los ciudadanos en el sistema. Hoy, que proliferan tantos que afirman sin rebozo cosas perfectamente discutibles sobre todos los jueces en general, gentes que en los últimos treinta años no se han dignado leer una sentencia, seguir una secuencia procesal, analizar la pertinencia de una resolución concreta, hoy toca salir a la palestra a manifestar que si uno puede señalar defectos concretos es porque la gran mayoría de los magistrados cumple su papel constitucional y porque es posible diferenciar a los que lo hacen bien de los que lo hacen mal. Son menos los que lo hacen mal. Son perfectamente identificables los que se dejan seducir por el poder. Conocemos su nombre y sus apellidos y las causas concretas en las que pecan. Hay que tener el arrojo de nombrarlos y de exponer las razones concretas y que estas, además, sean defendibles y pertinentes. Hay que utilizar los medios contenidos en el sistema para evitar que sigan haciéndolo. Lo demás es poner a los pies de los caballos un pilar democrático sin el que es absolutamente imposible salir adelante.
Lamento profundamente que un conjunto de profesionales hayamos dedicado tanto tiempo a prepararnos para discernir entre lo bien hecho y lo mal hecho cuando era tan sencillo desacreditarlo todo con una fórmula mágica: son franquistas, niños de papá, hijos de sagas, machistas, conservadores, opusinos, politizados y enajenados del mundo en que viven. Dicho así puedo afirmar que es perfectamente incorrecto. No son ni más franquistas ni mas niños de papá ni hijos de saga ni machistas ni opusinos..., en general, que pueda serlo el conjunto de periodistas, de políticos, de abogados, de profesores o de médicos. Los jueces no son revolucionarios, si es eso lo que buscan, como no lo es nadie cuya profesión esté llamada a hacer respetar el orden y la ley. Fíjense, ni los más rojos de entre ellos saltan nunca sobre esa configuración de su mente que les lleva a hacer respetar los marcos del sistema. Ahora bien, eso es bueno, se mire desde donde se mire. Eso precisamente hará que por muy poco que les guste una ley –del sí es sí, de amnistía o de lo que gusten– sólo pueden utilizar contra ella los mecanismos del propio sistema y después la aplicarán. Por eso les reclamo también la contención y la prudencia de no excederse de ese papel haciéndose visibles como actores políticos o de opinión pública. Esas actitudes no sólo no ayudan, sino que les perjudican a ellos y al Estado de derecho, por más que se vendan como valentía. Señores magistrados, les quiero presentando prejudiciales si lo estiman y no con las togas delante de los tribunales protestando. Ese es su papel en el sistema.
Lloro y me agito cuando veo no ya a los partidos que claramente se han mostrado siempre contrarios a la Constitución actual, sino al propio PSOE saltar sobre esos límites. Me da rabia, una inmensa rabia, mucha más que cuando lo hace el PP, que tampoco se ha quedado atrás. ¿Cómo puede salir una portavoz del Consejo de Ministros a cuestionar que los tribunales puedan ejercer un control legal sobre los actos de nombramiento del Gobierno? ¿Cómo pueden pervertir la percepción de los ciudadanos sobre la necesidad de limitar la discrecionalidad del poder? El Gobierno puede nombrar al presidente del Consejo de Estado y es obvio que hay centenares de juristas que cumplen los requisitos y que además son afines y si me apuran fans de Sánchez. ¿Por qué nombrar a una persona que ni siquiera puede ser llamada en puridad jurista porque jamás ha ejercido y trabajado como tal? Alegría, si es la primera vez es porque es la primera vez que se ha ido tan lejos en el incumplimiento de la norma y, segundo, eso no sólo no vulnera la separación de poderes sino que es una prueba de su existencia. Creo que la portavoz no votó la Constitución pero no sé si la entiende.
Colocar a los propios es común a la partitocracia, pero, ¿por qué justo ahí? ¿No podían mandarla de embajadora ante la ONU, por ejemplo? Es buena noticia que la sociedad civil pueda acudir a los tribunales a controlar estos excesos. Más control del poder es más democracia, y a la inversa. ¿Cómo entonces hay tantas voces dispuestas a confundir diciendo lo contrario? ¿Cómo tantas que se prestan a pretender que la “soberanía popular” está por encima de cualquier control? Las Cortes, en las que reside la soberanía nacional, pueden hacer las leyes y cambiarlas todo lo que les den las mayorías pero siempre y cuando no rebasen el marco legal al que también se deben. Luego ellos mismos deben cumplirlas. Ese es el sistema que nos protege a todos. Y no olviden que cualquier transgresión que defiendan con fruición para su partido, deben entenderla aceptable igualmente para el que más odien. No queda otra.
Es un profundo error político y democrático comenzar desde otros poderes una lucha abierta contra el Poder Judicial, que no es un poder colegiado sino difuso y encarnado en cada uno de los jueces y magistrados. Es un profundo error de consecuencias incalculables deslegitimar de forma global al Poder Judicial –que para nada está residenciado en el Consejo– y es absolutamente irresponsable que autoridades y representantes de los ciudadanos toquen a rebato para ello. Por eso, yo que llevo años incomodando por señalar como mosca cojonera los defectos del sistema y los defectos de jueces concretos dentro del mismo, tengo que decirles que me opongo a este señalamiento masivo y a este intento de deslegitimación global, como me opongo a la transformación soterrada y oculta del sistema constitucional.
Y a los jueces, que los hay, que se han constituido en resistencia política hay que señalarlos, con nombres y apellidos, y argumentar técnica y sistemáticamente por qué actúan mal y exigir que sus propios compañeros los señalen y que si son llevados ante su jurisdicción los aparten como abusadores del sistema. Yo lo he hecho y lo haré, pero no voy a apoyar ninguna descalificación grosera, interesada y global del Poder Judicial. No voy a contribuir a suicidar el sistema en el que he crecido y vivido en total libertad. Allá cada uno.