En el año 2000 se reunieron en Bangalore (India) juristas de todo el mundo por invitación del Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito preocupados por la falta de confianza en la justicia de la ciudadanía que veía sus sistemas como corruptos y parciales. En el preámbulo de la declaración de Bangalore se decía que la “fuente real del poder judicial es la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral e integridad del poder judicial”. En España, gracias al proceder de muchos jueces, una parte importante de la población progresista ha perdido la confianza en la justicia o la ve con recelo. La culpa de ello la tienen jueces como Manuel García Castellón.
En derecho existen dos principios que funcionan como principios rectores para que exista una relación creíble entre la ciudadanía y la administración pública, que incluye a la justicia. Uno de ellos es el principio de confianza legítima, por el cual las autoridades encargadas de impartir justicia y los particulares que poseen la soberanía popular deben respetar los compromisos adquiridos y no defraudar la confianza debida que recae sobre sus atribuciones. Otro de esos principios es el principio de buena fe, que según Eduard Couture se refiere a “la calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón”. Dos principios rectores del derecho que al juez Manuel García Castellón se le han olvidado en su actuación procesal contra Podemos y hacen imposible tener confianza en la justicia española.
El tiempo pasa muy rápido y puede que ya no se acuerden de que Manuel García Castellón era el juez que Ignacio González quería en la Audiencia Nacional. Para ello tramó con Eduardo Zaplana y fue conocido gracias a unas conversaciones interceptadas durante la Operación Lezo para que dejara su plaza en servicios especiales, en la que llevaba más 17 años de juez de enlace en Francia e Italia, y volviera a su plaza en la Audiencia Nacional. Esa plaza desde donde ha realizado una persecución prospectiva y vergonzante contra todo lo que pueda vincularse con Podemos.
En esa conversación con Ignacio González se habló de tres movimientos: traer a Manuel García Castellón de vuelta a su plaza en la Audiencia Nacional y apartar a Eloy Velasco de la investigación ascendiéndolo a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y nombrar de Fiscal Jefe Anticorrupción a Manuel Moix. Casualmente esos tres movimientos se produjeron. Por lo que fuera. Solucionado. Manuel García Castellón sería entonces quien juzgara Púnica, Lezo, el “Caso Villarejo” y Kitchen. También el que iniciaría una cacería tan burda contra Podemos a la que han tenido que poner coto en varias ocasiones instancias superiores.
Manuel García Castellón llegó a la plaza en la Audiencia Nacional en 1993, después de que Baltasar Garzón fichara por el PSOE, y entre sus casos más recordados antes de ser nombrado juez de enlace en Francia está la intervención administrativa al Atletico de Madrid, las primeras pesquisas sobre la investigación contra Pinochet, el “Caso Marey” de los GAL o el caso Banesto contra Mario Conde. Qué diría aquel juez de este en el que se ha convertido que hasta Manuel Vázquez Montalbán le mandó un encendido elogio: “Garzón y García Castellón reconstruyen el sentido común ético frente a la razón de Estado e inquietan a torturadores y asesinos vigentes o futuros”. García Castellón fue el titular del Juzgado 6 de la Audiencia Nacional desde su creación, de hecho se creó tras las peleas que Manuel Garcia Castellón tenía como auxiliar del titular del número 3, Manuel Moreira. Pero el juez es otro tras volver de 17 años de trabajo en Francia e Italia.
Manuel García Castellón apuntó a caza mayor buscando la imputación de Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno. El caso de la tarjeta SIM de Dina Bousselham fue uno de los procesos más escandalosos que se han visto en los últimos años y solo el control del PP del Consejo General del Poder Judicial ha evitado que este juez fuera condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial. Las maniobras de García Castellón para tumbar el gobierno no se hicieron de manera oculta. Su objetivo fue lograr una imputación, aún sabiendo de que la acusación tenía pocos visos de prosperar, para que se hiciera insostenible su presencia en el gobierno. En primer lugar, el juez retiró la condición de perjudicado del caso a Pablo Iglesias en una maniobra que le señalaba como responsable de haberse inventado una conspiración para presentarse como víctima y fue censurada por la propia sala de lo penal de la Audiencia Nacional rectificando la decisión de Garcia Castellón y devolviendo la condición de perjudicado al entonces vicepresidente del Gobierno. Pero García Castellón no se iba a detener y, sin apoyo de la Fiscalía, elevó una petición al Tribunal Supremo para conseguir una imputación que, por lógica consecuencia, lograra sacar del gobierno a Pablo Iglesias. La acusación fue tan endeble que no pudo sustentarla el Tribunal Supremo y le respondió que no había ningún indicio, ni prueba ni mera sospecha que permitiera incidir responsabilidad de Pablo Iglesias en los hechos que García Castellón le imputaba. El acto del juez fue tan escandaloso que el propio Tribunal Supremo lo acusó de no haber realizado las pruebas necesarias para conocer los hechos antes de buscar la imputación del entonces vicepresidente.
En el colmo del cinismo del magistrado, Manuel García Castellón elevó un escrito a Carlos Lesmes pidiendo amparo por la campaña de persecución y descrédito que se había vertido contra él por acusarlo de montar una campaña política al margen de la realidad jurídica. Como si no hubiera hechos jurídicos demostrables que dejaran claro de forma diáfana que sus actuaciones tenían mucho más de político que de judicial. Una opinión que cualquier persona puede tener viendo la actuación del juez antipodemos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional advirtió a García Castellón de que se estaba excediendo en la investigación a Podemos por financiación ilegal a raíz de las declaraciones del “Pollo” Carvajal. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, calificó la investigación de Manuel García Castellón de “extremadamente prospectiva”. Eso ocurrió el 22 de junio pasado, pero esta semana ha iniciado una nueva investigación contra Juan Carlos Monedero basándose en las declaraciones del exmilitar chavista Hugo “El Pollo” Carvajal para evitar ser extraditado a EEUU. García Castellón no tiene límites y lo ha demostrado.
Estos días se ha conocido el archivo de una de las causas más infames que se recuerdan. La del caso niñera, que esta vez no tenía como protagonista a Manuel García Castellón, pero que es de obligada mención al hablar del lawfare contra Podemos. Gara Santana y Teresa Arévalo habían sido imputadas por haber cogido en brazos a la hija de Irene Montero. El “caso niñera” lo llamaban. Las que fueran asesoras de Podemos estaban imputadas porque se las acusaba de desvío de fondos públicos por haber cuidado de la hija de una amiga siendo asesoras. Da igual que ellas dijeran que cuidaban a la hija de su amiga por decisión propia, porque querían, porque es su amiga. La cacería judicial contra Podemos llegó al extremo de tener a dos mujeres imputadas por acunar a un bebé.
Porque el problema no es solo Manuel García Castellón. Es un problema de primer orden democrático que se usen las instituciones judiciales para estas persecuciones políticas, dado que se trata de un poder del Estado sobre el que la ciudadanía no tiene ningún control. No hay nada que podamos hacer para remover jueces, elegir a otros o defendernos de sus abusos. Somos seres indefensos ante la actuación extrajudicial de quienes se creen por encima del bien y del mal, porque solo otros jueces pueden decidir sobre su cometido y el corporativismo los hará defenderse siempre cuando se trata de sus abusos contra ideas políticas diferentes a las que son mayoritarias en la carrera judicial. En el año 2004 en el informe al 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, el nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Dr. Leandro Despouy, declaró: “la falta de confianza en la justicia es un auténtico veneno para la democracia […] En este contexto, las normas de la deontológica judicial revisten importancia de primer orden. Como subraya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los jueces no solo deben satisfacer criterios objetivos de imparcialidad, sino que además debe verse que son imparciales; la cuestión de fondo es la confianza que deben inspirar los tribunales a las personas que recurren a ellos en una sociedad democrática”. No hay sistema democrático que aguante a una casta de soberbios utilizando su poder de forma sectaria para decidir qué es el bien por encima de la justicia. Manuel García Castellón representó una vez lo que la justicia emana de su propio nombre, es triste verlo convertido en un activista que tiene como fin último poner sus ideas políticas al servicio de su toga.