Lo que Vox llama el 'pin' en las escuelas es otro 'pin, pan, pun' reaccionario para ir contra nuestros derechos y libertades, señalando a los más débiles, que son los niños. Ha costado muchos años y esfuerzos avanzar para tener una enseñanza pública, donde los chavales puedan hablar con normalidad de que hay niños que pueden tener deseos sexuales por otros niños o por otras niñas. Para educar en esa diversidad y en esa convivencia no hay que pedir permiso a los padres. Simplemente, hay que tener categoría humana, no deseos de hacer política rastrera con ello.
Un niño o una niña van a ser homosexuales, lesbianas o bisexuales por más que en Vox se empeñaran en lo contrario. Los gustos, orientaciones o condiciones sexuales de los chavales no los decide la extrema derecha. En los últimos tiempos, hemos visto a sus dirigentes, como Rocío Monasterio, llevarse las manos a la cabeza como si las charlas en los colegios condicionaran la orientación sexual: “A nuestros niños se les obliga a cursillos donde dicen que tienen que probar a ser niña y probar nuevas prácticas sexuales”. Esto, además de ser mentira, es una estupidez: uno no es homosexual por haber ido a un cursillo.
No hace falta ser arquitecto, aunque se haya ejercido sin el título, para saber que un curso que explique la diversidad sexual a un niño no le incita a la “zoofilia”, ni a ser lascivo, picaflor o chorradas varias que tenemos que oír. Ni esos talleres son así, ni determinan orientaciones o conductas. En Vox consideran que, ante la posibilidad de que los hijos puedan ser “adoctrinados”, los centros educativos deben pedir autorización a los padres, por si la charla complementaria en horario de clase es “contraria a las convicciones” del progenitor. Como si un hijo de un padre facha, homófobo y machista no tuviera derecho a ser educado en derechos humanos, libertad, diversidad y convivencia.
Que el Gobierno murciano del Partido Popular y Ciudadanos acepte estas exigencias de Vox es un retroceso más. Empezaron ordenando a los centros educativos que pidan esas autorizaciones de los padres y, ahora, la extrema derecha lo ha exigido por norma para aprobar los Presupuestos. PP y Cs ceden. Resulta que llevan semanas diciendo que se rompe España, pero rompen así derechos sociales conquistados. La Educación pública en la diversidad es uno de ellos. Tanto tiempo hablando de quién es más “constitucionalista” y olvidan que la Constitución consagra el respeto a esta enseñanza. Avalada, por cierto, por normas que deberían cumplir, de orden estatal y autonómico, tanto que hablan de obediencia a las leyes.
Lo dice también el catecismo: amen al prójimo. Si hemos superado aquello de que la mujer procede de una costilla del hombre, cómo no poder explicar en clase que hay hombres que aman a otros hombres. Intereses ultracatólicos, de orden ideológica y económica, no lo olviden, intentan que retrocedamos en derechos conquistados. Si hay partidos a su servicio, deberá haber normas y fortaleza democrática para defender avances que, de haberlos dejado en manos de determinada carcundia, habrían hecho de España un país sin leyes del divorcio, del aborto, del matrimonio homosexual o de la igualdad. Por eso, ahora: ni un paso atrás.