Hace un año, el Grupo PRÒLEG publicó una declaración reclamando a los partidos y formaciones políticas la supresión de la aplicación del artículo 155, la retirada de las actuaciones penales contra dirigentes políticos y representantes de entidades ciudadanas y, finalmente, la convocatoria de un referéndum pactado que permitiera a la sociedad catalana manifestar sus preferencias sobre las futuras relaciones entre Cataluña y el Estado.
Pensábamos que si se cumplían dichas condiciones se iniciaría una nueva etapa que contribuiría al progreso social, económico y cultural del país. Ha transcurrido un año. Ha cesado la aplicación del 155, han cambiado los gobiernos del Estado y de la Generalitat y se han restablecido los contactos regulares entre los dos Ejecutivos.
Pero siguen el encarcelamiento y la persecución penal de los dirigentes políticos y ciudadanos y está a punto de arrancar un juicio oral por rebelión que no encaja con la forma con que se tratan los conflictos políticos en la Europa comunitaria. Nuestra opinión rechaza claramente el encarcelamiento de los procesados y el tratamiento penal que se les aplica. Cuando se abra el juicio oral, se producirá además un incremento de la tensión política porque una gran mayoría de la opinión catalana lo interpretará como un error o como una venganza.
Por otra parte, mientras que el actual Gobierno del Estado ha reconocido errores gravísimos de su antecesor en el tratamiento de la cuestión y ha procurado enmendar algunos de sus efectos, el nuevo Govern de la Generalitat combina justificadas reclamaciones de diálogo con el Gobierno estatal con declaraciones que pasan por alto la responsabilidad de las equivocadas estrategias partidarias que condujeron a su fracaso e ignoran los graves daños que provocaron en la sociedad catalana.
Creemos que -si no se abandonan las visiones poco realistas que se empecinan en ignorar aquel fracaso y sus consecuencias- tardará más tiempo en llegar el restablecimiento de condiciones institucionales adecuadas para explorar alguna fórmula viable para superar el actual callejón salida. Este retraso será muy perjudicial para abordar de manera constructiva los cambios sociales, económicos y culturales que experimentan todas las sociedades europeas cuyos costes son más elevados para sus sectores más vulnerables.
Durante la etapa larga y compleja que nos aguarda, no desaparecerán las discrepancias políticas que reflejan la pluralidad de una sociedad como la nuestra. Por esta razón, reclamamos a quienes ocupan posiciones de autoridad institucional en el Estado y en la Generalitat una actuación rigurosa en la defensa del derecho de todos a mantener sus posiciones políticas, asegurando a la vez que el ejercicio de este derecho respete siempre el derecho de quienes no comparten las mismas opiniones y posiciones.
Se insiste a menudo en que la sociedad catalana se ha dividido en dos mitades. Y es cierto que padecemos tensiones que no habíamos conocido en épocas recientes. Pero nos parece asimismo que hablar de una división en dos mitades es una visión simplificada, a veces interesada, que no ayuda a comprender cabalmente lo que está ocurriendo. Las divisiones de la sociedad catalana dependen de factores diversos y no se condensan en una sola.
En todo caso, tenemos conciencia del riesgo de una polarización de posiciones que algunos contemplan con justificada alarma y otros parecen profetizar con extraña satisfacción. La consolidación de una polarización haría más difícil el futuro establecimiento de un diálogo político.
Por fortuna, sabemos de la existencia de grupos y entidades de carácter asociativo que mantienen vigentes los valores de cooperación y solidaridad en defensa de causas de interés común. En el mundo laboral, cultural, educativo, del cooperativismo, economía solidaria o del “tercer sector”, abundan las organizaciones que siguen trabajando en sus respectivos ámbitos. Constituyen la garantía de que el tejido social en Cataluña conserva su solidez, más allá de las discrepancias políticas por intensas que sean. Creemos muy necesario apoyar a este entramado social por lo que significa en sí mismo y por el papel constructivo que puede jugar en momentos difíciles como el actual. Resaltar su valor puede protegerlos de la contaminación partidista que le perjudicaría y le restaría potencial.
Toda sociedad democrática acepta sus discrepancias internas, pero evita convertirlas en barricadas insuperables y las somete a la competencia de los argumentos. Una sociedad pierde calidad democrática cuando estas discrepancias se convierten en descalificación del discrepante o incluso en la negación de su existencia. Esta perversa deriva es la que es menester evitar.
La gran mayoría de la ciudadanía catalana aspira a que los problemas planteados se resuelvan de manera democrática y quiere ante todo preservar la convivencia civil. Para conseguirlo, PRÒLEG considera la existencia de tres cuestiones prioritarias:
-La puesta en libertad de los presos, cuya situación resulta difícilmente justificable en términos legales y constituye un obstáculo de primer orden para una solución política del conflicto;
-El fomento de espacios de diálogo entre instituciones y fuerzas políticas, dentro y fuera de Cataluña, para explorar la viabilidad de una salida negociada que, llegado el momento, pueda ser refrendada por el pueblo catalán.
-El apoyo a las entidades y asociaciones que en ámbitos diferentes de la sociedad luchan en Cataluña por el progreso social y la solidaridad ciudadana y constituyen por ello una garantía de su cohesión.
El Grup Pròleg está formado por Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Laia Bonet, Joan Botella, Victòria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Gemma Lienas, Pilar Malla, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Argelia Queralt, Lluís Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats, Josep M. Vallès.