Se acordarán. Todos los días a las ocho salíamos a ventanas y balcones a aplaudir los sanitarios durante la primera ola para darles las gracias por tanta entrega, profesionalidad y máximo sacrificio personal. Mientras nos convertíamos en el país de Europa con más sanitarios contagiados y caídos, todos los gobiernos y gobernantes, los unos y los otros, los de aquí y los de allí, prometieron una y otra vez que aquellos aplausos valían dinero, eran partidas presupuestarias inmediatas para reforzar nuestro sistema sanitario y no volver a dejarlos expuestos e indefensos en primera línea. Veamos qué tal nos ha ido.
Lo primero es aclarar que no resulta tarea fácil averiguar si tanta promesa hecha sobre la memoria de los muertos se ha cumplido. A la propaganda y la fanfarria que habían acompañado los anuncios de contrataciones instantáneas de miles de sanitarios y rastreadores o incrementos millonarios de la inversión en sanidad le ha sucedido la opacidad, cuando no la confusión deliberada, entre datos, conceptos y partidas, para convertir en una tarea casi homérica determinar qué se ha cumplido realmente. Sabemos poco y lo poco que conocemos no invita al optimismo.
Sabemos, por ejemplo, que somos el país de nuestro entorno que menos recursos está dedicando a la gestión directa de la pandemia, poco más de un 3,6% del PIB, muy por debajo lo que han comprometido Alemania (14%), Francia (6,2%) o Italia (5,1%) –datos del informe FMI Policies for recovery, octubre 2020–. Aunque la capacidad de gestión de los gobernantes españoles resulta legendaria, se antoja un milagro la posibilidad de que, con menos recursos, estén logrando satisfacer la promesa que esos mismos países reconocen incumplir. Sabemos también que los médicos especialistas están en huelga todos los martes para protestar por sus condiciones de trabajo, o que el personal del sistema de atención primaria se queja a diario de no disponer de los recursos suficientes y hallarse al borde del colapso. Sabemos que hemos doblado el número de rastreadores de la primera ola en octubre, cuando ya la segunda ola se nos echaba encima. Es la historia de nuestra gestión de la pandemia, siempre vamos un par de semanas por detrás del virus.
No parece ni de lejos que podamos dar por cumplidas las promesas de inversión sanitaria. Incluso con los sanitarios contratados con la pandemia, en la mayoría de los casos solo por meses, en precario y sin llegar siquiera a los 50.000 prometidos, estamos muy lejos de la media europea en médicos de primaria (76,5 frente a 123,4 por 100.000 habitantes, datos de Eurostat) o en enfermeras (520 frente a 840 por 100.000 habitantes, datos de Eurostat). El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado 3.000 millones más para sanidad en los nuevos presupuestos, pero la mayoría serán para la vacuna que aún no existe, no para los déficits del sistema sanitario que ya existen.
Otros datos más locales aportan evidencias de incumplimientos. En Catalunya buscan desesperadamente personal para sus hospitales y el maltrato recibido históricamente por ese mismo personal, según reconocen gestores y portavoces profesionales, se encuentra en la raíz de la dificultad para encontrarlo. En Madrid, Díaz Ayuso va a inaugurar un hospital que nadie sabe qué personal va a tener y si le preguntas a ella, responde que una presidenta no está para esas cosas. En Galicia, los universitarios citados al cribado masivo de la Xunta se encuentran que los estudiantes de enfermería, que están haciendo los test en vez de sus prácticas, les piden ayuda para denunciar su situación (#prácticasdignas). Otra realidad que se encuentran es que los resultados de las pruebas desmienten la demonización de los estudiantes emprendida con entusiasmo, entre otros, por Núñez Feijóo, el epidemiólogo en jefe, o el siempre servicial alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, quienes, mientras señalan con el dedo, se evitan explicar su propia gestión.
No son los únicos. Mientras nos hablan de restricciones y nos señalan con el dedo, muchos se ahorran dar explicaciones sobre su decisión de no gastar todo lo prometido en aquello que prometieron. Llevamos semanas convirtiendo el problema sanitario en un problema jurídico. Ahora van a ver si tratamos el drama sanitario como un tráiler de acción y orden público, gracias a una derecha extrema que ha encontrado otra etiqueta –negacionista– donde esconderse, los medios que se la compran para usarlos como prueba en favor de sus tesis sobre las maldades del gobierno Sánchez y unos cuantos gobernantes aliviados por hablar de contenedores quemados en lugar de médicos contratados. Parece el momento perfecto para, con educación y sin perder la compostura, preguntar qué fue del dinero que prometieron por nuestros aplausos y hacerlo hasta obtener una respuesta.