Lo peor no es cometer un error,
sino tratar de justificarlo, en vez de
aprovecharlo como aviso providencial
de nuestra ligereza o ignorancia.
Santiago Ramón y Cajal
Muchos ciudadanos nos cuestionamos hace dos meses la decisión (exclusivamente) política de repatriar a territorio español a los misioneros infectados por Ébola.
El Gobierno tomó esa decisión haciendo caso omiso a las diferentes alternativas que se sugirieron desde el ámbito profesional sanitario. Una de ellas fue la de intervenir en el territorio de origen con los mismos medios empleados aquí. Incluso se preguntó en el Parlamento sobre el montante económico que hubiera supuesto llevar a cabo este plan sin ninguna respuesta por parte del Gobierno. De esta forma, los dos misioneros afectados hubieran recibido el mismo trato que en España con resultados similares y podrían haberse mejorado tanto las condiciones de la población próxima como la de los profesionales sanitarios que quedaron en Monrovia y Sierra Leona.
Pero no fue así. La decisión (exclusivamente) política que se tomó ha tenido las consecuencias que más temíamos. La realidad vuelve a ir por delante. Ahora de nada sirve el obvio comentario de “ya lo dijimos, ya lo advertimos” cuando una compañera auxiliar de enfermería que atendió a los expatriados se encuentra infectada de ébola. Y eso después de que el 1 de octubre pasado se generara una alarma en el CIE de Madrid sobre otro posible caso de ébola que obligó a precintar las instalaciones con todo el personal en el interior (policías, personal de apoyo e internos) hasta conocer el resultado de los análisis de un interno enfermo. Afortunadamente, el resultado fue negativo, pero, ¿y si hubiera sido positivo, teniendo en cuenta que en ese momento en el CIE había más de 150 personas?
Todo ello obliga a un segundo nivel de reflexión:
1. Las extradiciones de los enfermos de ébola no se decidieron por un criterio médico mínimamente consensuado ni respaldado por ningún grupo técnico acreditado de solvencia. Se realizaron eludiendo cualquier sugerencia u opinión profesional. Además, supusieron cuantiosos medios económicos. Esto evidencia que fundamentalmente la decisión parece haber sido tomada por un partido político determinado, con responsabilidades de gobierno y de administración de medios que deberían estar centradas en los resultados y las consecuencias políticas de sus actos.
2. El hecho de que se tome una decisión para un problema sanitario sin un respaldo técnico consensuado, sólo puede explicarse en clave política. Las decisiones que se han tomado persiguen un interés unilateral, esto es, de unos pocos narcisistas con crédito político suficiente como para creerse omnipotentes y tomar decisiones que ponen en riesgo a toda la población sin haber tenido en cuenta las consecuencias.
3. Las acciones e intervenciones de los políticos, al igual que las técnicas (médicos, arquitectos, ingenieros, etc.) deberían estar sometidas a la evaluación y al control de impacto. En este caso, no deberían obviarse las responsabilidades de las consecuencias de las decisiones que tomaron tanto la Ministra, como el Presidente y el Consejero de Sanidad de Madrid y otros altos cargos sanitarios.
Un reflejo de esta falta de control es la puesta en marcha de un Gabinete de Crisis del día 6 de octubre, después de conocerse el resultado positivo en la auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III, gabinete que, sin embargo, no se creó después de haberse precintado el CIE de Madrid durante horas (reteniendo a toda la policía de turno de noche hasta el día siguiente), ni cuando el país se encontraba en ascuas durante el proceso de traslado de los misioneros (según publicó eldiario.es, la Sra. Ministra se encontraba en Cádiz de vacaciones y, después de la llegada del primer misionero enfermo, continuó de vacaciones allí).
4. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de la que se hace cargo un gobierno? ¿Cómo debe responder un alto cargo por tomar decisiones de manera exclusivamente unilateral?
Existen antecedentes de dimisión y procesamiento judicial de altos cargos y ministros de sanidad en países de nuestro entono democrático por casos equivalentes: el caso de la sangre contaminada con VIH en Francia supuso el procesamiento de un exjefe de Gobierno; en el escándalo Mediator, dimitió el jefe de la Salud Pública después de que estableciera la relación entre el medicamento y la muerte de ciudadanos. Y otros más.
5. ¿No sería necesario, tal y como plantean desde hace tiempo foros profesionales internacionales, una Oficina Independiente de Evaluación continua de Políticas Sanitarias y Sociales, que funcionara como agencia de protección de la población frente a las actuaciones políticas no imparciales y los intereses industriales? Una Oficina que entre otros cometidos, analizaría las decisiones gubernamentales con el fin de comunicar a la población de forma periódica su incidencia en la salud pública y su bienestar.
6. Ante la escalada de acontecimientos, ¿qué medidas realistas está tomando el Gobierno?
¿Van a permanecer los CIE abiertos con el potencial riesgo que pudieran tener por su hacinamiento en población recién llegada de los países afectados? Por no considerar, incluso, su impacto más amplio desde la Salud Pública y el cuestionamiento de los Derechos Humanos que supone el despropósito de su existencia.
¿Seguirá mirando hacia otro lado ante los potenciales casos de ébola? Concretamente, en el de la auxiliar de enfermería contagiada en el Hospital Carlos III/La Paz (por cierto, hospital de referencia de casos) el aislamiento fue claramente deficitario (parapeto de biombos, sábanas y vallas de obra en salas de urgencias no acondicionadas).
Las informaciones disponibles hasta el momento nos hablan de cursillos exprés de formación (¡15 minutos de formación!) para personal que debe utilizar trajes de aislamiento, habilitación de un laboratorio en tiempo récord (¿con los controles pertinentes?), ausencia de registro de trabajadores expuestos que trabajaron con los expatriados, falta de difusión y conocimiento de los protocolos general y específico del Centro sobre manejo de la infección, etc.
¿Es ésta la “activación del protocolo de actuación” y el “está todo controlado” de los que habló la ministra en la rueda de prensa del 6 de octubre?
Para no dejar dudas sobre el despropósito general, en una nota de prensa del 23/09/14, el Ministerio de Sanidad ofrecía “su colaboración y experiencia a la UE para elaborar los protocolos de repatriación de afectados por el virus ébola”.
7. La responsabilidad política del equipo gubernamental se da por descontado. Su responsabilidad civil es evidente. La responsabilidad penal quedará a la espera de saber qué pasa con la evaluación de los supuestos protocolos de actuación, su implementación y los posibles fallos que se han podido cometer.
En cualquier caso, nuestro país tiene a bien ser el primero en Occidente donde personal sanitario ha sido contagiado trabajando bajo la supuesta aplicación de un protocolo de aplicación internacional estricto.
Echando la vista atrás y tomando las crisis más importantes a las que ha tenido que hacer frente el partido político que hoy nos gobierna, parece que todas ellas tienen el mismo eco, la misma forma de gestión, el mismo tipo de negligencias, los mismos narcisismos, omnipotencias y temeridades que hubo en la gestión del 11-M, la crisis del Prestige, con el Yak42, en el Madrid Arena, durante el proceso de privatizaciones de la Sanidad, en el Metro de Valencia o en el accidente de tren de Santiago de Compostela.
Muchos de los profesionales que trabajamos en el ámbito de lo público, a pie de obra de la realidad nacional e internacional, sabemos y documentamos reiteradamente que es posible hacer las cosas de forma diferente, que los proyectos de intervención de gobierno en el ámbito público, y más concretamente a nivel social, sanitario y educativo, pueden “ser para muchos y tal vez todos, con el menor sufrimiento colectivo”, porque en definitiva ningún dolor nos es ajeno.