El 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la Violencia de Género, nuestro Gobierno quiso llegar más lejos aprobando la Declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Declaración pasó bastante inadvertida, dado que coincidió con unas polémicas elecciones en Cataluña, pero, sobre todo, dejó sumida en la perplejidad a un buen número de organizaciones de mujeres que en España han venido denunciando la profunda misoginia de la que hacen gala las políticas gubernamentales. Y es que la violencia contra las mujeres en nuestro país no es sólo la de los maltratadores, sino que es ejercida también por empresas e instituciones, y se incrementa, en ocasiones, con las declaraciones e iniciativas de muchos de nuestros ministros. Una de tales iniciativas es, sin duda, la de la reforma a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, “de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” que insiste en plantear Alberto Ruiz-Gallardón.
En la LO 2/2010, todavía vigente, pero cuestionada en el Tribunal Constitucional, se reconoce que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación y se mantiene, entre otros, el supuesto de la malformación del feto; supuesto que se intenta excluir ahora. Lo que parece querer Gallardón es eliminar esta ley de plazos para volver a una ley de casos más restrictiva que la anterior, y tal pretensión resulta misógina, antisocial, desfasada (en Europa, sólo nos acompañarían Malta e Irlanda), y hasta cruel, a pesar de la supuesta defensa de los derechos de las personas con discapacidad en la que dice apoyarse el ministro.
La reforma de Gallardón es misógina porque se obvia por completo la voluntad de la mujer embarazada, que, según parece, quizá debido a su estado (?), se considera extrañamente disminuida. El moralismo legal de Gallardón llega al punto de negar, sin fundamento ni consulta, que no abortar en casos de malformación, por ejemplo, pueda tener consecuencias negativas para una mujer que quiera hacerlo. No acabo de entender de dónde sale semejante negación, máxime si se aplican los recortes de la ley de dependencia que esta mujer habría de sufrir directamente. El carácter antisocial y doblemente cruel de la reforma está fuera de toda duda dado que su impacto resultará demoledor si se carece de recursos.
Pero la crueldad de esta propuesta no acaba aquí. No sólo ha sido subrayada, desde el punto de vista médico, por un buen número de especialistas, sino que, además, es una obviedad para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que sostiene que las leyes restrictivas en materia de aborto constituyen un trato cruel, inhumano y degradante para la mujer. Esto mismo se ha señalado en diferentes plataformas mundiales, como las de Beijing y el Cairo, y se ha destacado sin ambigüedades en la OMS, el Comité de la CEDAW, el CDN, el CDH y el Comité DESC (en junio de 2012 este Comité recomendó a España que garantizara la plena aplicación de la LO 2/2010 en todo el territorio nacional y en condiciones de igualdad). ¿Cómo puede ser, entonces, que el Ministerio haya recurrido a la autoridad de la ONU para tomar esta iniciativa? Simplemente, porque ha sido selectivo y ha hecho una utilización falaz, ideológica y torticera de los textos y declaraciones en las que se apoya.
En su lucha contra la ley de plazos, Ruiz-Gallardón ha recurrido a la Convención Internacional de los Derechos de la Personas con Discapacidad (adoptada en Naciones Unidas en 2006), para intentar situarse en línea con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y con el Foro de Vida Independiente y Divertad. Este último defiende la promoción de la autonomía personal y el derecho a la vida independiente de las personas con diversidad funcional y aboga, en efecto, por la eliminación del llamado “aborto eugenésico” a fin de garantizar el principio de no discriminación. Un principio al que también se alude para criticar que estas personas puedan ser legalmente esterilizadas sin su consentimiento, algo que, sorprendentemente, nuestro ministro considera compatible con la Convención; para oponerse a que los niñ@s con diversidad funcional sean excluid@s de los colegios ordinarios, como alienta el Gobierno, o para sublevarse contra los impopulares recortes de los populares, que sufre muy especialmente este colectivo. Se diría que las personas con diversidad funcional interesan más antes de nacer, que una vez nacidas. Con todo, lo destacable ahora es que de ninguno de los textos, declaraciones o posiciones aludidas se deduce que estas personas se opongan a una ley de plazos, siempre que no aparezca explicitado el supuesto de la malformación, o que apoyen formas de violencia institucional contra las mujeres como las que se articulan desde las leyes restrictivas del aborto. Lo que apoya el Foro de Vida Independiente es la autogestión y la libertad de elegir, y sería contradictorio que esto se defendiera para un@s y no para otr@s. Es cierto que se interpreta, y con razón, que la explicitación de la causal de malformación en los casos de aborto puede estimular actitudes eugenésicas o discriminatorias, pero de ahí sólo se deriva que la ley no debe contemplar este supuesto, no que una mujer no pueda contemplarlo. O sea, que el discurso de los derechos humanos no avala la eliminación de una ley de plazos sino que más bien aconseja excluir una ley de casos, porque atenta contra la liberad de la mujer y, además, puede resultar discriminatoria para las personas con diversidad funcional.
Lo cierto es que sólo desde una interpretación castrante de los textos internacionales, una visión regresiva de los derechos, o desde un catolicismo irracional y militante, puede sostenerse una reforma como la que Gallardón propone. La cuestión es que, aunque algunos lo lamenten, el Parlamento no es un púlpito desde el que anunciar la Buena Nueva, ni un lugar desde el que obtener sustanciosas bulas papales. Quienes quieran hacer méritos para su beatificación no deberían olvidar que hay que darle a dios lo que es de dios, y al César lo que es del César.