Cuando alguien concita unanimidad en su contra, lo razonable sería que se lo hiciese mirar. Más aún, si ese alguien es ministro y promueve leyes y recortes que generan la oposición de todos los colectivos a los que afectan sus normas, además del rechazo de todos los grupos parlamentarios, salvo, claro, el del partido que sustenta el Gobierno.
Hay varios miembros del Ejecutivo que reúnen estas características, pero el que se lleva la palma –y la peor nota en los sondeos de opinión– es el titular de Educación, José Ignacio Wert, quien, lejos de analizar si está haciendo algo mal, acostumbra a despacharse con descaro ante las críticas de la oposición. En las últimas horas ha estado asombrosamente callado y ha delegado en la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, de tono más comedido, la tarea de descalificar a los convocantes de la huelga general en su sector.
Así que, según la versión de Gomendio –y se entiende que de todo el Gobierno–, la huelga en la enseñanza se ha convocado por reivindicaciones salariales y laborales de los docentes y no en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y lo que esta implica de reorientación de la enseñanza como servicio público que garantiza la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, pobres o ricos. Tampoco, según Gomendio, contra los recortes de becas de estudios, transporte y comedor o de la subida de las tasas universitarias. No. La versión de la secretaria de Estado es que los profesores son unos privilegiados, que tienen “el trabajo asegurado” y van a la huelga en defensa de unos intereses espurios, menos horas lectivas, por ejemplo, sin importarles las que con su convocatoria hacen perder a los alumnos, muchos de cuyos padres están en el paro.
Asombroso este intento de dividir a los convocantes de la huelga –profesores, padres, alumnos–, ocultando, además, que decenas de miles de profesores interinos han perdido el empleo en los últimos dos años. Impresionante también la manera de descalificar a los huelguistas. De desprestigiar a todo aquel que se atreve a manifestarse contra los recortes de los servicios públicos que el Gobierno ejecuta, unas veces siguiendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o la señora Merkel, y otras no.
Porque no parece que a nadie en Bruselas, Francfort o Washington se le pueda haber ocurrido aligerar el déficit sacando dinero de la enseñanza y de la investigación o una reforma educativa como la que está a punto de aprobarse en el Senado. Más que nada porque en esos países hacen exactamente lo contrario. Invierten en educación, en I+D+i, la garantía de desarrollo económico y social del futuro. Esto, señores, ha sido cosa suya. De este Gobierno. Y sería mejor que se lo hacieran mirar y rectificaran.