Levantar impedimentos burocráticos para impedir o ralentizar la acogida de menores, según ordena el Protocolo de Canarias, puede ser constitutivo de un delito de abandono y, por supuesto, es digno de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Retener en instancias policiales a más de 5300 niños no acompañados no es dejarlos a merced del Gobierno central sino desampararlos, más allá del maltrato administrativo al que se les somete después de esa travesía. Una custodia policial prolongada no puede ser la pila en la que una Comunidad Autónoma se acabe lavando las manos.
En el Pacto migratorio que salió adelante en Bruselas hace solo unos meses, se planteaban también mecanismos para dilatar la detención en frontera bajo la ficción de la no entrada. De aquellos polvos, estos lodos. Una tesis, tan fantasiosa como siniestra, según la cual quien no ha cruzado la frontera no ha llegado nunca y, como no existe, no puede ser objeto de protección legal alguna. Ideas kafkianas que, debidamente interpretadas y adaptadas, pueden dar lugar a decisiones administrativas tan irregulares como las que ha adoptado el gobierno de Canarias.
Los desvaríos del Partido Popular en la cuestión migratoria son profundamente preocupantes, por razones humanitarias, políticas y estratégicas. Discursos erráticos, propuestas dubitativas, contradicciones y decisiones suicidas.
Feijóo acusó a Pedro Sánchez de provocar un efecto llamada con la propuesta de la migración circular que él mismo llegó a suscribir. Una propuesta que al menos cuatro autonomías gobernadas por los populares (Extremadura, Galicia, Rioja y Castilla la Mancha) desearían poner en marcha mañana mismo. En esas Comunidades se necesita cobertura en ciertos sectores laborales y se vería con agrado la reforma del Reglamento de la ley de extranjería con la que se pretenden amortiguar las trabas formales que impiden a las personas migrantes acceder a un puesto de trabajo. Según el INE, en el primer trimestre de 2024 había 149.962 empleos libres. Por eso, entre otras cosas, los contratos en origen se plantearon ya en la reforma que abordó Escrivá en su momento y es algo en lo que ahora se quiere profundizar.
Feijóo ha pasado de apoyar la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a medio millón de personas migrantes, que viven y trabajan en España, a esforzarse por enmendarla y ha acabado vinculando a la población migrante con la oKupación y la delincuencia, sin apenas pestañear. Regularizar la situación administrativa de estas personas podría suponer para las arcas del Estado entre 790 y 950 millones al año, pero importa más la guerra cultural que la pura crematística.
El Partido Popular ya no pelea por gobernar, ni siquiera por ejercer la oposición. Su mayor aspiración es la absorber el voto de la extrema derecha. De hecho, la resistencia a reformar la ley de extranjería para comprometerse unánimemente con la acogida de menores no acompañados, es muy similar a la que exhibe hoy el Gobierno de coalición que lidera el ultraderechista Wilders en los Países Bajos. Allí también se han opuesto a la ley de distribución que establece un reparto de personas migrantes entre municipios. La idea es la de acabar con los pequeños centros de acogida para optar por el hacinamiento en grandes “contenedores”. Se trata de concentrar las externalidades en unos pocos lugares a los que se pueda compensar por las molestias. Los Países Bajos pelean por lograr una exclusión voluntaria de la política de asilo y migración de la UE y así tener vía libre para imponer una ley de emergencia, al margen del Congreso y el Senado. Una ley con la que pueda restringirse la reagrupación familiar o deportar por la fuerza a quien no consiga el permiso de residencia.
De todos modos, en Europa, lamentablemente, esta deriva la comparten también socialdemócratas y socioliberales. El objetivo último, más o menos secreto, es el de reforzar el control fronterizo o, incluso, como ya sucede en la Alemania de Scholz, la del tripartito socioliberal, el de cerrar las fronteras. Alemania ha roto unilateralmente el tratado de Schengen sin demostrar que exista un riesgo cierto de alteración del orden público o de la seguridad nacional. Sus países vecinos, Holanda, Polonia y Austria, han tomado buena nota.
Es más, la solidaridad a la carta del Pacto migratorio, que permitía pagar por eludir la reubicación, resulta ya demasiado onerosa para la mayoría de los gobiernos que componen el Consejo. Los socialdemócratas daneses llevan un tiempo ya dando lecciones de “contención” migratoria a sus homónimos europeos y apuestan por deslocalizar Centros de Internamiento de Extranjeros. O sea, pagar a otros países, más pobres, para que se ocupen de los seres humanos que se consideran “residuales”. Unos son países gendarmes, como Libia, Túnez, Egipto o Marruecos, y otros se ocupan de gestionar a quienes se han colado por nuestras fronteras y estamos obligados a acoger temporalmente.
El primer ministro Starmer, laborista, ha viajado a Italia para aprender de la estrategia que utiliza Meloni en la reducción de la inmigración ilegal. El aprendizaje no le exigió mucho esfuerzo y terminó con agradecimientos y elogios. Meloni ha reducido en un 61% las llegadas de migrantes gracias a la eficiente gestión de sus países gendarmes, a la violación del derecho internacional del mar y a una política de acoso permanente a las ONG. Ahora también planea externalizar los CIE. Todo por Italia y los italianos, como diría Salvini. “Me declaro culpable de haber defendido Italia y los italianos”, replicó tras haber sido acusado por dejar a la deriva a las 147 personas (32 de ellas menores) del Open Arms. Con esa decisión, unilateral y propagandística, pretendía, como ahora, movilizar a su electorado. Hace poco recibió el apoyo de Elon Musk.
En fin, al principio, fue Hungría. Hoy el club se nutre y crece con gobiernos de distintos signos. Orbán no pasa precisamente por su peor momento y los Patriotas de Europa son el tercer grupo en el Parlamento Europeo. Orbán amenaza a Bruselas con la presión migratoria, ha decidido no pagar la multa de 200 millones de euros que le impuso el TJUE por violar el derecho de asilo, y se proclama acreedor de la UE como custodio de Schengen. Agobiado por su amiga Le Pen, también Barnier apostará por “un control migratorio vigoroso” en Francia. Van ganando.
Violar el derecho de asilo y refugio con total impunidad empieza a ser de sentido común en Europa. En España todavía somos líderes en expulsiones y hace unos días celebramos la colaboración de Marruecos en el “cierre intermitente” de la frontera del Tarajal ante el supuesto acercamiento de cientos de personas, aunque nuestro gendarme nos dejó muy claro que ellos siguen siendo los cancerberos. El chantaje es el precio mínimo que tendremos que pagar si reducimos la cuestión migratoria al puro control de fronteras. El resto ya lo estamos viendo en Canarias. Aunque a Feijóo se le llene la boca con el efecto llamada, hay mucho margen de mejora en nuestra política migratoria. En Europa nuestra consigna debería ser la de pelear y resistir.