En enero de 2011, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entraba en vigor aprobada por inusual consenso la ley española de medidas contra el tabaquismo. Prohibía fumar en todo espacio público cerrado, modificando la anterior, vigente desde 2006, que impedía fumar en centros laborales pero lo permitía, bajo ciertos criterios, en locales de ocio como bares, restaurantes o discotecas, lo que en la práctica hizo que se siguiera fumando en la mayoría.
Esa legislación previa se conoció internacionalmente como el “modelo español” y su cambio fue afanosamente combatido por el lobby del tabaco formado por industria y sectores pantalla más aceptables a los que ésta financiaba, como el hostelero, cuyas alusiones a un impacto económico negativo que nunca ocurrió impidieron una prohibición total inicial. La clave de ese interés: poder fumar en lugares de entretenimiento mantiene la aceptación social del principal factor de riesgo de muerte evitable en el mundo.
Pese a ser una droga aceptada, el tabaco mata más que el resto de drogas juntas, seis millones de personas al año en el mundo. El gasto derivado del tabaquismo en España se calculó en casi 15.000 millones de euros en 2005. Frente a ello, la ley vigente es todo un éxito. Los fumadores han caído del 26,2% de la población en 2006 al 23,95% en 2012, los ataques al corazón se han reducido un 11% desde 2006 –lo que augura mayores descensos desde 2011– y el tabaquismo pasivo ha disminuido un 70%, la mayor bajada de la UE.
Además, una creciente mayoría respalda la ley. Piénselo, ¿no resulta cada vez más extraño que alguien fume a su alrededor? Incluso ha tenido un impacto internacional al adoptar otros países leyes similares. En cambio, de haberse mantenido el “modelo español”, las tabacaleras habrían podido abanderar su exportación a los países pobres o en desarrollo, de mayor interés comercial, pues en ellos habitan 800 de los 1.000 millones de fumadores globales.
Las trabas para modificar la legislación fueron descritas por el British Medical Journal y ampliadas en el dossier de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud España, campo de pruebas de las tabaqueras. Entre otros datos, se destacaba que la tabacalera Phillip Morris financiaba la Federación Española de Hostelería (FEHR) con entre 48.000 y 60.000 euros al año, o cómo la publicidad de tabaco era la principal fuente de ingresos del beligerante Club de Fumadores por la Tolerancia. Ambos colectivos no han tardado en apremiar a que eventuales cambios legislativos se extiendan a toda la hostelería.
Cabe decir que la Comisión Europea considera que el impacto económico en la hostelería de las restricciones al tabaco en la UE ha sido neutral e incluso positivo, excepto quizás en los locales de juego. La evidencia científica, que abrumadoramente descarta un impacto negativo global, tampoco ha rebatido el esgrimido específicamente para los casinos. Lo que sí se ha constatado claramente son los efectos en la salud debidos a la relación de tabaquismo y juego. El tabaco produce efectos neuroquímicos que aumentan el deseo de jugar y el nivel de tabaquismo se relaciona con la gravedad de la ludopatía y la cantidad de dinero gastada. ¿Hacemos juego también con la salud?
Durante las deliberaciones previas a estas leyes, el PP vivió tensiones internas. Ciertos miembros del ámbito sanitario eran partidarios de una ley restrictiva frente a otros vinculados a sectores económicos. El debate específico sobre si autorizar o no fumar en los casinos, revivido tras las demandas de Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands, para hacerlo en Eurovegas, ya fue entonces intenso, en parte por la amistad entre un destacado miembro popular de la comisión de sanidad y uno de los mayores empresarios del juego en España.
Los empresarios argumentaban lo que siempre han promovido las tabacaleras: un buen sistema de ventilación conseguiría una calidad aceptable del aire, algo que parece querer permitir ahora Sanidad. Pero los sistemas de ventilación nunca han demostrado mitigar el tabaquismo pasivo y, para más inri, no existe legislación que regule el estándar de calidad del aire interior –ni es previsible que exista–, con lo que, ¿quién decide cuán suficientemente bueno es ese aire?, ¿el propio casino?, ¿el fabricante del extractor?
Muchos de los vínculos entre tabacaleras y hostelería se conocen a raíz de la desclasificación de miles de documentos de la propia industria tras los acuerdos alcanzados entre ésta y numerosos estados de EE UU en 1998, lo que les permitió eludir onerosos procesos judiciales. Esos documentos muestran también vínculos con la industria del juego internacional desde los noventa.
En Estados Unidos, el principal fue con la American Gaming Association (Asociación Americana del Juego, AGA por sus siglas en inglés), el mayor lobby de los casinos en EEUU. A través de sus contactos con la AGA, las tabacaleras presionaron al menos hasta 2003 a la industria de la calefacción, refrigeración y el aire acondicionado para que argumentara que la ventilación de los espacios con humo era una solución “aceptable” para reducir el humo del tabaco.
Aunque ningún experto consultado conoce vínculos directos entre Adelson y las tabacaleras ni aparece información relevante entre los citados documentos desclasificados, Mike Leven, consejero delegado de Las Vegas Sands, es miembro del consejo directivo de la AGA y el propio Adelson es miembro de honor en su Salón de la Fama. En 2006 Adelson se mostró a favor de una legislación débil sobre el tabaco en Nevada, estado matriz de sus negocios, y, como ha hecho con otros simpatizantes del Tea Party, ha financiado intensamente a su amigo Newt Gingrich, relevante candidato a la nominación presidencial del Partido Republicano en 2012 y recalcitrante opositor a regulaciones estrictas contra el tabaco, industria que también ha financiado ampliamente sus campañas electorales.
El Partido Republicano bloquea la ratificación por parte de EE UU del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y recientes pruebas han destapado cómo el Tea Party, combativo contra legislaciones restrictivas, lejos de ser un movimiento espontáneo nacido al albur de la contienda electoral en 2009, es un movimiento fraguado décadas antes, en parte impulsado y financiado por el lobby del tabaco.
En España y Europa también conocemos la amplitud de estos tentáculos. Recientemente, los presidentes de cinco autonomías productoras de tabaco (Extremadura, Andalucía, La Rioja, Canarias y Cantabria) no tuvieron pudor en firmar un documento en el que se oponían a la nueva directiva contra el tabaco que debate la UE durante una reunión celebrada en la sede de la tabacalera Altadis. Y algunos miembros de la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea reconocen que la fulminante dimisión forzada por Barroso del excomisario de salud John Dalli –principal impulsor de esa nueva directiva– puede estar relacionada con estrategias de las tabacaleras, lo que supondría un escándalo mayúsculo.
Aunque nuestra actual ley sólo se ha debilitado una vez, durante el Gobierno de Zapatero tras las presiones de El Corte Inglés para que se permitiera la venta de productos del tabaco en tiendas de conveniencia como las de su cadena Opencor, la combinación de políticas neoliberales, crisis económica y los cantos de sirena de Adelson han vuelto a ponerla en jaque.
Quizás sus demandas las motive exclusivamente el interés económico, pero la ciudadanía debe conocer la amplia red de actores que pueden estar jugando en el tablero. Que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, pida debilitar la ley y critique al sector sanitario que la defiende es surrealista y reprobable, pero que su responsable sanitario, Javier Fernández Lasquetty, o la ministra de Sanidad, Ana Mato, se plieguen al argumentario economicista es inadmisible. Las autoridades sanitarias deben tener clara su prioridad y rechazar presiones intolerables. Si no, que se dediquen a otra cosa.