Correa habla y sus colegas de banquillo lo escuchan más o menos preocupados. Los intermediarios tienen problemas. Eso es lo que son los acusados en Gürtel, intermediarios. Los extremos de la soga, los que verdaderamente cuentan, ni están ni se les espera. Una trama de cohechos por adjudicaciones cuyo importe iba a los bolsillos de los intermediarios y a las campañas del partido no puede existir sin cohechadores y sin cargos públicos que controlen las adjudicaciones. ¿Y dónde están estos en el banquillo?
No, no miren. Ni están ni se les espera.
Gürtel es una molestia y un engorro pero ni de lejos roza a los que de verdad movían todo el entramado. Ni los empresarios que pagaban ni los cargos políticos que podían controlar de verdad las adjudicaciones están ni estarán ante la Justicia. El movimiento para abortar tal atrevimiento fue descarado y lo tuvimos ante la narices aunque lo embarraron muy bien llevándonos a pelear como hooligans por cuestiones que no importaban. Echaron el hueso para entretenernos y mientras se dedicaron a lo que les importaba.
Quiero recordarles que hubo un auto en marzo de 2013 que citaba a declarar como imputados a los presidentes del Grupo Sando, de Azvy, de OHL, de Sacyr, de Construcciones Hispánicas, de FCC y de Construcciones Rubau. Todos esos empresarios estuvieron imputados, al menos durante unos semanas.
El auto se dictó por el titular del Juzgado Central 3, después de recibir por reparto aleatorio informático del Decanato de la Audiencia Nacional la querella presentada por Izquierda Unida. Además de las citaciones como imputados daba a las constructoras para entregar “en el improrrogable plazo de siete días copia y relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por Administraciones gobernadas por el PP”. Los datos fueron entregados parcialmente. Yo he visto esos listados con mis propios ojos.
Sólo que ante esta decisión, todo el aparato se puso en marcha de forma brutal. Ya saben, a crujir como crujió en el Caso Noos. El titular del Juzgado Central 5 recibió un informe de la UDEF en el que se decía de que los Papeles estaban relacionados con la trama de Correa en base al cual reclamó la competencia y la Fiscalía consideró “innecesarias y desproporcionadas las diligencias que se acuerdan por el instructor”. y eso que no sabían de la intención del juez de proceder a los registros de las sedes de las constructoras mientras sus presidentes prestaban declaración. En los medios, esta batalla para frenar la declaración como imputados de los presidentes de las constructoras se instaló como un debate de egos judiciales. Las posturas se catalizaban entre los defensores del ego del Central 3 y los partidarios acérrimos del super interino del Central 5. Nos perdimos en aquel combate irreal que ganó el Juzgado Central 5 -como no podía ser de otro modo puesto que había sido creado para que fuera así- y nos olvidamos de los constructores.
Una vez en manos del Juzgado Central 5 el asunto, y como existía un auto que no se podía borrar, se tomó declaración a los imputados sin haber buscado ninguna prueba o indicio para contrastar con su versión. Se les llamó y se les dijo,traduzco en roman paladino, ¿Ustedes cohecharon? Oiga, pues no. ¡Pues adiós y buenos días señores! Como no podía ser de otra forma al no haberse realizado ni un movimiento investigador real sobre las empresas ni por parte de la policía, ni por parte de la Justicia. Pues eso. Respecto a la documentación solicitada a las constructoras -sobre la que no se podía echar tierra puesto que estaba ya aportada a las diligencias- fue analizada de forma aislada, año a año, sin que así se pudiera analizar la existencia de cárteles y el porcentaje de contratación comparada de esas empresas en los territorios gobernados por el PP y en otros así como en relación con otra grandes constructoras. De facto la línea de investigación sobre los extremos de la cuerda que inició el Juzgado Central 3, siguiendo los datos aportados por Izquierda Unida en su querella, fue sepultada entre el resto del Caso Gürtel.
Tan sepultada que ahora las constructoras se rasgan las vestiduras y amenazan con querellarse con un acusado que declara en el banquillo por mencionarles como cohechadores. Piden que lo pruebe, como si no hubiera habido ya tiempo más que suficiente para borrar toda prueba. Como si no estuviera claro que no se ha investigado en esa dirección lo suficiente.
Así que sigan oyendo “cantar” a los intermediarios y no vuelvan por favor a preguntar quiénes son los que mandan de verdad.