El paro ha vuelto a descender en junio y se ha batido un nuevo récord en contratos indefinidos. El desempleo baja por primera vez desde 2008 de los tres millones. Desde enero de este año, la temporalidad ha caído siete puntos. Las buenas noticias son esas. La mala es que empieza a notarse que el paro no cae tanto como antes de la pandemia y eso que la temporada estival, gracias a los clásicos de turismo y construcción, suele ser un mes en el que crece la ocupación. El Gobierno aún ve el vaso medio lleno y hay motivos, pero no ha conseguido que éxitos evidentes como las prórrogas de los ERTE para paliar los efectos de la crisis derivada por la pandemia o la subida del SMI (rechazada por la patronal y los partidos de derechas) sean apreciados por una mayoría de españoles.
Solo uno de cada cuatro ciudadanos valora las medidas adoptadas. La respuesta no está en la comunicación del Gobierno, que es mejorable. Ni siquiera en la coordinación del Ejecutivo, que también. Es mucho más sencillo. La respuesta está en la inflación, el bolsillo. El aumento de los precios, en el supermercado o la gasolinera, es lo que perciben los españoles, en especial las rentas más bajas. No es ninguna intuición. Un estudio presentado este miércoles por Intermón Oxfam concluye que la inflación reduce el poder adquisitivo de los hogares más pobres un 30% más que el de los hogares más ricos.
Los economistas no se ponen de acuerdo en si estamos o no ante un cambio de ciclo, propiciado por una guerra que puede durar años. Putin ha demostrado ya que utilizará los suministros de gas y los cereales y eso impacta en las cuentas de los europeos y el estómago de los africanos. “Una bomba en Kiev, un trozo de pan en Nigeria”, como resumió el compañero Juanlu Sánchez en este capítulo de ‘Un tema Al Día’.
El Gobierno, que en las declaraciones públicas siempre descartó que se llegase a una inflación de dos dígitos, no quiere cometer el error de Zapatero cuando negó la gravedad de la situación económica y en el próximo Debate sobre el estado de la Nación se empleará para recuperar el perfil de izquierdas que le llevó a enfrentarse a esos oligopolios a los que le ha costado plantar cara cuando ha llegado a La Moncloa. Ya no es el Sánchez del bar de ‘Salvados’ pero quiere volver a parecerse a él. En esa entrevista con Jordi Évole criticó que el PSOE se hubiese quedado “en tierra de nadie” y se reivindicó como un político capaz de criticar a los poderes económicos y mediáticos. Han pasado casi seis años, se hizo con el control del partido que quería cambiar, ganó una moción de censura, ha gestionado una pandemia, sus consecuencias económicas, y ahora las derivadas por la invasión de Ucrania. Sánchez ha pasado de decir que el Ministerio de Defensa sobraba a comprometerse a doblar su presupuesto y a dar largas a los partidos de izquierda, empezando por sus socios en el Gobierno, en la implementación de un impuesto a las eléctricas hasta que el batacazo andaluz le obligó a abrir los ojos.
El Gobierno de coalición tiene poco más de un año para intentar remontar en los sondeos y uno de sus objetivos debe ser frenar el trasvase de votos socialistas al PP y sobre todo evitar que votantes de izquierda se queden en casa. Las elecciones andaluzas han demostrado que no es un tópico: en los datos del voto calle a calle se comprobó, una vez más, que los barrios que acostumbran a ser más de izquierdas y que coinciden con los de menor renta son los más abstencionistas.
Este es el balance de la izquierda hasta ahora. Pero también sabemos cuál ha sido la estrategia del PP. Incluso tenemos pistas de lo que podría hacer en caso de llegar al Gobierno. Sabemos que al PP de Feijóo le gusta el sistema de becas de Isabel Díaz Ayuso para familias que ganan más de 100.000 euros. Solo el hecho de llamarles becas es una perversión y defender que con estas cifras se refieren a “rentas medias” es la mejor muestra del concepto de educación, igualdad y renta que tiene este partido. Que las familias con menos recursos no solo lo tengan más complicado para que sus hijos estudien sino que sus impuestos sirvan para sufragar las facturas de los que pueden pagarlas sin problema es obsceno.
Las receta del PP, pase lo que pase, siempre es la misma: bajar impuestos. Nicolás Sartorius recordaba hace poco en un artículo en este diario que en España tenemos una presión fiscal bastante inferior a los países avanzados de Europa. Según la OCDE, en 2021 era un 36,4% del PIB, cuando Francia está en el 47% y la mayoría de los demás estados superan el 41%. Para financiar los servicios públicos se necesitan clases medias que lo sean de verdad y por supuesto que las rentas más altas asuman la parte que les corresponde. Se trata de recaudar bien y repartir mejor, pero el PP no quiere ni una cosa ni la otra. Cuando en algunos sondeos se apunta que los populares se beneficiarán del “voto útil” la pregunta a responder es:¿útil para quién? En el catecismo ayusista bendecido por Feijóo lo es más para los 'cienmileuristas' que para los mileuristas.
Sabemos también que el PP, ya con Feijóo al frente, no tiene problema para gobernar con la extrema derecha. Prefiere no tenerles dentro de los gabinetes, pero si les necesita no dudará. Lo bendijo en Castilla y León y hubiese pasado en Andalucía si Juan Manuel Moreno no hubiese obtenido la mayoría absoluta.
El miedo es global porque el temor a la recesión lo es. El euro ha caído esta semana a mínimos que no se habían visto en casi 20 años y ya se acerca a la paridad con el dólar, algo que muchos analistas dan por hecho que pasará. El gas y el petróleo se pagan mayoritariamente en dólares así que esta tendencia los encarecerá aún más. Esto es algo que no puede controlar ni este Ejecutivo ni ninguno que estuviese en su lugar pero el desgaste será para él. El nuevo líder del PP espera que el Gobierno caiga como fruta madura y no le faltan poderes económicos (algunos a los que Sánchez siendo ya presidente debería haber plantado cara y no lo hizo) ni resortes mediáticos dispuestos a remar a su favor. Eso no es nuevo. Lo que sorprende es que el PSOE haya tardado tanto en darse cuenta.