A veces parece que, cuando discutimos teóricamente sobre la perversión del sistema que supone la politización del CGPJ, perdemos la dimensión real de por qué este reparto de cromos del sistema interesa a los partidos y, sobre todo, supone una agresión a los ciudadanos.
La decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Gerardo Martínez Tristán, de avocar a Pleno la resolución de los recursos presentados contra la privatización sanitaria es un ejemplo de manual de cómo funciona la manipulación que el poder quiere realizar de la Justicia, que no es tan burda como para pasar por la compra/presión de los jueces sino por la utilización de los resquicios del procedimiento para obtener los fines deseados.
La privatización de la Sanidad estaba siendo estudiada por los integrantes de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con los resultados que hasta ahora hemos visto. Unos resultados que al PP y a la Comunidad de Madrid les tenían muy satisfechos. Todo quieto en apariencia, pero no duden de que han estado buscando una grieta desesperadamente, un resquicio legal, algo que permitiera intentar cambiar las tornas. La situación se ha producido cuando un nuevo recurso, de un sindicato, ha entrado en la Sección Octava y ésta lo ha rechazado. ¡Vaya!, dicen, disparidad de criterios. ¡Vaya! les digo yo, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM se han llevado durante años recursos atinentes a miles de asuntos, algunos graves como los de extranjería, con resultados diversos e intentos de unificación de doctrina llevados a trancas y barrancas. Héteme aquí que un recurso volandero inadmitido por la presidenta de una Sección que, según cuentan, quiere ser votada por el CGPJ para el Tribunal Supremo, permite afirmar que hay disparidad de criterios.
Es verdad que el presidente de la Sala tiene potestad para elevar el asunto a Pleno si se dan esas condiciones. Obtenidas las condiciones, obtenida la potestad. Piénsenlo bien: si el asunto te lo lleva una sección de la que una vez tras otra obtienes los mismos resultados, ¿no supone ya una opción quitarles el caso y abrir el abanico a ver qué votan 50? Eso sin contar con la “cata” previa de opinión que Martínez-Tristán habrá realizado para ver si hay posibilidades de sacar adelante la opción que él defiende. No hay presidente de un pleno que no lo sopese antes, aunque el asunto no tenga índole política, sólo para ver si puede ganarlo, máxime en este caso.
Pasa que el presidente que anda sopesando y avocando está casado con una política del Partido Popular. Más aún, con un cargo público de un gobierno del PP. Y pasa que el presidente fue nombrado y reelegido con los votos de los vocales del CGPJ respaldados por el PP. La primera parte es rara. No hay muchos jueces casados con políticos ejercientes. La segunda parte es de manual.
¿Significa esto que todos los magistrados de la Sala están comprados, manipulados; que existe un resultado automático? No, no significa eso. Lo cierto es que ahora habrá un periodo de alianzas, conversaciones, intento de lograr convicciones, todo regado de una profusa argumentación jurídica porque, no se equivoquen, eso es así.
La realidad es que un tema que estaba avanzando en un sentido determinado de forma irreversible tiene ahora la posibilidad de volverse cabeza abajo. Y eso, para según qué intereses, ya es mucho.
Así funciona esto.
Cuando vean a los partidos peleándose por colocar como vocales del CGPJ a sus jueces, abogados o fiscales preferidos, no piensen que lo hacen a tontas y a locas. A cualquiera le puede pasar.