Que el estadio del Real Betis Balompié jalee con cánticos una agresión machista implica un gesto social de tolerancia hacia un tipo de violencia muy extendida y que cuesta la vida, en España, a decenas de mujeres cada año.
Este tipo de actitud refuerza al violento y promueve la tolerancia social hacia este tipo de delitos. Supone, por otro lado, la minimización del problema, la estigmatización de la víctima y la justificación y normalización de las agresiones.
Todo ello alienta la impunidad, es decir la no sanción ante el incumplimiento de una norma social que indica que “agredir a las mujeres es un delito”.
Pero, esos gritos proferidos en un campo de fútbol pueden verse agravados si no se denuncia y se percibe la indiferencia de las autoridades. Allí se produjo un linchamiento a la víctima que debería generar una alerta sobre el nivel de tolerancia social al sexismo hostil y los delitos por razón de género.
En España, existen antecedentes de espectadores profiriendo insultos racistas a jugadores negros que supusieron críticas, condenas generalizadas y multas de la FIFA a la Federación Española de Fútbol.
Es preciso que la legislación castigue la apología machista y que la Fiscalía actúe. Es preciso reclamar al Club afectado que se pronuncie, a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes mayor contundencia, al igual que lo hacen frente a cánticos anti-semitas o eslóganes y símbolos racistas, frente a quienes fomentan, promueven e incitan agresiones –en este caso de manera directa– contra una persona “por razones de género”.
En toda Europa los conatos de xenofobia en las gradas fueron acometidos con rapidez por los organismos gubernamentales y los propios clubs. El Observatorio contra el Racismo y la Violencia en el Deporte demandó que los clubs deportivos “asuman liderazgo ético y moral a nivel social”, lo que derivó en medidas para la sensibilización social y para prevenir actos y actitudes racistas en el deporte.
Sorprende también el silencio inaceptable de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, de la secretaria de Estado, la señora Susana Camarero, y de los ministros José Ignacio Wert y Alfonso Alonso, todos ellos en un “compromiso de bajo tono”. Mal vamos cuando se menosprecia la importancia de que sean los responsables de las administraciones los primeros en asumir ese liderazgo ético y moral frente a la violencia machista.
Desde la oposición nos cabe la condena, la demanda de actuaciones contundentes y la sugerencia de que el Observatorio encargado de analizar la violencia en el deporte incorpore también en su composición a organizaciones y personas de reconocida competencia en la lucha contra el sexismo.