“Por mucho menos, se han admitido querellas en la Audiencia Nacional”, afirman fuentes jurídicas en referencia a los sucesos que han desembocado en la nacionalización de Bankia. Habida cuenta de que la Fiscalía depende del Gobierno y es un órgano jerárquico, no cabe esperar que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, autorice al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, el competente en este caso, a destinar a algunos de sus hombres más cualificados a investigar lo ocurrido en los últimos ocho años, primero en Caja Madrid y, tras la fusión fría y la reforma de las cajas, en Bankia.more
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, parece decidido a hacer méritos ante los sectores más reaccionarios del PP, encarnados en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, así que es difícil que el Ejecutivo motu proprio inicie acciones judiciales contra los principales responsables de la catástrofe financiera en la que ha derivado Bankia: Miguel Blesa, presidente de la entidad hasta la fusión y ahora hombre de Aguirre, y Rodrigo Rato, tras la creación de BFA-Bankia y candidato que gozaba del respaldo de Ruiz-Gallardón, entonces alcalde de Madrid.
El propio Eduardo Torres-Dulce dejaba claro ayer que, aunque había dado instrucciones a Salinas para “depurar todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorros”. Pero matizó que Bankia está excluida de esa orden. Al menos “de momento”, porque el fiscal general es consciente de que, con tantos perjudicados, no tardarán en llegar las querellas a la Audiencia Nacional.
En realidad, hace 14 años, fue Ruiz-Gallardón quien colocó a Blesa en la presidencia de CajaMadrid, en uno de sus intentos de congraciarse con José María Aznar. Blesa y Aznar son íntimos amigos desde que coincidieron en la Escuela de Hacienda en 1977 para convertirse en inspectores de Finanzas del Estado.
Pero la política hace extraños compañeros de Alcoba, y Aguirre, que llegó a modificar la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid para forzar la salida de Blesa de CajaMadrid, acabaría convertida en su principal aliada cuando se hizo demasiado poderoso y Gallardón, esta vez desde el Ayuntamiento de la capital, intentó por primera vez sustituirle por Rato. Aguirre llegó a incorporar a Izquierda Unida y a pactar con la Federación Socialista de Madrid para mantener intentar colocar a su propio hombre, Ignacio González, en el puesto. Pero el Banco de España truncó el proyecto y Aguirre se acercó a Blesa. Sólo accedió a la opción Rato, cuando desde el último Gobierno de Zapatero se forzó la fusión de cajas que acabó con la constitución de BFA-Bankia hace dos años.
Blesa es el responsable de la mala gestión de la entidad cuando era una caja de ahorros completamente politizada –sin duda, la más politizada de entre las cajas públicas españolas–, mientras que Rato es el responsable de la fusión fría con las cajas más pequeñas que dio lugar a Bankia, de su transformación en banco y de su posterior salida a bolsa hace menos de un año, operación en la que picaron 400.000 pequeños inversores, la mayoría clientes de la institución que financiaron la compra de los títulos con créditos del propio banco.
Y como ocurrió con las hipotecas subprime, estos inversores compraron bankias a 3,74 euros cada título y se endeudaron por ese valor. Aunque hoy parece repuntar, apenas llega a los 1,70 euros, mientras los accionistas tienen que seguir pagando la deuda que adquirieron al precio de salida. Aunque la Fiscalía no actúe de oficio como cabría esperar –España y Europa han enterrado 83.000 millones de fondos públicos en Bankia mientras ven cómo se recortan sus derechos sociales y sus servicios más elementales–, un colectivo de 400.000 personas es demasiado grande como para que no surja de entre ellos una plataforma que impulse una querella.
Diversos despachos penalistas de Barcelona confirman que ya han atendido consultas en este sentido y que les consta que en Madrid ocurre otro tanto. Y la querellas las carga el diablo. Si alguna prospera, la Fiscalía podría verse obligada a personarse como parte, aunque sea para intentar controlar el proceso.
Es más que evidente que Bankia ha iniciado el camino de los tribunales, como acertadamente vaticinaba ayer Manel Pérez. Porque, además, los ejecutivos de la entidad no son los únicos responsables del desastre. Desde luego sí en cuanto al rescate-nacionalización que puede llegar a costar hasta 1.700 euros por cabeza a los españoles. Pero los supervisores también tienen su cuota de responsabilidad, aunque no en los términos torticeros que utilizó Esperanza Aguirre para atribuir la catástrofe al Banco de España de la época, “obsesionado por las fusiones”. Ya a partir de los problemas de uno de los bancos del grupo, el Banco de Valencia, se veía venir que Bankia lo tenía muy difícil para afrontar un futuro despejado. Era entonces cuando debía haber intervenido el Banco de España.
Y no es el único supervisor al que se pueden pedir responsabilidades. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, parece estar asistiendo como un simple espectador al desplome de las acciones del banco, que han caído cerca de un 60% desde que se inició su cotización hace dos años. Los 400.000 pequeños accionistas se preguntan si la nacionalización del banco y un rescate de 83.000 millones de euros no fueron en su momento acontecimientos lo bastante relevantes como para suspender la cotización de Bankia. Al menos se habrían evitado buena parte de la sangría que han padecido en las últimas semanas.
Los antiguos gestores de Bankia son conscientes de que pueden verse querellados e imputados en un futuro no muy lejano. Desde que se produjo el rescate, analistas más o menos próximos a Rato han insistido en eximir de responsabilidad al que fue vicepresidente económico de José María Aznar y gerente del Fondo Monetario Internacional. A la luz de estos análisis, Miguel Blesa es el único responsable del hundimiento de Bankia. Al fin y al cabo él estuvo al frente de Caja Madrid durante 14 años, mientras Rato apenas llevaba dos como presidente de Bankia cuando presentó su dimisión. Olvidan estos analistas que el hombre que ha sustituido a Rato como presidente de la institución financiera, José Ignacio Goirigolzarri, ha admitido ya que las cuentas de 2011 deben ser revisadas y vueltas a auditar, mientras que BFA, el accionista de referencia hasta la nacionalización, también presidido por él, pone excusas inverosímiles para explicar el retraso en el informe de auditoría de la entidad.
Ha habido condenas en la Audiencia Nacional y hay causas abiertas por delitos contra el mercado, por delito societario de no informar a los socios, por alterar la contabilidad y por falsedad documental por hechos que a primera vista guardan bastantes similitudes con lo sucedido en Bankia. Sin entrar en la campaña publicitaria de la salida a Bolsa, en la que los directivos de la entidad, si conocían la verdadera situación contable de Bankia, habrían creado un espejismo para atraer inversiones, o, lo que es lo mismo, una vulgar estafa. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acaba de reactivar un caso similar por esos mismos delitos por la descapitalización del banco catalán Eurobank contra los antiguos gestores y los nuevos, que, como en el caso de Bankia, se acusan mutuamente de la quiebra de la entidad. En este caso, no fue la Fiscalía quien inició las diligencias. El ministerio público ha seguido los pasos de la acusación particular, que ejerce en nombre de un colectivo de pequeños accionistas el abogado barcelonés Ricardo Gómez de Olarte.
Salvar a Bankia no tiene por qué implicar que los responsables del desastre salgan impunes. De hecho, con mucho menos de los 83.000 millones, el Estado podría compensar a los 400.00 pequeños accionistas y dejar caer la entidad. El argumento: rescatarlo suponía un riesgo moral para los responsables bancarios; lo hicieran como lo hicieran, la institución estaría a salvo con el respaldo del Gobierno. En España, además, el Fondo de Garantía de Depósitos cubriría los ahorros de los clientes de Bankia.
Una solución de estas características, sin embargo, sería enormemente perjudicial para la prima de riesgo española, que ya está bastante desbocada sin necesidad de innovaciones de esas características. Pero sobre todo, obligaría a los abogados del FGD y a la Fiscalía a actuar de oficio contra los responsables. En ese caso, Rato podría pedirle consejo a Mario Conde, con quien comparte algunas inversiones.