A continuación se presenta un resumen de los compromisos adquiridos por el gobierno griego y aceptados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Cabe señalar que los compromisos están redactados con una calculada ambigüedad y amplia generalidad, de forma que pueden dar lugar a interpretaciones muy diferentes. De ahí que la antigua troika no se fíe y haya condicionado las ayudas a un estricto cumplimiento de los mismos que será frecuentemente revisado.
Entre las concesiones más importantes del Gobierno heleno se encuentran: la relajación de las condiciones en la negociación colectiva y la continuación de las privatizaciones programadas por el anterior gobierno. Sin embargo, se mantiene el aumento del salario mínimo interprofesional, la paralización de los desahucios más flagrantes, y una provisión de bienes y servicios públicos básicos mediante la regulación de las empresas privatizadas.
1) Crisis humanitaria
- Asegurar la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vivienda, servicios sanitarios y energía) a través de medidas muy concretas como cupones para alimentos.
- Incrementar la supervisión y control para evitar abusos.
- Evaluar el programa piloto del Ingreso Mínimo Garantizada con vistas a extenderlo a nivel nacional.
- Asegurar que la lucha contra la crisis humanitaria no tenga ningún efecto fiscal.
2) Políticas para impulsar el crecimiento
Privatizaciones y servicios públicos
- No hacer retroceder las privatizaciones que se han completado.
- Velar por la provisión de bienes y servicios públicos básicos por parte de las empresas privatizadas.
- Revisión de las privatizaciones que aún no se han puesto en marcha, para maximizar los beneficios a largo plazo del Estado.
Reformas en el mercado laboral
- Mejorar la legislación del mercado de trabajo a través de un proceso de consulta con los interlocutores sociales.
- Ampliar y desarrollar el esquema existente que proporciona empleo temporal para los desempleados y mejorar programas de políticas activas de empleo.
- Nuevo enfoque para la negociación salarial colectiva que equilibre las necesidades de flexibilidad con equidad.
- Aumento del salario mínimo.
Reformas en el mercado
- Eliminación de las barreras a la competencia basada en las aportaciones de la OCDE.
- Reducir cargas administrativas para las empresas y profesiones reguladas
- Mejor gestión de uso de la tierra.
- Alinear la regulación del gas y de la electricidad a las buenas prácticas y legislación de la UE
Reforma del sistema judicial
- Mejorar la organización de los tribunales.
- Promover la digitalización de los códigos legales.
Estadísticas
- Asegurar que la Oficina de Estadísticas tenga independencia, transparencia y recursos suficientes.
3) Políticas estructurales fiscales
Políticas fiscales:
- Reforma de la política, administración y aplicación del IVA, y modificar la fiscalidad de inversión colectiva.
- Ampliar definición de fraude fiscal y la evasión desmantelando inmunidad tributaria, y hacer cumplir y mejorar la legislación en materia de precios de transferencia.
- Trabajar hacia la creación de una nueva cultura de cumplimiento tributario para asegurar que todos los sectores de la sociedad, y sobre todo los ricos, contribuyen a la financiación de las políticas públicas.
Gestión de las Finanzas Públicas:
- Tomar medidas para mejorar la gestión de las finanzas públicas.
- Diseñar e implementar una estrategia relativa a la liquidación de los atrasos, las devoluciones de impuestos y reclamaciones de pensiones.
Administración de los ingresos:
- Fortalecer la independencia de la Secretaría General de Ingresos Públicos (GSPR), garantizando plena rendición de cuentas y la transparencia de sus operaciones, y fortalecer sus competencias.
- Asegurar personal de la GSPR adecuado, tanto cuantitativa como cualitativamente, la GSPR, y orientar su trabajo a combatir el fraude fiscal y los atrasos fiscales de los grupos sociales de altos ingresos.
El gasto público
- Revisión y control de gastos en todas las áreas del gasto público para mejorar su eficiencia y aumentar el ahorro, especialmente en los gastos no salariales (que suponen un espeluznante 56% del gasto público total).
- Control de los gastos de salud y mejorar la prestación y calidad de los servicios médicos, mientras se asegura el acceso universal.
Reforma de la seguridad social:
- Unificar y racionalizar las políticas de pensiones y eliminar los incentivos que dan lugar a una tasa excesiva de las jubilaciones anticipadas en toda la economía y, más específicamente, en el sector público y en la banca.
- Eliminar los cargos en nombre de «terceros» (cargas molestas) de una manera fiscalmente neutra.
- Establecer un vínculo más estrecho entre las cotizaciones de pensiones e ingresos, optimizar los beneficios y proporcionar asistencia dirigida a los empleados de entre 50 y 65 años, incluso a través de una renta básica garantizada.
Administración pública y corrupción
- Poner en marcha el Plan Nacional contra la Corrupción. Perseguir contrabando, lavado de dinero y precios de bienes importados.
- Reducir el número de ministerios de 16 a 10, el número de asesores y los beneficios de los cargos públicos y altos funcionarios.
- Controlar y limitar financiación de los partidos políticos y limitar endeudamiento frente a instituciones financieras.
- Regular ingresos de los medios de comunicación.
- Marco transparente y en tiempo real para las licitaciones públicas.
- Regulación de sueldos públicos, sin reducir suelo salarial pero evitando aumentos. Disminuir pagos no salariales.
4) Estabilidad financiera
Esquemas a plazos
- Mejorar la rapidez en los reembolsos de impuestos y atrasos en Seguridad Social, distinguiendo entre imposibilidad de pago e incumplimiento estratégico.
- Descriminalizar a deudores con deudas pequeñas.
Banca y préstamos en mora
- Controlar y regular la actuación bancaria para asegurar la estabilidad del sector.
- Colaborar en la gestión de los bancos para evitar los desahucios de vivienda principal de familias con ingresos inferiores a determinado umbral de ingreso.
- Evitar una nueva caída de los precios inmobiliarios.
- Modernizar la ley de bancarrota y facilitar la reestructuración de la deuda privada.