Cuantas más vueltas doy a la cuestión del órdago catalán más me doy cuenta de que hay una laguna que todos los análisis saltan por encima. Nadie habla de ello. Ni los secesionistas ni los constitucionalistas contestan ni se hacen la gran pregunta. Hagámosla, pues. ¿Hasta dónde están/estamos dispuestos a llegar? Es esencial responderla porque si no nada se entiende y todo parece más bien delicuescente. Tanto que las audiencias de la televisión bajan cuando se trata de un tema que, sin embargo, es de una extrema importancia. ¿Por qué ese fenómeno? Creo que porque gran parte de la población lo entiende como un largo y tedioso farol lleno de órdagos vacíos y lo ven así porque nadie pone sobre el tapete la gran pregunta.
¿Alguna de las partes está dispuesta a recurrir al uso de la fuerza?
Es la ausencia de ese dato -no mencionado pero implícitamente presente- la que hace que todo resulte mucho más confuso. Y quede resaltado de antemano que los secesionistas han emprendido un camino que no tiene cauce legal en España pero que yo desearía que tal posibilidad existiera en nuestro ordenamiento. Por tanto entendería y entiendo todo movimiento tendente a lograr que exista una fórmula legal para independizarse de forma legal. No es esto lo que sucede. Asistimos a la decisión de una parte del Parlament de rebelarse contra la legalidad para obtener tal independencia. Y nos dicen que quieren “desconectarse” de una forma “masiva, sostenida y pacífica”. Y supongo que eso es algo que casi toda la población que apoya la secesión da por sentado. Alguien debe decir que esto no puede ser así. Por eso es importante preguntarse hasta dónde está dispuesta a llegar cada parte una vez que la respuesta “legal” a un empeño sin respaldo legal se agote.
Soy más precisa. Si, como es previsible, la vía de pararlo en el Parlament, la del recurso al TC y la suspensión cautelar e incluso la aplicación del artículo 155 sea pasado por el arco del triunfo de los secesionistas -y eso ya lo han avisado- el Estado de Derecho se verá obligado a utilizar el Código Penal y la coerción deteniendo y, en su caso, enviando a prisión provisional a los responsable de la sedición. Y ¿qué pasará entonces? ¿Otros se harán cargo de la desobediencia y deberán ser pertinentemente procesados? ¿Cómo responderá la población de referencia al encarcelamiento de sus cabecillas? ¿Están dispuesto a pelearlo hasta el final? ¿Qué hará entonces el Estado Español? ¿Impondrá el orden constitucional por la fuerza? ¿Se enfrentarán los separatistas? ¿Qué haría entonces la población catalana constitucionalista?
Es seguro que a estas alturas todos tenemos los pelos como escarpias. No es una entelequia. Es el único final que tiene una escalada que no se interrumpa aunque nadie quiera mencionarlo. Por tanto la respuesta a la gran pregunta es tremendamente pertinente y ni unos ni otros debieran hurtarla. Y si la respuesta que late en el fondo es que nadie está pensando en llegar a ese punto entonces, señores, pónganse a negociar una salida política desde ya para encontrar un encaje en España de los territorios en los que existe población con deseos de secesión y también para legislar sobre una fórmula legal a través de la cual tal aspiración pudiera cursarse por cauces constitucionales.
Lo siento pero mientras no me den respuesta a la gran pregunta me seguirá pareciendo que estamos asistiendo a un peloteo para medir las fuerzas en pleno proceso electoral que no terminará hasta que se sepa con certeza qué gobierno central sale de las urnas. Y creo que esa dilación está planificada también a la hora de contar con un aún esquivo Govern catalán. La cuestión catalana se entrelazaría así con la nacional y pasaría a ser una de las cuestiones decisivas en las negociaciones para el gobierno estatal. Y ahí está la posibilidad de encontrar otras sensibilidades más proclives a negociar una salida política que incluyera la reforma de la Constitución y una Ley de Claridad a la española.