Hace unos días informaba Andreu Missé en estas mismas páginas de la reciente difusión de un decálogo para cambiar la cultura bancaria, que surge ante la constatación por parte de sus promotores de que “el actual modelo de banca basado en el corto plazo y en la venta de productos con el fin de aumentar las remuneraciones y maximizar los beneficios es insostenible”. Una impresión basada en la drástica pérdida de confianza social en el sector tras la crisis por los devastadores efectos que ese modelo ha provocado (y que sigue mostrando muy claramente la última edición del Barómetro de Confianza en el Sector Financiero).
Aunque no es nada nuevo (manifiestos de este tipo han proliferado en todo el mundo desde el estallido de la crisis), probablemente el decálogo responde a una intención razonable, como razonables son las diez medidas de que consta, que, sin duda, sería muy deseable que las entidades financieras asumieran con firmeza y convicción, porque nadie puede dudar de las terribles consecuencias de la desfachatez con que muchas de ellas han actuado reiteradamente y de la generalizada pérdida de reputación que, con toda razón, esos comportamientos han cosechado para el conjunto del sector. Y es probable también que resulte sensato el convencimiento de los promotores de que las regulaciones “son una condición necesaria pero no suficiente para recuperar la confianza en la banca”. Por supuesto que nunca la ley es suficiente ni nunca consigue promover la óptima conducta de los individuos ni de las instituciones.
Desde este punto de vista, no deberíamos dejar de encomiar este tipo de iniciativas ni de reconocer la incuestionable conveniencia de que las empresas (y cualquier otro género de instituciones) traten de actuar de forma más coherente con la ética y la responsabilidad social de lo que frecuentemente hacen. Bien está que lo intenten y bien están las actuaciones que lo promuevan, por mucho que frecuentemente no rebasen la esfera de las buenas intenciones.
El problema es que se consideren las prioritarias. Porque aunque quizás no baste con la regulación, lo que está fuera de duda es que mucho menos basta con los llamamientos a la moral y con la autorregulación a la que éstos aspiran. Más aún, cabe sospechar que en ocasiones -no presumo que sea el caso del decálogo mencionado- este tipo de llamamientos persiguen ante todo encubrir los verdaderos problemas de fondo y evitar la frecuentemente necesaria mejora de la regulación.
Volviendo al caso concreto del sistema financiero, no está de más recordar algo que a estas alturas debería ser ya evidente: que las gravísimas distorsiones en la gestión de una gran parte de las entidades (bancos, cajas, fondos, aseguradoras...) que han provocado la mayor crisis financiera de la historia no son fruto de desvaríos éticos, sino de la lógica de funcionamiento del propio sistema, que, en su persecución febril de un beneficio siempre creciente y en el marco de la oleada desregulatoria que se ha venido imponiendo en todo el mundo desde comienzos de la década de 1980 (y que el propio sector financiero ha impulsado con indudable acierto), ha propiciado la difusión generalizada de criterios de gestión claramente atentatorios de la ética (y frecuentemente también de la legalidad). No confundamos, pues, las causas con las consecuencias: la competencia cada vez más dura y libre y la creciente relajación legal son las que han producido, inevitablemente, el deterioro ético y las que han abocado al desastre.
Ciertamente, el caso del sistema financiero no es excepcional: todas las empresas privadas actúan con la misma lógica y en casi todos los sectores se han producido reducciones regulatorias. Pero no, en general, con la misma intensidad y extensión que en el sistema financiero. Un sistema, además, que ha alcanzado a lo largo del período de desregulación (y en buena medida gracias a ella) un volumen y un poder económico (e incluso un grado de hegemonía) indudables: el aumento de su peso en el PIB mundial a lo largo del período 1980-2007 lo muestra con claridad meridiana. Un poder que le ha permitido conseguir beneficios extraordinarios a costa en buena medida de su clientela: y no sólo de la particular, sino de los restantes sectores económicos (un reflejo más de lo que se ha dado en llamar “financiarización de la economía”).
En este contexto, la competencia ha completado la labor, generalizando inconteniblemente las malas prácticas: rara ha sido la entidad que se ha podido permitir el lujo de resistirse a las actuaciones generadoras de mayores rendimientos cortoplacistas (burbuja crediticia, productos estructurados, paquetes de hipotecas subprime, paraísos fiscales, apalancamiento y especulación desaforados...), porque nadie puede permitirse beneficios inferiores a la competencia, pérdidas de cuotas de mercado y las consiguientes penalizaciones por parte de los mercados de capitales. Como alguien dijo hace mucho tiempo, éstos son la ley y los profetas en esta jungla feroz. Ésa, y no una epidemia peculiarmente circunstancial, es la razón del verdaderamente notable contagio de inmoralidad que se ha extendido como una plaga bíblica en el mundo financiero.
Una plaga que se retroalimenta, porque no puede extrañar que un sector tan obsesionado con la máxima ganancia inmediata y en el que se generalizan con tanta intensidad los malos hábitos fomente y atraiga a profesionales y directivos poco escrupulosos. Es lo que sucede con actividades de alto riesgo y alto beneficio (juego, drogas, tráfico de armas o de personas...), en los que las rentabilidades explosivas y adictivas actúan de poderoso imán para los poco pusilánimes frente a los detalles éticos. Actividades en las que -como ha sucedido en el sector financiero previo a la crisis- es verdaderamente difícil, si no heroico, resistir a la subyugante tentación del pelotazo. Pero es algo que resulta particularmente preocupante en el sector financiero, porque, por su propio carácter hegemónico y su potencial de condicionamiento, tiene una intensa capacidad de contagiar esas prácticas al conjunto del sistema.
Actuar sobre las estructuras
Ante esta situación, los llamamientos moralistas a la regeneración ética pueden estar -aunque no siempre lo están- cargados de buenas intenciones, pero no dejan de poner el carro delante de los bueyes. Como también se sabe desde largo tiempo atrás, los planteamientos morales no deberían hacernos olvidar la prosaica fuerza de las estructuras. Para corregir los impulsos de esa poderosa fuerza no basta con intentar recuperar la urbanidad y los buenos hábitos -que son siempre de desear-, sino que es necesario incidir en los mecanismos que incentivan -a veces en contra de la voluntad de los agentes individuales- las actuaciones poco virtuosas. Esos mecanismos que, en definitiva, están en la base de la consustancial tendencia a la desmesura, el exceso de riesgo y la inestabilidad sistémica del sector. Es decir, hay que tratar de actuar sobre las estructuras.
¿Y qué significa “actuar sobre las estructuras” en el caso del sector financiero? Algo tan viejo como sabido y cuya necesidad se reconoció mayoritariamente tras el impacto de la crisis, pero en lo que, pese a las promesas iniciales, se ha avanzado de forma muy insuficiente: regulación más exigente (controlando la competencia y prohibiendo las actuaciones más claramente negativas para el conjunto de la sociedad), supervisión más severa y penalización más dura frente a los incumplimientos. Y junto a todo ello, fomento de entidades que, por su propia naturaleza, minimizan los riesgos y las malas prácticas (cooperativismo, banca ética...) y creación de instituciones financieras públicas capaces de condicionar positivamente el sistema y de compensar o mitigar los efectos potencialmente negativos de las entidades convencionales.
Como decía, nada nuevo ni original, pero que, aunque muchos se esfuercen en hacerlo olvidar, ha probado suficientemente su virtualidad. Véase, por ejemplo, un artículo de Juan Torres en el número 7 de Dossieres EsF en el que, de acuerdo con una abrumadora evidencia empírica, recuerda cómo la más rigurosa regulación bancaria del período que va desde el final de la II Guerra Mundial hasta finales de la década de 1970 posibilitó unas mucho menos frecuentes y graves crisis financieras que en el período de relajación legal posterior.
Como el propio Torres concluye en ese artículo, “sabemos perfectamente lo que hay que evitar y lo que hay que establecer, lo que hay que hacer y lo que no, para que no haya crisis financieras...”. No es malo, desde luego, solicitar a las entidades financieras y a sus profesionales que mejoren voluntariamente sus comportamientos (bajo el presunto riesgo -que no parece atemorizarles en exceso- de que si no, perderán reputación y, a la larga, beneficios). Pero lo prioritario y urgente es tomar medidas políticas para tratar de erradicar o dificultar todo lo posible esos comportamientos. Medidas, sin duda, que no pueden limitarse sólo al nivel nacional, si bien no deberíamos olvidar que en este nivel y en este país hay todavía mucho margen de actuación posible.
Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autora. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.