«Son los imaginarios más conservadores los que más partido están sacando a la pareja velocidad y exceso.»
Remedios Zafra, El entusiasmo
El título de este artículo es el mismo que se puede leer en uno de los anuncios de la compañía Cabify publicado en periódicos nacionales y, entre otros soportes, en las paradas de los autobuses estos días. Cabify, como es sabido, es una plataforma digital que ejerce de intermediaria entre el conductor de un vehículo y un potencial cliente que requiere tal servicio. Similar a Uber que ofrece lo mismo, a Deliveroo que trae comida a casa mediante un ciclista o, entre otras, a Airbnb que nos conecta con el propietario de una casa o apartamento que requerimos para una estancia.
Si bien este tipo de plataformas se conocen con la denominación de economías colaborativas, Cabify, la responsable de esta campaña de comunicación, se autodefine en su página web como «agencia de viajes» y como tal, invita a políticos, taxistas y demás servicios de movilidad mediante anuncios a dialogar para mejorar la circulación en las ciudades.
La profesora María Luz Rodríguez opina que por mucho que cambien de nombre las plataformas, estas son lo que son y recuerda un fallo del Reino Unido a propósito de un conflicto entre Uber y alguno de sus conductores: «En la sentencia inglesa –sostiene Rodríguez— puede leerse que, aunque ella [Uber] se presente como una simple proveedora de tecnología, ‘esta organización tiene un negocio de transporte y emplea a los conductores para ello’; que ‘la idea de que Uber es en Londres un mosaico de 30.000 pequeños negocios ligados por una plataforma común es un poco ridícula’ (sic); que la presunta existencia de un contrato entre el conductor y el pasajero es ‘pura ficción’; y que lo que realmente sucede es que los conductores trabajan ‘para’ Uber y tienen con ella un contrato de trabajo’. En román paladino: ‘Uber es una empresa de transportes y los conductores le proporcionan el trabajo cualificado que ella necesita para prestar sus servicios y conseguir sus beneficios’.»
La mayoría de los políticos no están en condiciones, ya sea por falta de voluntad, pero mucho más por falta de ideas, de hacer frente a la llamada platform economy que modifica las relaciones laborales pero, más aún, a la globalización financiarizada. Con lo cual, la invitación de Cabify no solo es retórica sino perversa.
Cabify, Uber, Airbnb y las demás plataformas nacieron al amparo de la mencionada «economía colaborativa», que al enunciar la suma de las partes alrededor de un propósito común se vinculaba semánticamente al comercio justo y al supuesto beneficio de lo alternativo. Han tomado la figura de «prosumidor» (prosumer), productores de datos y consumidores de servicios o, también, actores del modelo win-win, modo en el que el marketing habla de relaciones entre una marca y un cliente (por ejemplo, Ikea vende muebles de diseño económicos pero el consumidor debe armarlos; es decir, pagamos menos pero «producimos» la última fase de la línea de montaje del mueble que compramos). Aunque en las plataformas hay algo más: la entrega voluntaria de datos. El usuario es aquí un productor –un «prosumidor»– de su propia información personal. La monetización de datos es lo que marca el valor real de una platform economy. Airbnb no posee hoteles ni Uber coches pero tienen datos. La consultora Gartner predice que, en 2022, las compañías serán valoradas en base a sus portafolios de información: «Los inversores, incluidos los analistas de renta variable, deberán tener en cuenta la riqueza de información de las compañías para poder valorarlas adecuadamente».
Con los datos que se vuelcan, voluntariamente, se puede manipular una elección como ha sucedido en el Reino Unido con el Brexit a través de la intervención de la consultora Cambridge Analytica utilizando los datos de Facebook o, simplemente, ampliar los límites del censo electoral analógico para alimentar la base de un partido tal y como lo hizo la coalición gubernamental Cambiemos en las últimas elecciones argentinas según cuenta el periodista Julio Blanck: «El uso intensivo de análisis de datos le dio al Gobierno la posibilidad de localizar con alta precisión a 34.740 votantes en el GBA [Gran Buenos Aires] que habían apoyado a Cambiemos en 2015 y que en estas PASO [primarias] no fueron a votar. Están buscando a esos votantes (…) Según los jefes de campaña, ellos formarán el núcleo principal de los votos que les darán la diferencia final sobre Cristina [Kirchner]».
Visto desde esta perspectiva, la invitación a un político a sumarse al diálogo que propone la empresa Cabify más que a un actor social pareciera que invita a un socio para que se siente del mismo lado del mostrador en el que se encuentra ella. No fue lo que le ocurrió esta semana a Mark Zuckerberg en su comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos por el caso Cambridge Analytica. Cuando le tocó el turno al senador demócrata Dick Durbin, este le preguntó: «Estaría cómodo compartiendo ahora con nosotros el nombre del hotel en el que se alojó ayer?». «Mmmm.... ¿no?», respondió Zuckerberg. «¿Y compartiría ahora con nosotros los nombres de las personas a las que ha enviado mensajes esta semana?», insistió el senador. «Probablemente, no», reconoció Zuckerberg. «Creo que esto es de lo que hablamos aquí ahora, sobre el derecho a la privacidad. Debemos saber qué informaciones recoge Facebook, a quien se las envía y si ha pedido autorización al usuario para hacerlo», remató Durbin.
¿Tenemos un político como Dick Durbin en el Gobierno que pueda hablar con igual claridad si se sienta a conversar con una de estas compañías?
Hola, político. ¿Estás ahí?