La fiscalía sueca ha archivado la causa contra Julian Assange. No porque le considere inocente del caso del que se le acusa, que es de violación en grado menor, sino por un tecnicismo. “En el momento en el que un fiscal agota las posibilidades de continuar la investigación, está obligado a interrumpirla”. Es lo que ha dicho en la rueda de prensa la jefa de la fiscalía sueca, Marianne Ny.
Considera la fiscalía que “ya no es proporcionado mantener el arresto de Julian Assange en su ausencia a través de una orden de arresto europea”. Inglaterra, sin embargo, considera proporcionado mantener la orden de búsqueda y captura, por otro tecnicismo: “El juzgado emitió una orden para el arresto de Julian Assange por no entregarse al tribunal el 29 de junio de 2012. El cuerpo de policía metropolitanto está obligado a ejecutar esa orden en el momento en el que abandone la embajada”.
“Ahora que la situación ha cambiado y que las autoridades han interrumpido su investigación, Assange continúa buscado por una ofensa mucho más leve”, explica el comunicado. Siguiendo con esa lógica extraordinaria, si Assange hubiera sido declarado inocente de todos los cargos, aún tendrían que arrestarlo por evitar una detención que el mismo tribunal de las Naciones Unidas declaró “arbitraria y desproporcionada”. Y no por un tecnicismo sino por su contexto que, en este caso, es fundamental.
De hecho, Julian Assange se entregó a la justicia en la mañana del 7 de diciembre de 2010, en cuanto tuvo conocimiento de los presuntos delitos de los que había sido acusado en Suecia. Siguiendo el protocolo correspondiente, pagó una fianza de 200.000 libras (recaudada con donaciones) y entregó voluntariamente su pasaporte, confiando en una resolución. Aquel junio de 2012 al que se refiere la policía, el Tribunal Supremo de Reino Unido dió luz verde a su extradición por un delito de violación. Entre una fecha y la otra pasaron dos años, en los que Wikileaks publicó 391.000 archivos sobre la guerra de Irak que documentaban torturas, asesinatos y la muerte de miles de civiles en “incidentes desconocidos”; los primeros cables del Pentágono sobre Guantánamo y 251.287 informes del espionaje estadounidense a políticos extranjeros y altos funcionarios de Naciones Unidas. Las autoridades británicas se negaron a garantizar que Assange no sería deportado a los EEUU, en lugar de a Suecia. Y Assange se refugió en la embajada ecuatoriana, esa “ofensa más leve” por la que hoy le quieren arrestar.
De hecho, todavía se niegan. Un mes después de que Jeff Sessions, fiscal general del gobierno estadounidense, declare en rueda de prensa que detener a Assange es una prioridad. “Vamos a incrementar y estamos incrementando nuestros esfuerzos contra las filtraciones”. “Intentaremos poner a las personas en la cárcel allí donde sea posible”. Tanto el gobierno de Obama como el de Trump han tratado de encarcelar a Julian Assange por revelar información clasificada, por eso Assange insiste tanto en que su plataforma es un medio de comunicación. La Constitución estadounidense reconoce el derecho de los medios a publicar información clasificada. Si Wikileaks ha cometido un crimen, también lo han cometido el Guardian, New York Times, Der Spiegel, Le Monde y El País.
No sería la primera vez que el Gobierno de los EEUU intenta impedir que los medios publiquen sus trapos sucios. Nixon trató de impedir que el New York Times y el Washington Post publicaran los papeles del Pentágono, donde se demostraba que sus mentiras habían costado miles de vidas en Vietnam. Consecuentemente, en abril de 1971, la corte suprema le dijo que no. La nueva estrategia del Departamento de justicia de Trump es demostrar que Assange convenció a Chelsea Manning para que robara documentos clasificados, convirtiéndose en cómplice de varios delitos, incluyendo la traición. Cómo puede Assange haber cometido delitos de traición en EEUU sin ser ciudadano estadounidense ni operar en suelo estadounidense es otro tecnicismo que tienen por resolver. Sería proporcionado que hoy la ley ofreciera la misma resistencia que hace 46 años.
Hoy hay un país aparentemente democrático en la Unión Europea que está dispuesto a retorcer su propia legislación para mandar a un activista a un lugar donde no saben que no le espera el beneficio de un juicio justo. Si lo consigue, la víctima no serán solo Julian Assange y Wikileaks sino todos los que dependemos de la libertad de prensa para seguir viviendo en democracia.
Lo justo y proporcionado sería que el mismo consorcio de medios que se benefició de sus filtraciones hiciera un nuevo consorcio para garantizar que no es encarcelado por hacerlo. Pero será necesario que todos los medios trabajen para proteger el trabajo de Wikileaks, independientemente de la opinión que tengan sobre su fundador. Hay demasiado en juego.
“Cuanto más secreta o injusta es una organización, más miedo y paranoia inducen las filtraciones en su liderazgo”, decía un joven Assange en 2006, cuando Wikileaks empezaba una andadura que cambiaría para siempre el periodismo, para mejor. Su imagen se ha degradado mucho, pero lo que representa es más importante que nunca.