Rouco Varela abandona por fin la sede del Arzobispado de Madrid, en la que podríamos decir que llevaba cinco meses en precario, o sea, de okupa. Tenía que haber dejado el Palacio Episcopal de la calle San Justo a su sucesor, Carlos Osoro, pero Rouco no es ni un santo ni un justo y se ha resistido como cardenal panza arriba. Ahora se muda a un piso en la calle Bailén de casi 400 metros, que aseguran fue una donación al Arzobispado de Madrid.
Las donaciones a la Iglesia católica, siendo legítimas y acaso bienintencionadas, siempre van acompañadas de un tufillo a sotana corrupta: véase que el cura líder de los “Romanones”, Román Martínez Velázquez de Castro, acabó siendo el titular del 33% de la herencia que la boticaria de Órgiva, en Granada, había dejado a “los pobres”, nombrando a un par de curas de albaceas para que lo repartieran a su criterio y según su voluntad. Se lo quedaron. El asunto es muy turbio y lo cuenta Amina Nasser en andaluces.es.
Lo de Órgiva no es sino una gota de agua en el océano de pecados doblemente capitales del sectarismo católico: capital desde el punto de vista de la moral cristiana y capital desde la opaca óptica de la buchaca talar. La calderilla moral de los curas de Órgiva ha salido a la luz porque los “Romanones”, en una línea ya tradicional en esta iglesia, están imputados por abusos sexuales y, tirando del hilo dorado de sus correrías, ha vuelto la pía farmacéutica a tan terrenal escenario. En su auto, el juez Antonio Moreno añade que “todo el grupo de imputados dispone de un importante patrimonio”. Si no fuera por el escándalo sexual, los negocios de estos curas solo serían secretos a voces dentro de una vieja trama plagada de pisazos por aquí e inmatriculaciones por allá.
En una más que curiosa coincidencia léxica con Podemos, el papa Francisco ha pedido estos días a los nuevos cardenales que sirvan a la Iglesia de modo que los cristianos “no tengan la tentación de estar con Jesús sin querer estar con los marginados, aislándose en una casta que nada tiene de auténticamente eclesial”. Suponemos que al Rouco de los 400 metros, que andaba por el Vaticano, se le debió de helar la bilis. Suenan muy bien esta y otras muchas cosas que dice Bergoglio, pero parte de un error de base: ciñéndonos al Estado español, es imposible que la Iglesia no forme parte de la casta mientras siga vigente el Concordato con la llamada Santa Sede, que conlleva acuerdos sobre, entre otros, asuntos jurídicos, enseñanza y asuntos culturales, y asuntos económicos.
Los acuerdos económicos entre la Santa Sede y un Estado aconfesional, como presuntamente es el español, suponen tan desvergonzados privilegios que la palabra casta se queda corta: la Iglesia católica recibe fondos públicos a través de los Presupuestos Generales del Estado para la conservación de sus centros religiosos, para colegios católicos y profesores de Religión, y a través de la casilla de la Declaración de la Renta (IRPF); recibe fondos públicos por su asistencia en hospitales y centros penitenciarios; está exenta de pagar impuestos como el IBI, que grava los bienes inmuebles rústicos o urbanos:
“Tendrán derecho a la exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana los templos y capillas destinados al culto, y asimismo sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral [...]. La residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas. Los locales destinados a oficinas de la Curia Diocesana y a oficinas parroquiales. Los seminarios destinados a formación del clero y las universidades eclesiásticas cuando impartan disciplinas eclesiásticas, así como los conventos o institutos de vida consagrada”.
Europa Laica calculó que solo en 2013 la Iglesia católica española recibió 11.000 millones de euros (más del 1% del PIB) de las administraciones públicas, a través de la exención de impuestos como el IBI. Entre ellos, los del pisito de jubilado de Rouco Varela, 400 metros cuadrados junto al Palacio Real de Madrid. Si eso no es casta, que venga dios y lo vea. O que venga Bergoglio y rompa los papeles firmados el 3 de enero de 1979, solo cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978. Si sus cardenales, obispos, canónigos, curas y seminaristas son casta ratificada, no puede pretender que sus fieles no tengan “la tentación” de serlo.
El fin de la casta al que apela Podemos (y parece que hasta el Papa), que se pretende profundo y estructural, ha de pasar de manera irrenunciable por el laicismo y, en consecuencia, por la revocación del Concordato. Sin ese pilar básico, una nueva democracia no será posible. Cuando a Pablo Iglesias le preguntaron en un encuentro con los lectores de 20minutos si rompería el Concordato, respondió así: “Podemos defiende un Estado laico y una educación laica, respetuosa desde luego con las creencias individuales y comprometida con la libertad de pensamiento. El Concordato y la relación entre Iglesia y Estado deben ser revisados para que esta educación y cultura laicas sean posibles, y para que ninguna confesión reciba un trato económico, social o cultural privilegiado”.
“Ser revisado” es una ambigüedad que conviene aclarar. Porque el Concordato se rompe o no se rompe. Estoy segura de que con Podemos se rompería y lo que hace Iglesias es protegerse de quienes a los laicistas nos llaman quemaconventos. Porque ni siquiera se trata ya de anticlericalismo (y a mucha honra), sino de justicia y democracia. Por eso Europa Laica ha lanzado la propuesta 'Por un Estado laico. Compromiso electoral', dirigida a partidos políticos, coaliciones electorales y a toda agrupación de electores que vayan a concurrir a los distintos procesos electorales de 2015.
La propuesta persigue tres fines: garantizar la independencia efectiva del Estado de cualquier confesión religiosa para asegurar la neutralidad ideológica de las administrativas públicas; eliminar los privilegios y discriminaciones en el trato económico y fiscal a las entidades de carácter privado, religiosas o no, para asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la ley y la separación de los ámbitos público y privado; y asegurar una educación laica, como derecho universal, igual e integrador, dentro de un proyecto común de ciudadanía. Para conseguirlo, se proponen 30 medidas generales y 14 para los municipios.
Toda formación que se declare partidaria del laicismo debería asumir el compromiso electoral propuesto por Europa Laica. Porque el movimiento se demuestra andando. Y porque todos sabemos que la Iglesia católica no es casta, pero es casta.