El desarrollo del Estado de Bienestar en España tuvo un nacimiento y desarrollo muy tardío respecto al resto de los países europeos. Se inició en la década de los 80 con la universalidad de la educación y la sanidad. Posteriormente, en los 90 se universalizan las pensiones para mayores de 65 años. En 2007 la Ley de la Dependencia, dio impulso y solidez al llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar. Junto con esta ley, los complementos a las pensiones mínimas y la firma del Pacto de Toledo en 1995, han permitido prácticamente erradicar la pobreza entre los mayores de 65 años.
Desde sus comienzos el Estado de Bienestar español se ha caracterizado por su estrecha vinculación con la historia laboral de los ciudadanos. Es decir, las políticas sociales se han centrado tradicionalmente en proveer de prestaciones monetarias a quien está o ha estado recientemente en el mercado de trabajo. Esta situación no tenía consecuencias tan graves durante la expansión económica, dado que la entrada al sistema era sencilla. Sin embargo, desde el comienzo de la crisis el acceso al mercado de trabajo se ha vuelto extremadamente complicado, agravando la situación de desamparo de millones de personas. Aparte del desempleo, la precarización del mercado laboral por las políticas del PP, ha provocado la aparición del fenómeno de la pobreza laboral; según el INE el 14,2% de los trabajadores que no consiguen superar el umbral de la pobreza.
A las razones de índole económica se le suman necesidades derivadas de las características de la sociedad actual, ocasionando los llamados nuevos riesgos sociales (familias monoparentales, migraciones, minorías, etc.) que requieren un rediseño del sistema de protección social. La caída de las rentas por el paro o la precariedad laboral en familias con niños ha provocado un insoportable incremento de la pobreza infantil. España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado solo por Rumanía. Según UNICEF un tercio de los niños españoles, unos tres millones, está en riesgo de caer en la pobreza.
La escasez de prestaciones familiares, junto al debilitamiento de los servicios públicos esenciales impacta de forma muy intensa en estos niños. El drama de la pobreza infantil no solo significa una desoladora ausencia de justicia social y un fraude al pacto intergeneracional, es también una clamorosa pérdida de potencialidades humanas, lo que tendrá consecuencias negativas para la competitividad futura del país.
Por eso, desde el PSOE hemos propuesto esta el establecimiento de un Ingreso Mínimo Vital que persiga dos objetivos principales: Proporcionar a las familias en situación de exclusión un ingreso mínimo para dar respuesta a las necesidades más básicas y erradicar la pobreza infantil.
El Ingreso Mínimo constaría de tres pilares:
La extensión de la protección por desempleo, una vez finalizada la prestación contributiva, vinculada a un itinerario personalizado de inserción laboral y la formación.
Un Ingreso mínimo para personas o familias sin ingresos y que no perciban la protección por desempleo. Esta renta iría también acompañado de itinerario de activación laboral y formación, adaptado a la situación personal y familiar.
Una prestación por hijo a cargo, destinada a las rentas familiares por debajo del umbral de la pobreza, que se incrementan en tres tramos según el nivel de renta.
Dicho ingreso mínimo beneficiaría a unos 740.000 hogares que actualmente carecen de ningún ingreso, mientras que la prestación por hijos podría llegar a unos 2,3 millones de menores. Según nuestras estimaciones el coste total estaría en el entorno de los 6.500 millones de Euros, una suma perfectamente asumible para la décima economía mundial, y cuarta de la Eurozona.
La propuesta socialista busca poner orden y llenar los huecos del sistema de protección social en manos de las CC.AA., caracterizado por su fragmentación y heterogeneidad, y desconectado del sistema de protección de la Seguridad Social. La situación actual requiere de un sistema de ingresos mínimos a nivel estatal, que respete las competencias autonómicas pero también asegure la cohesión territorial y la reducción de la desigualdad regional.
Además, nuestra propuesta pretende articular de modo fluido la garantía de rentas con la formación y el apoyo de los servicios sociales para la reincorporación al mercado laboral y con el acceso al empleo. Es decir, se trata de integrar de forma coordinada, las políticas activas y pasivas de empleo, con las políticas sociales contra la exclusión tal y como hacen los países más avanzados. El establecimiento de una ventanilla única buscaría así facilitar el acceso a los ciudadanos, asegurando que no haya familias sin ingresos mínimos, al tiempo que se incentiva la entrada al mercado laboral.
En definitiva, la aceleración de los cambios sociales y económicos, genera nuevas formas y riesgos de exclusión, que obligan a la revisión constante de los sistemas de protección públicos para abordar las situaciones de necesidad emergentes y prevenir nuevas brechas en la cohesión social.
En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital supone una mejora considerable de la protección a la infancia y familia, estableciendo una última red de protección contra la pobreza infantil, que aparece actualmente como el grupo de mayor riesgo.
Es un ejercicio de justicia social, pero también de activación económica de las familias. Contribuye a romper el círculo de las desventajas en los niños, avanza la igualdad de oportunidades y el pacto entre generaciones.