Imaginen el caso en Emmanuel Macron, presidente electo de la República francesa. O, mejor, en su similitud orgánica en el país, a la Reina Isabel II de Inglaterra. Supongamos que Isabel hubiera tenido un amigo íntimo o, con más precisión, un amante. Y que lo hubiera enviado en representación suya a hacer negocios en Arabia Saudí. Que un embajador del gobierno británico hubiera acompañado en ese menester al amigo de la reina. Pues esto es lo que sucedió, según nos contó eldiario.es con Juan Carlos I, rey, Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el entonces embajador en Riad, Manuel Alabart, hoy directivo de Técnicas Reunidas, una de las empresas incluidas en aquella gestión.
La información de Antonio M. Vélez y Gonzalo Cortizo es modélica. Con datos, fechas, foto, reconstruye la historia con antecedentes ya publicados. La noticia ha pasado sin gran relevancia. Solo Unidos Podemos ha registrado dos preguntas en el Congreso que será la única forma de llevar a la Cámara de representación el tema. Recordemos que PP, PSOE y Ciudadanos han vetado una comisión de investigación sobre las revelaciones robadas a Corinna.
Las habría grabado el comisario, José Villarejo, investigado, y en prisión, por sus negocios usando las Cloacas del Estado. La ex amante del Juan Carlos I dijo en ellas que el Rey cobraba comisiones ilegales, la utilizaba de testaferra, y que tenía dinero oculto en Suiza. Una información difunda en interés de Villarejo. A diferencia de la noticia neta de eldiario.es. La suma, eso sí, es demoledora.
Ni el monárquico ABC le ha dedicado una línea. El País nos avanzaba, sin mencionar la visita a Riad con embajador de por medio, que “El juez estudia excluir a Juan Carlos I del ‘caso Villarejo’. ”Los hechos se produjeron cuando el anterior Rey era inviolable“, añadía. Y se nos volvía a advertir que ”Parte de la nueva información escrutada es 'muy sensible' y afecta a la seguridad del Estado“. Pocas horas después, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido archivar la pieza sobre Corinna. Y ha eximido al Rey Juan Carlos de cuanto apuntaba Corinna. Abría la puerta a indagar las comisiones del AVE a la Meca, descartando al monarca. A continuación, el juez ha archivado la pieza. Lo que se dice una actuación rápida y coordinada
Inviolabilidad
Inviolable. Así figura en la Constitución española que es el Rey como Jefe del Estado. Contundente concepto. Intocable es su principal sinónimo. Consagra que no puede ser perseguido penalmente por sus acciones en el cargo. Tiene su origen en las monarquías medievales que se presumían nacidas de un mandato divino por el cual “el rey no puede pecar”, non potest peccare. La inmunidad soberana permanece en varias monarquías y estados no monárquicos. Plena en Bélgica, muy matizada en el Reino Unido, Dinamarca, Suecia o Islandia. Con dureza en China o la República del Congo donde esa inviolabilidad se extiende al parecer incluso a empresas. Portugal, recordemos, juzgó y metió en la cárcel por corrupción a su ex primer ministro José Sócrates. El abanico es amplio.
Lo cierto es que la inviolabilidad del Jefe del Estado no parece un concepto aplicable a democracias del Siglo XXI. Mucho menos –por innecesaria– en aquellos en los que su papel es, según la Constitución, representativo y “reina pero no gobierna”. Tampoco se entiende, en ningún caso, que actividades privadas queden bajo el amparo de la inviolabilidad del cargo.
Segunda parte: “afecta a la Seguridad del Estado”, nos dicen. ¿Por qué? ¿Hay que salvaguardar una imagen de limpieza o es por algo más que los súbditos no debemos conocer? ¿Por qué, en su caso, habría que proteger una imagen de limpieza si no fuera cierta?
La monarquía de los Borbones ha gozado, sin duda, de otra inviolabilidad: la mediática. Juan Carlos era un rey campechano, mujeriego, que había incrementado su fortuna desde la nada, y a eso se reducía cuanto había que saber. Todos, hasta los periodistas, porque existía el acuerdo tácito de ese silencio reverencial y excepcional para lo poco que trascendiera. Tanto es así que la monarquía británica, en su annus horribilis, 1992, llegó a hablar de la modélica monarquía española. Tan modernos, tan rubios y deportistas. El mito seguía por la inviolabilidad informativa. Isabel II se quejaba de los líos familiares que empañaban la exigible ejemplaridad. La española ni de eso se privó y siempre cargada de eufemismos. Cuenten lo que vino después. Los negocios bajo sospecha, los Noós, Urdangarines y Corinnas siquiera.
La amante del Rey llegó a vivir durante cuatro años en la finca La Angorrilla en Mingorrubio, una colonia de El Pardo, con acceso directo desde La Zarzuela. Es de suponer que alguien, en el Estado y en la propia familia real lo sabía. Pero era otro terreno vedado. Y Corinna es la misma persona que viajó a Riad en representación del jefe del Estado y fue acompañada por el embajador en sus gestiones.
La Corona tiene más protección jurídica que ninguna otra Institución. Dentro de una legislación que el PP reforzó en sus aspectos más restrictivos. Recordemos que, incluso, en 2016, PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron despenalizar el delito de injurias al Rey, un anacronismo absoluto. Son los mismos partidos que también han tumbado una comisión para que Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ, explique en el Congreso supuestos tratos de favor para que la hija del juez Marchena logre una plaza de fiscal. Por ejemplo.
Excepcionalidad
Y es que España parece resentirse de un permanente estado de excepcionalidad que suelta su lastre por las instituciones. Como si la inviolabilidad de los poderes fuese un manto inevitable. Ahí tenemos vigente, belicosa y brava a la Fundación Francisco Franco cuyo equivalente no toleraría ningún país serio. El rechazo del Poder Judicial a que un prestigioso magistrado –que sentó a Rajoy en banquillo de la Gürtel– recupere su plaza en la Audiencia Nacional. Las filigranas con el Juez Llarena, las asociaciones de abogados que amparan al juez y dejan al descubierto a uno de sus miembros, como ocurre con Gonzalo Boye. O que sean imputados por un presunto delito de revelación de secretos dos periodistas como Ignacio Escolar o Raquel Echerique denunciados por Cristina Cifuentes por publicar las irregularidades de su máster. Desde luego, lo realmente arriesgado es la crítica, el ir contra corriente. Los más vulnerables somos los ciudadanos.
Con estos fundamentos, con estos cimientos, las batallas de casta de la superioridad, que sirven para el consumo, quedan un tanto devaluadas. Hay que dar transparencia y responsabilidad para exigirla. Al menos, insisto, habrá que revisar el arcaico concepto de inviolabilidad de los altos cargos. Como poco. Y limpiar de compromisos secretos la acción de las instituciones.
Se nos trata de continuo como si debiéramos algo. Esos departamentos estancos de la inviolabilidad para acciones privadas, incluso públicas, del Rey, emérito o no. Invocar la Seguridad del Estado para el secreto. ¿Qué se debe aquí, pues? ¿Qué hipotecas tenemos los españoles? ¿Tan largas, tan draconianas, tan costosas?
Sean las que sean, las hemos pagado con creces.