Ni la política ni el periodismo están para determinar inocentes o culpables. Solo para decidir u opinar sobre la idoneidad de los que están en la vida pública. Hasta que la Justicia no dicte lo contrario, Mónica Oltra será inocente de los delitos por los que la investiga el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que son los de abandono de un menor, prevaricación y encubrimiento de un delito de abusos sexuales cometido por su exmarido a una menor tutelada de 17 años. Sin embargo, claramente no era apta para seguir al frente de la vicepresidencia del Consell ni el departamento de Igualdad.
El listón de exigencia ante la imputación judicial de un político lo estableció ella misma en los años en que hizo de azote del gobierno valenciano que presidía el infausto Francisco Camps. Por eso su atrincheramiento de los últimos días era aún mas inexplicable. La presión política y mediática ha provocado finalmente su dimisión. Tarde y mal, con un alegato contra lo que considera “la mayor infamia política y mediática del país” y “con la cabeza alta y los dientes apretados”.
Más que víctima de una conspiración, que también se cree, Oltra cayó en una actitud muy habitual, pero nada saludable en la política y en la vida, como es la negación de la realidad. Un mecanismo de defensa en la búsqueda de autoprotección que suele acabar en la destrucción de uno mismo. Antes o después, si uno no afronta los problemas se convierten en carcoma. Los síntomas son muy evidentes: no se reconoce una situación adversa, se evita afrontar el problema, se minimizan las consecuencias. Nada de ello hace que la adversidad desaparezca por más que se ignoren los hechos, el afectado se transforme en bicho bola, se revuelva o niegue la evidencia. Tampoco ayuda que los amigos organicen una fiesta para bailar y reír al son de la música y provoquen el bochorno incluso de los más partidarios.
Mónica Oltra era un dolor de cabeza para Compromís, para su amiga Yolanda Díaz y para el gobierno de la Generalitat valenciana. Su terquedad en proclamar una teórica verdad no desmiente la realidad y además la ha convertido en una caricatura de sí misma, de lo que fue y de lo que se espera sobre la dignidad política. Las excusas, las teorías de la conspiración, la autocomplacencia o la irresponsabilidad son mecanismos bien conocidos entre quienes antes que ella, como hicieron Cifuentes o Camps, se atrincheraron para no asumir responsabilidades políticas cuando correspondía.
La vicepresidenta, consellera de Igualdad y portavoz del Consell valenciano, ha sido citada a declarar el 6 de julio en calidad de investigada por la gestión de su departamento en el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado a 5 años de prisión su exmarido, que ha recurrido ante el Supremo. La fiscal del TSJV y los tres jueces designados por la Sala de lo Civil y Penal para llevar la causa investigan si pudieron producirse los tres delitos antes citados.
Oltra era la responsable máxima de la conselleria que debía velar por los intereses de la menor tutelada por la Generalitat. Así que más que la política valenciana, aquí la única víctima y por tres veces, fue la joven de 17 años. Porque abusaron de ella, porque no se le dio por parte de la Administración la protección debida y porque algunos ahora tratan de instrumentalizarla para sacar rédito político. Esto por no entrar en aquello de “hermana, yo sí te creo”. A ella, quienes la tutelaban no la creyeron.
Cada día que seguía en el cargo era un día más de desgaste para su partido y para todo el gobierno valenciano, además de un ejercicio clamoroso de falta de generosidad y de coherencia básica con lo defendido ante otros casos judicializados en los que se han visto inmersos diferentes políticos. Ya no se trataba de que Oltra no hubiera digerido los hechos ya juzgados y sentenciados de quien fue su pareja al distinguir entre “realidad judicial” y “verdad”, es que con su comportamiento se hubiera llevado por delante el Consell.
Se aferraba a la no existencia de “pruebas directas” que reconoce el tribunal, pero obviaba la consideración de “los indicios plurales” de una conducta concertada de los funcionarios que podría delatar una estrategia de protección de la misma Oltra o de abandono de los derechos de la víctima, cuya denuncia fue desatendida por la conselleria.
Ni siquiera en Compromís confían en el archivo de la causa tras la declaración de Oltra, a tenor de la contundencia de los escritos de la fiscal y de los jueces, pero en un concepto de lealtad mal entendida, habían cerrado filas con su correligionaria. Por eso, el president, Ximo Puig, les había dado un ultimátum hasta el fin de semana: si no la convencían para que se fuera, sería él mismo quien la destituiría. El barón socialista no quería que el asunto contaminase a todo el gabinete. Y, aunque en público no lo decían, en Unidas Podemos, tercer socio del Botánic, opinaban lo mismo que el president.
Pues aun así hay políticos que todavía no saben irse cuando les llega el momento. O se resisten o se van cinco minutos antes de que les echen. Se llama dignidad, que es algo que ni se compra ni se vende. Simplemente, se tiene o no se tiene y es una condición mínima para ejercer la política.