Han pasado nueve años desde que se prometió por primera vez en España la aprobación de una ley de transparencia, lo hacía el Partido Socialista Obrero Español en el programa electoral que presentó para las elecciones generales de 2004. Desde entonces se debate este tema y desde entonces los diferentes partidos en el gobierno han prometido acabar con la opacidad y promover la transparencia. Parecen no encontrar la fórmula.
También desde entonces la sociedad civil organizada a través de la Coalición Pro Acceso ha pedido a los diferentes gobiernos que se basaran en la experiencia de otros países y en los estándares internacionales para aprobar una ley que estuviera a la altura. Hoy lo tienen más fácil que nunca, existen 95 leyes de acceso a la información en el mundo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, ya se han pronunciado sobre esta materia. Vista la situación tampoco han encontrado la manera.
Este jueves 12 de septiembre, el Congreso votará en pleno las enmiendas que han sido aceptadas en la Comisión Constitucional, después el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno será remitido al Senado. Durante el proceso parlamentario el Grupo Parlamentario Popular ha tumbado aquellas enmiendas que pretendían acercar la ley de transparencia a las demandas sociales y solo han pasado el corte aquellas afines con su propuesta. Esa ha sido una tendencia que ha marcado todo el proceso de adopción de esta ley.
Desde que el gobierno del Partido Popular presentó su anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno el 26 de marzo de 2012, el texto ha sido sometido a una consulta pública, a los comentarios por parte de una comisión de expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), a los comentarios de la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo de Estado y a un debate parlamentario que ha incluido las comparecencias de muchos expertos; sin embargo el texto ha conseguido salir prácticamente intacto de todos estos procesos, añadiendo cambios que muchos expertos han considerados cosméticos y no relevantes para reforzar el derecho de acceso a la información.
La ley sigue planteando los mismos problemas desde el comienzo: no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye muchos tipos de información (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas), establece un doble silencio administrativo negativo (la administración puede no contestar y la solicitud se entenderá desestimada y el organismo de revisión puede hacer lo mismo) y el Consejo de la Transparencia no es independiente (además, con las últimas enmiendas este organismo de revisión estará completamente politizado).
Los cambios introducidos –ya lo decía la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría al presentar los resultados de la consulta pública– “son aquellos que respondían a la filosofía de la ley”, pero es precisamente es esa filosofía la que debe cambiar para garantizar un derecho de acceso a la información acorde a los estándares internacionales. De las últimas enmiendas aprobadas sí cabe destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal de publicar cierta información proactivamente, y la inclusión de la Casa Real y el Banco de España entre las entidades afectadas por la ley.
Según el análisis de Global Right to Information Rating (proyecto que analiza todas las leyes de acceso a la información del mundo en base a unos indicadores consensuados por expertos internacionales) de ser aprobada como está la futura ley de transparencia obtendría una puntuación de 68 sobre 150, quedando en la posición 72 de 96 países con leyes de acceso a la información de todo el mundo. Visto los resultados, no parece ser la ley vanguardista que prometía el Gobierno.
Las excusas para no cambiar el texto se repiten: “Habría que reformar la Constitución”, “un Estado es algo muy delicado”, “va en contra de nuestro ordenamiento jurídico”… Expertos y juristas españoles refutan estas interpretaciones y achacan las carencias de esta ley a una falta de voluntad política por acabar con la opacidad.
En estos años la sociedad civil española no sólo ha mantenido su postura sino que la ha reforzado por el desarrollo de los estándares internacionales de transparencia y por el apoyo, implicación y toma de conciencia del conjunto de la sociedad española. Solo nos falta que los poderes públicos estén a la altura.