Que el nuevo Gobierno ha venido a gobernar es algo que parece haber dejado boquiabiertos a muchos. Que ese gobernar incluye ejercer todas las potestades que le concede la Constitución, también. Lo digo por el crujir de dientes y el rasgar de togas que este lunes recorrió parte del país tras el anuncio de la propuesta de la ya exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Pareciera que la derecha y la ultraderecha y las asociaciones conservadoras pretendieran que para ser democrático y honesto un gobierno progresista deba renunciar a todas aquellas posibilidades constitucionales para poner en marchar sus políticas, lo cual incluye su política criminal. Olvidan que la Constitución Española, esa que tanto exhiben y con la que tanto golpean, fija en su artículo 124.4 que corresponde al Gobierno proponer al fiscal general. Quisieron los padres de la Constitución que el fiscal general tuviera un cariz político, como sucede en otros muchos países, y que fuera una persona de la plena confianza del Ejecutivo y así lo dejaron plasmado en la misma. El fiscal general, y la Fiscalía en sí, recibe así su legitimidad, que en democracia sólo puede provenir del pueblo. Es el Ejecutivo, que emana del pueblo, el que propone a su cabeza visible y luego se cuenta con los instrumentos de contrapeso, que también están definidos en las leyes, para que se mantenga la autonomía funcional de los fiscales, que no su independencia. La independencia sólo se predica de los jueces. No puede hablarse de la independencia fiscal y de la dependencia jerárquica que les señala la Constitución de forma simultánea. Oxímoron conceptual.
La otra posibilidad sería que fuera el Parlamento quien propusiera y eligiera al fiscal general. O unas elecciones directas, como sucede en otras democracias. Lo que no es de recibo es la pretensión de que la carrera fiscal se autogobierne sin entroncar de forma democrática con la soberanía popular. Que unos señores hayan sacado una oposición no les confiere legitimidad ninguna para marcar la política criminal de un Estado. De ninguno. Pareciera, sin embargo, que estaban muy cómodos los fiscales con una fiscal general, que fue un gran error, y que gobernaba, por decir algo, la Fiscalía pensando en el beneplácito de su compañeros de carrera. Una fiscal general que, si bien se dijo independiente del Gobierno, se mostró bastante dependiente de algunos pesos pesados de la carrera judicial que le plantaron cara. Y eso que la postura jurídica de la fiscal Segarra era a priori más próxima al fallo final del Tribunal Supremo que el de esos fiscales que perdieron el juicio, es decir, que no llevaban razón. Parece que publican los medios que estos también se han puesto de uñas. Todo esto ha durado mucho tiempo. Recuerden que se lo conté (Segarra, la fiscal de Ikea). La fiscal general que sólo hizo una comparecencia pública. Puede que ni recuerden su voz. Tan desaparecida estaba.
Así pues el problema no puede ser que Pedro Sánchez haya propuesto a su fiscal general del Estado, porque así está definida constitucionalmente esa función. Es el fiscal general del Estado de cada gobierno. Por eso entra en funciones con el gobierno y por eso cesa con el gobierno. Toda esa zarandaja de la ruptura de la división de poderes sólo puede provenir del máster y la azarosa carrera de Derecho de Casado. De eso y de que parece que no conocen la Constitución o que no les importa nada con tal de desacreditar al Gobierno y a las instituciones.
En realidad lo hacen porque todo bocado parece bueno y, dada la deficiente educación constitucional de la mayoría de los españoles, hacen un escándalo a cuenta de la separación de poderes y les trae cuenta. Anuncia la ultraderecha ¡que va a poner una querella a Sánchez por tráfico de influencias! por cumplir con su prerrogativa constitucional. A España la van a romper todos estos a base de intoxicar a la gente hasta que no consiga diferenciar qué es lo democrático y lo constitucional y qué no.
El problema debe ser pues la persona elegida, no que Sánchez la proponga. Dolores Delgado. Vaya, la hacían ya tantos muerta que ahora al verla resucitar con poder se les ha hecho bola. Inaudito, decía una asociación de fiscales. No, no lo es. Hay precedentes. Javier Moscoso del Prado pasó de ser ministro de la Presidencia de Felipe González a ser el fiscal general del Estado del gobierno de González. No sólo no pasó nada sino que el propio Rajoy glosó y ensalzó su figura cuando le condecoró. Claro que entonces había un país que respetaba el juego democrático. Delgado politiza la institución, dicen. La verdad es que Dolores Delgado ha salido del gobierno precisamente por no ser una política y ha sido sustituida por Campo, que lleva haciendo política judicial desde su época de vocal y que luego pasó directamente a hacerla desde el PSOE. Un ministro mucho más político y correoso, porque así estima Sánchez que será necesario.
Sin embargo, Delgado, cuyo mayor pecado para muchos ha sido haber respetado la autonomía de Segarra hasta puntos poco comprensibles, no parece que peque de ser una fiscal de partido. Es, desde luego, una fiscal con ideas progresistas y con ellas llegó, por votación de sus compañeros, al Consejo Fiscal. Es, sin duda, una fiscal que conoce las líneas de política criminal de un gobierno de Sánchez y eso no tiene nada de malo. Creo que, como poco, la mínima decencia debe hacer que se espere hasta ver su desempeño. El difunto fiscal general Maza puso trabas directas a los juicios de corrupción del Partido Popular, recuerden el caso del presidente de Murcia, y eso si que está reñido con el cargo. Si en el futuro ven a Delgado haciendo algo similar, denúncienlo. Lo que no parece muy de recibo es ponerse la venda antes de la herida.
Yo que el Gobierno hubiera esperado para dar a conocer esta propuesta, pero también entiendo que era desairado entregar la cartera a Campo ante todas las caritas arrobadas que pensaban que Lola había mordido el polvo. Ahora resulta que tendrá tanto o más poder del que tenía como ministra. Resulta también que hay cerca de medio centenar de nombramientos en jefaturas y puestos de la Fiscalía por cubrir. Esos puestos que en más de un 70% se han estado cubriendo con miembros de la asociación más conservadora de fiscales. Que digo yo, que a lo mejor en su inquietud pesa también todo esto.
El Derecho no es una fórmula química. Hay formas de interpretarlo como estamos viendo. La visión conservadora no es la única ni nadie tiene que decirles a los ciudadanos que han elegido una sociedad progresista que ésta es la que debe de primar. Así que, miren, yo estoy segura de que con Delgado no se va a acusar de terrorismo a los titiriteros ni a los que tienen una pelea en Alsasua. Y eso me gusta. Porque no eran terroristas y se usó el principio acusatorio para hacer política.
Cuando sea nombrada la fiscal general va a tener un trabajo arduo por delante. El primero sacudirse las uñas de todos los que piensan que la carrera fiscal puede autogestionarse y también de los que creen que la única política criminal posible es la de derechas.
De momento, déjenla a ver cómo se desempeña y qué hace. Han pensado que es presa fácil y, a lo mejor, ya están comprobando que no lo es tanto. El tiempo dirá.