Finaliza un 2013 en el que España ha continuado ahondando el progresivo debilitamiento de los servicios públicos, así como de las políticas de protección social y cooperación internacional. El indicador de riesgo de pobreza AROPE se sitúa en el 28% de la población y España se convierte en el segundo país de la Unión Europea en términos de desigualdad, por detrás de Letonia. Los presupuestos aprobados para 2014 no hacen sino consolidar esta tendencia.
“¡Reducción, disminución, recortes del gasto público!”. Esta secuencia se han presentado como la única vía posible para luchar contra la crisis. El combate contra el déficit y la deuda pública y la insostenibilidad del modelo social han sido argumentos elevados a dogma político.
Sin embargo, una recopilación de lo acontecido este año en el panorama internacional y europeo alienta a afirmar que, finalmente, el debate sobre la otra cara de la política tributaria ha irrumpido para quedarse. Cada vez son más las voces que apuntan la mirada hacia los ingresos fiscales como factor fundamental en la financiación pública y que instan a desviar la atención, focalizada en la reducción del gasto, para centrarla en el incremento de los ingresos. Y es que el contexto de crisis financiera internacional ha puesto de relieve las consecuencias de la evasión y la elusión fiscal en los países desarrollados.
En 2002, el Consenso de Monterrey era el resultado de la primera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, en el que se reconocía la importancia de los sistemas impositivos en relación con el aumento de los recursos estatales para la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. Las finanzas públicas son esenciales para la provisión de protección social, infraestructura y servicios básicos como educación y sanidad.
Ya por aquellas fechas las ONG's internacionales proclamaban la relevancia de unos ingresos públicos sostenibles para los Estados pobres, que les permitieran financiar su propio desarrollo con independencia de los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo y sin encadenarse a la deuda externa. El impacto de la evasión fiscal sobre los países en desarrollo es dramático, ya que su economía depende en gran medida de los impuestos que pagan las empresas transnacionales que en ellos operan.
Según la organización Global Financial Integrity, la fuga ilícita de capitales privados, no declarados ante las autoridades y por los cuales no se paga impuesto alguno en los países en desarrollo, oscila alrededor de 1 trillón de dólares anuales. Alrededor del 60% de esta magnitud se debe a multinacionales que evaden beneficios mediante prácticas de ingeniería financiera abusiva con el fin de evitar pagar sus impuestos.
En efecto, las empresas multinacionales tienen diversas posibilidades para estructurar sus actividades y negocios con el objeto de eludir dichos impuestos. Para ello, emplean varias estrategias fiscales legales e ilegales. Evasión impositiva implica evadir impuestos por medios ilegales; la elusión impositiva supone el uso legal de las ambigüedades e imprecisiones de la regulación fiscal en beneficio propio, con el objeto de reducir el importe gravable y a través de medios que se encuentran dentro la ley.
La OCDE señala que alrededor del 70% del comercio mundial se produce entre empresas del mismo grupo y, por lo tanto, es susceptible de ser objeto de prácticas ilícitas de abuso de precios de transferencia o de ser dirigido a paraísos fiscales. Sin embargo, ni una sola de esas operaciones intragrupo ni por país aparecen desglosadas en las cuentas consolidadas de las multinacionales.
Diez años después del Consenso de Monterrey, los países desarrollados se han visto forzados a abrir los ojos ante los efectos del fraude fiscal en sus propias arcas y, durante 2013, hemos presenciado un respaldo sin precedentes a diversas iniciativas con intención normativa, desde la OCDE y la Unión Europea, hasta los mercados de valores, para luchar contra la evasión de capitales. Por una parte, la UE ha aprobado que las empresas extractivas y bancarias presenten sus cuentas anuales desglosadas país por país; también ha propuesto avanzar en la transparencia sobre la identidad del beneficiario final de una empresa para prevenir el blanqueo de capitales a través del sistema financiero. Por otra, el G8 y el G20 han acordado trabajar en un estándar global de intercambio automático de información financiera para acabar con el secreto bancario de los paraísos fiscales.
En España, los informes de GESTHA estiman el fraude fiscal en 88.000 millones de euros anuales, de los cuales el 71,7% se achacarían a grandes empresas y fortunas.
Paralelamente, el último informe anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa calcula que el 94% de las empresas del IBEX 35 tienen sociedades participadas en paraísos fiscales. Para la red internacional Tax Justice Network, España ocupa la décima posición mundial en fraude fiscal.
El desplome del ingreso fiscal en términos absolutos y relativos ha generado en España una cruzada política por la reducción del gasto público. Mientras, el sistema tributario sigue plagado de deducciones y bonificaciones que permiten la llamada planificación fiscal agresiva, eludiendo el pago de muchos impuestos y en muchos casos realizando fraude fiscal de las rentas más elevadas. En este escenario, donde es la clase media la que soporta la financiación del gasto público, el crecimiento del desempleo y la reducción de los costes salariales agrava seriamente la situación fiscal.
El pago de impuestos supone una aportación directa a las finanzas públicas y es una de las principales vías a través de las que el sector privado contribuye a la sociedad. Sin embargo, la responsabilidad fiscal de la empresa es habitualmente el elemento olvidado en materia de Responsabilidad Social Corporativa y del que no se hace mención alguna en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, cuyo último borrador ha circulado en las últimas semanas.
Los avances en el debate sobre justicia fiscal que se han logrado en 2013 requerirán tener los ojos bien abiertos en el año que entra, para analizar hasta qué punto la UE, el G20 y España contribuyen a la implementación de los compromisos que han adquirido.
Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autora.