Un muy mal indicador
España ha sido el último país de la Europa Occidental tras la división del continente después de la Segunda Guerra Mundial que se constituyó democráticamente. El último de los tres que quedaron descolgados de la ola del constitucionalismo democrático que se abre en la segunda mitad de la década de los cuarenta: Grecia, Portugal y España. Ese fue el orden de incorporación a la democracia.
España ha sido uno de los primeros países democráticos europeos que ha tenido que repetir elecciones ante la imposibilidad de que hubiera acuerdo parlamentario para investir a un candidato como presidente del Gobierno. Ocurrió en la legislatura que se abrió con las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015.
Hemos tenido el dudoso honor de haber sido simultáneamente los últimos y los primeros. ¿Hemos sido los primeros porque fuimos los últimos y porque, además, nos incorporamos a la democracia de la forma en que lo hicimos? ¿Fue la incapacidad de la sociedad española de hacer un ajuste de cuentas con el franquismo, a diferencia de los que hizo la sociedad griega con el “régimen de los coroneles” o la sociedad portuguesa con el “salazarismo”, lo que está en el origen de haber sido los primeros en repetir elecciones? ¿No será la herencia del régimen del general Franco en el sistema político articulado por la Constitución de 1978 la que nos acabó conduciendo al desastre de 2016 y la que amenaza con llevarnos de nuevo a otro desastre similar en 2019?
Los cuarenta años del régimen del general Franco siguen gravitando sobre la democracia española, que pudo abrirse camino con la hipoteca de una forma monárquica restaurada sobre la que no pudo pronunciarse el poder constituyente del pueblo español y con unas Cortes Generales definidas en su composición y forma de elección por la Ley Para la Reforma Política aprobada por las Cortes del general Franco y por un real decreto ley de marzo de 1977 aprobado unilateralmente por el Gobierno presidido por Adolfo Suárez por designación del rey sin legitimación democrática de ningún tipo. Las dos piezas claves del sistema político de la Constitución de 1978 son herencia del Régimen de Franco y no resultado del ejercicio del poder constituyente del pueblo español.
En esa herencia, en la monarquía y en las Cortes Generales, con su composición y sistema de elección definidos preconstitucionalmente, está el origen del bipartidismo dinástico que ha gestionado el sistema político definido en la Constitución de 1978. Es un sistema político monárquico que nace para ser gestionado por una alternancia en el poder de dos partidos para los que la conservación de la forma monárquica ha sido la prioridad no susceptible siquiera de ser sometida a discusión. El bipartidismo era un elemento esencial de la restauración de la monarquía. Tan esencial que no sabe operar de otra manera.
Había tanto atraso acumulado de los cuarenta años anteriores, que incluso un sistema con una forma de gestión tan viciada de origen ha podido operar durante varias décadas. La sociedad española ha podido hacer una síntesis política de sí misma a través de ese sistema bipartidista hasta que la combinación de la crisis económica de 2008 y la crisis de la constitución territorial a partir de 2010 lo ha desquiciado.
Desde 2015 la Constitución española no ha dejado de ser por completo una constitución normativa, pero sí se ha ido deslizando en la dirección de una constitución nominal, es decir, una Constitución en la que la distancia entre lo que la Constitución dice y lo que en la realidad ocurre, es notable. El funcionamiento de las instituciones, y en particular de las Cortes Generales, se aleja bastante de lo que la Constitución prevé. La disolución anticipada por la no investidura del presidente del Gobierno en 2016 es la prueba más llamativa, aunque no sea la única. La sustitución de la ley por el decreto ley, la no aprobación de los presupuestos generales del Estado, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Son muchas las anomalías que se van acumulando.
Y no vamos a mejor. El hecho de que se esté contemplando la posibilidad de volver a tener que repetir las elecciones habla por sí solo.
