Los defensores del pueblo, ya saben, esa institución que no sirve para gran cosa y estamos eliminando por la austeridad y por el bien de la democracia, acaban de denunciarlo. Saturar urgencias no supone una excepción, fruto de los atracones navideños y la gripe. Responde a una estrategia. Lo han denunciado con un informe que ha ocupado varios meses de trabajo y muchas horas de visitas y estancia en las urgencias. No se basan en una colección de chascarrillos y anécdotas, como acostumbran a hacer muchos responsables de sanidad para justificar su gestión.
Las urgencias se saturan porque faltan camas en los mismos hospitales donde se cierran plantas enteras porque no hacen falta, o se deriva a la fuerza a los pacientes a la sanidad privada a la que estamos rescatando entre todos con nuestros impuestos, igual que hicimos con los bancos.
Las urgencias se bloquean por razones estadísticas. Porque se utilizan para camuflar las listas de espera o porque mientras estás en urgencias no cuentas. Todo lo que habíamos avanzado en veinte años de luchar contra la opacidad y la manipulación en las listas de espera y las estadísticas sanitarias se ha ido por el desagüe. Las ruedas de prensa de los responsables sanitarios se parecen a aquellas que daban los militares americanos todas las tardes en Vietnam y que la prensa acabó llamando “las juergas de las cinco”. Todo es mentira y lo que no es mentira, es aún peor.
Las urgencias se colapsan por la misma razón que los colegios y los institutos carecen de profesores, porque entre los cuatrocientos mil empleados públicos despedidos desde 2011, la mayoría eran personal sanitario y educativo.
No se confundan. No es que no se pueda hacer mejor o que no tengamos dinero. Es una estrategia. Así se hunden los servicios públicos, se alimenta el mito de la superioridad de lo privado y se convence a la gente para irse a las mutuas y aseguradoras.
Se trata de un abordaje en toda regla a cargo de auténticos piratas de lo público. Primero se deterioran los servicios mediante la aplicación de políticas de recorte indiscriminado y ajuste fiscal exprés, y en medio de una estrategia de confusión informativa deliberada se reducen drásticamente la oferta y la calidad de bienes, procesos y personal. Luego se procede a descapitalizar el valor añadido aportado por el carácter público y se debilita la confianza de los ciudadanos volviendo todo lo público opaco y discrecional. Finalmente se privatizan “a la carta” mediante procesos de venta opacos, confusos y donde primero se selecciona al comprador y luego se privatiza a su medida.
Así se mata a la sanidad pública para que sobreviva la privada. Es el crimen perfecto.