En España hay alrededor de 800.000 viviendas vacías que son propiedad de entidades financieras. Hay más de tres millones de casas vacías. Hay gente sin casa, y casas sin gente. Hay también grupos políticos que, en vez de clamar y de actuar contra esta situación, prefieren estigmatizar a quienes luchan y reivindican el derecho de todos a tener una vivienda digna.
Uno de cada tres niños españoles viven en riesgo de pobreza y exclusión social, según el informe publicado esta semana por Save the Children. Los 20 más ricos de España tienen el mismo dinero que el 20% con menos ingresos, según datos de Oxfam. Mientras el Estado y las autoridades europeas han rescatado a los bancos con miles de millones de euros, cada vez son más las familias cuya situación empeora por los recortes, por la reducción de las ayudas y de los servicios sociales. La desigualdad sigue creciendo, los ricos son más ricos y los pobres, más pobres.
Si los desahucios han sido visibles y han estado presentes en el debate público ha sido gracias a la movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Si nadie hubiera levantado la voz, no se estaría hablando de ellos y se habría ejecutado un número aún mayor. Los que han esperado pacientemente, sin rechistar, sin hacerse oír, han visto cómo aumentan la pobreza y el desempleo; han visto cómo pasa el tiempo y continúan sin recibir soluciones.
Por eso resulta llamativo que la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz sostenga que “si a quien levanta más la voz le damos lo que pide, se inicia un camino peligroso”, en un contexto en el que lo peligroso son los niveles de desigualdad, pobreza, precariedad y exclusión social que se están alcanzando en este país.
Desde organizaciones políticas que aún pretenden aparentar no ser la derecha se hace un llamamiento a la “serenidad”, a la “estabilidad”, a la “firmeza”, a la “legalidad” frente a la movilización social.
Llaman serenidad a negar viviendas a personas que las necesitan. Llaman firmeza a defender repentinamente las presuntas prioridades de los integrantes de una lista de espera que hasta ahora no existía en el debate público. Llaman “okupas” a personas sin casa.
No hay serenidad que valga cuando la gente está perdiendo sus trabajos, sus casas, su posibilidad de vivir dignamente. No hay legalidad legítima cuando un país afronta miles de desahucios teniendo miles de viviendas vacías. Se tilda de radicales a quienes cuestionan este statu quo en el que aumentan la pobreza y la desigualdad, cuando no hay mayor radicalidad, en el sentido peyorativo del término, que esta creciente injusticia social.
Como ha escrito Ada Colau, dirigiéndose a Susana Díaz, no queremos la legalidad de miles de desahucios y miles de casas vacías. No queremos la legalidad que nos niega nuestro derecho a una vivienda. No queremos la 'estabilidad' -el término favorito del FMI- que nos arrebata libertades, ayudas y servicios sociales para engordar las arcas de una minoría.
La explotación, el poder y la imposición de la sumisión no solo se logran por la fuerza, sino a través de un falso consenso, conquistado con la propaganda y la manipulación. En los mensajes emitidos en relación con la Corrala Utopía hemos asistido a un punto de inflexión que ha llegado con grandes dosis de impunidad y cinismo. Se ha intentado criminalizar una medida solidaria, como es el realojo de algunas familias de la corrala. Se ha apelado repentinamente a un listado con más de 12.000 personas demandantes de viviendas de protección oficial de Sevilla, intentando dar a entender que las familias de la corrala deberían estar a la cola de esa lista, sin tener en cuenta que hay otras listas y que ninguna de ellas es para realojos transitorios urgentes.
Se ha intentado transmitir que a la gente de la corrala se les regala una casa, cuando lo cierto es que no se les adjudica una vivienda de protección oficial, sino que se les ofrece un piso social de forma transitoria, no definitiva, un realojo ante una situación de emergencia.
Y con todo ello, se han defendido discursos propios de la derecha más rancia. Consciente o inconscientemente, se ha pretendido enfrentar a personas necesitadas -las de la corrala con las demandantes de una vivienda de protección oficial- y se ha practicado lo que en algunos países de América Latina se llama la tesis del doble demonio, que impulsa la doble o triple victimización de las víctimas: víctimas por serlo -en este caso de la pobreza o la exclusión social-, víctimas porque son atacadas por pedir casa sin estar muriéndose literalmente de hambre -hay que ver, qué desfachatez!!- y víctimas también porque al quejarse de su condición y protestar para cambiarla, son criticadas por ello.
¿En qué momento estaríamos ahora si la Consejería de Vivienda de Andalucía no hubiera decidido realojar? Probablemente las familias de la corrala seguirían acampadas, en plena Semana Santa, y a estas alturas diversos sectores sociales se habrían sumado al apoyo de sus demandas legítimas. El escándalo estaría siendo la falta de soluciones para estas familias, y no la búsqueda de una respuesta solidaria para ellas.
Los más ricos de nuestro país han vuelto a aumentar sus arcas otro año más. Las 100 mayores fortunas de la Bolsa suman 88.735 millones de euros, un 13% más que en el año anterior. Las empresas del Ibex 35 han tenido más beneficios -17.700 millones de euros- y aún así han despedido a más de 120.000 trabajadores en el segundo semestre de 2013. Los de arriba pagan proporcionalmente muchos menos impuestos que los ciudadanos de a pie, la pobreza severa se ha duplicado en pocos años, pero lo de la Corrala Utopía es escandaloso.
Cada vez son más las personas que sufren las consecuencias de un sistema claramente desequilibrado. No solo tienen que hacer frente a una situación de necesidad, sino que queda claro que hay poderes políticos y mediáticos dispuestos a estigmatizarles en caso de que quieran reivindicar un cambio para ellos o para otros necesitados.
Aumentan las estrategias para que los ciudadanos de a pie nos unamos al coro de consignas dirigidas contra la raíz fundamental de nuestros derechos y de nuestro futuro. Ante ello es más necesario que nunca reivindicar la movilización, la solidaridad y la organización frente al despojo.