Mientras los migrantes saltan la valla, las autoridades se saltan la ley
La presión por contener los flujos migratorios ha puesto de manifiesto, una vez más, las graves irregularidades que se están cometiendo en el control de nuestras fronteras. El trágico suceso del pasado 6 de febrero en Ceuta, donde 15 personas perdieron la vida y 23 fueron devueltas a Marruecos de forma irregular, pone de relieve el fracaso de las políticas migratorias y europeas obsesionadas por el blindaje de las fronteras.
El Presidente del Gobierno se está enfrentando a su segundo Debate de la Nación. Más allá de sus intereses políticos de cara a las elecciones europeas, la sociedad civil necesita recibir explicaciones sobre la tragedia ocurrida en Ceuta, aclarando todas las inaceptables contradicciones que se han ido poniendo en evidencia estos días atrás, así como el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de prácticas ilegales para justificar las expulsiones a través de la valla de Melilla que conocimos días antes. Todo lo anterior atenta gravemente contra los Derechos Humanos y vulnera los marcos normativos nacionales e internacionales.
La tragedia de Ceuta solo es una muestra de las muchas circunstancias que hay que explicar sobre lo que está ocurriendo en las fronteras españolas, impropio de un Estado de Derecho.
Mientras los migrantes se saltan la valla, las autoridades se saltan la ley.
Aquella madrugada los cuerpos de seguridad implicados actuaron intencionadamente, tanto por acción como por omisión, mientras 15 personas se ahogaban frente a ellos. La acción temeraria de utilizar material antidisturbioscontra personas que trataban de alcanzar la orilla, así como la omisión del deber de socorro, teniendo en cuenta la actitud de manifiesta pasividad ante la necesidad de asistencia humanitaria de estas personas, tendrá que ser explicada también por el Presidente.
Así mismo, la expulsión colectiva de las 23 personas que alcanzaron la playa pisando territorio español es contraria al artículo 4 del Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Ley de Extranjería y el ‘Principio de no Devolución’ establecido en la Convención de Ginebra de 1951. Estas personas fueron entregadas a las autoridades marroquíes sin haber tenido acceso al procedimiento establecido en la Ley: no se analizó de forma individualizada la situación de cada una de ellas; no se les dio la oportunidad de recurrir la decisión adoptada y no se les facilitó asistencia letrada ni de un intérprete en el procedimiento de devolución. Tampoco se les permitió pedir asilo, pese a que algunas de ellas procedían de países en conflicto.
Mientras los migrantes se saltan la valla, las autoridades se saltan la ley.
El Presidente del Gobierno debería explicar también los múltiples eufemismos que se han venido utilizando en torno a esta tragedia. No pueden aceptarse lo que el Ministro del Interior ha denominado, con mucha imaginación, “conceptos operativos de control” y que en la práctica suponen la movilidad de la línea fronteriza formada por los guardia civiles, vulnerando el cumplimiento de la ley para justificar devoluciones ilegales. También tendría que explicar las denominadas “devoluciones en caliente”, una práctica que vulnera la ley. Debería preparar bien su explicación sobre la priorización del Convenio bilateral con Marruecos frente a la Ley de Extranjería y la propia Constitución, dado que ningún tratado puede ser contrario a la legislación estatal. Necesitamos que nos aclare la diferencia que hizo el Ministro del Interior entre ‘fronteras jurídicas y fronteras políticas“, un concepto de Soberanía de España completamente discrecional y por tanto inseguro para cualquier ciudadano.
El Presidente del Gobierno debería dar la última y definitiva versión de los hechos, contar la verdad de lo ocurrido, depurar responsabilidades y comprometerse al cese inmediato de cualquier práctica que pueda poner en peligro la vida de las personas y que impida su acceso a la protección internacional. Muy al contrario, lo que se nos ha anunciado es una reforma más de la Ley de Extranjería. Desde CEAR consideramos innecesaria la reforma y esperamos que esta modificación normativa no aspire a dar cobertura legal a prácticas ilegales que, como ha manifestado el portavoz de la Comisión Europea, vulneraría la normativa comunitaria, que establece muy claramente que todo extranjero que llega a territorio de la UE tiene derecho a pedir asilo y las autoridades el deber de verificar si esa petición es procedente.
Por el momento, nada de esto ha sido aclarado. Es inaceptable que, pese a la gravedad de los hechos, el presidente del Gobierno no haya dado ninguna explicación sobre las preocupantes actuaciones de la tragedia de Ceuta, limitándose a citar colateralmente 'los hechos ocurridos en Ceuta y Melilla' sin profundizar en ello.
En la breve mención que hizo a la tragedia de Ceuta, utilizó el término 'cooperación' de una forma bastante confusa. Si el enfoque que pretendía buscaba apostar por la cooperación al desarrollo, tendrá que empezar por reactivar las políticas de cooperación española que entre 2012 y 2014 han descendido en más de un 70%, y enfocarlas a paliar las problemáticas que padecen los países de origen y que provocan los flujos migratorios y no tanto a la cooperación para el control fronterizo como ha planteado en su discurso.
Lo más preocupante no es tanto lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho y que toda la ciudadanía viene reclamando desde el pasado 6 de febrero: que se aclare lo ocurrido, que se expliquen las devoluciones ilegales, el uso de material antidisturbios contra seres humanos agotados, la omisión del deber de socorro, el impedimento de acceder al asilo y la vulneración de la ley y normativa europea.
Aunque los migrantes se salten la valla, el Gobierno no puede ni debería intentar saltarse la ley.
