Monarquía: España ante el espejo

Un indicador necesario en la calidad de una democracia son sus mecanismos de control: gobiernos, oposición, sistema judicial, medios informativos... Por lo que respecta a la Jefatura del Estado, estos controles han dejado mucho que desear en España. Se puede decir que han fallado. De lo contrario, no habríamos llegado a este punto de escándalos y salida del país de Juan Carlos I tantos años después. No obstante, a tiempo estamos de reconocerlo y tratar de mejorarlo o de seguir persistiendo en los mismos errores.

Hay quien se está dedicando estos días a poner el foco en “las buenas obras” del rey emérito, porque “ha hecho muchas cosas por España”, pero sería justo reconocer que la actualidad, lo que nos lleva a que Juan Carlos de Borbón sea noticia esta semana, no es precisamente algo positivo, sino que ha anunciado que abandona el país. No es precisamente por esas grandes gestas de las que algunos hablan. Podemos regodearnos en “lo bueno que ha sido el monarca” o preguntarnos por qué hemos llegado a esta situación. Nuestro deber como periodistas es no descuidar las respuestas a las preguntas que tantos ciudadanos se hacen: ¿qué se investiga de Juan Carlos I?, ¿por qué se va del país?

Oficialmente, no nos lo han explicado. Según la carta del rey emérito, su marcha se debe a “la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”. Entonces, no sería tanto por esos “ciertos acontecimientos”, como por su “repercusión”. No nos dicen de qué “acontecimientos” se trata y establece una distinción entre lo público y lo privado carente de lógica. ¿Qué acontece? Entre otras cosas, la justicia suiza investiga presuntos delitos económicos y fiscales relacionados con el jefe del Estado español. No es su vida privada, porque afecta gravemente a la institución pública que representó y representa como rey emérito.

El fiscal suizo Yves Bertossa investiga una presunta arquitectura financiera para ocultar y blanquear dinero del rey Juan Carlos de España con el presunto uso de asesores, testaferros, fundaciones, sociedades, sin pasar por el fisco, con manejos de dinero negro, cuentas opacas, procedencia no justificada en países del Golfo y destino en paraísos fiscales. Bertossa imputó a Corina Larssen, Arturo Fasana y Dante Canónica y trata de desentrañar su papel y vinculación con el dinero presuntamente relacionado con el emérito. Tras la toma de declaraciones y diversas pesquisas, hay testimonios, documentos incluidos en la investigación y diversas informaciones publicadas en varios medios que colocan al monarca en una situación alarmante.

Son pruebas de esa alarma que el emérito sale de España y que el actual rey, Felipe VI, decide retirarle la asignación presupuestaria y renuncia a su herencia económica. Después, sabemos que renunciar a ese dinero como heredero legalmente no tiene efectos ahora mismo y que la partida del presupuesto para Juan Carlos I va para imprevistos de la propia Casa del Rey, pero son gestos que suceden a una situación preocupante. El goteo de informaciones sigue su curso y sitúan al rey emérito moviendo presuntamente durante años grandes cantidades de dinero negro con sus supuestos testaferros, participando en operaciones inmobiliarias supuestamente delictivas y con una conducta al margen de la situación de crisis que sufren sus compatriotas y su país, del que es Jefe del Estado.

Hay investigaciones en España que se han archivado o que se han estudiado sin llevarlas adelante. Veremos qué ocurre ahora con el Tribunal Supremo, donde el emérito goza de aforamiento. Por otra parte, juega a favor de Juan Carlos I que han pasado los años, que hay presuntos delitos que habrían prescrito y que goza de inviolabilidad durante su época como Jefe del Estado. Cabe perseguir posibles delitos fiscales y de blanqueo posteriores a su abdicación, como operaciones inmobiliarias y el presunto uso de dinero fraudulento, no declarado a la Hacienda española.

Entretanto, bueno sería también recordar que el patrimonio del rey emérito y del actual Jefe del Estado español siguen siendo un secreto. Avanzaríamos en transparencia y en democracia si esos bienes se conocieran, en la actualidad, periódicamente, a la entrada y a la salida de un cargo que es público y que, como tal, pagamos. No tiene por qué ser un medio extranjero de prestigio, como The New York Times, el que atribuyó a Juan Carlos I 2.300 millones de dólares, con una estimación de 2012 y reconociendo que se desconoce cómo “ha amasado esta riqueza”. Más allá de que estas cifras, no desmentidas, sean ciertas o no, deberíamos conocerlas oficialmente. De igual manera, su origen.

En aras de la transparencia, bueno sería también que publicar la fortuna de los monarcas incluyera una declaración de bienes en el extranjero, con cuentas, acciones e inmuebles, si los hubiera

En aras de la transparencia, bueno sería también que publicar la fortuna de los monarcas incluyera una declaración de bienes en el extranjero, con cuentas, acciones e inmuebles, si los hubiera. Aún más, si cabe, saber los movimientos de dinero durante todos estos años. Si no hay nada malo, nada habría que ocultar. No obstante, no hay que ser ingenuos y, obviamente, lo que la justicia investiga no son precisamente operaciones y cifras que nos hubieran ido ofreciendo con luz y taquígrafos. En el marco de la ley, se ha amparado la opacidad. Es legal, pero opaco. Ya fuera de las normas, es aún peor, porque la justicia suiza pone en el punto de mira la presunta corrupción en la monarquía española.

Como se ve, a la espera de las investigaciones judiciales, faltan explicaciones políticas y hay también posibles reformas legislativas que podrían llevarse a cabo para mejorar. Juan Carlos de Borbón sigue reconocido con el título de rey emérito de España y no será precisamente por la transparencia. También podría avanzar en este aspecto el actual monarca, Felipe VI, y explicar por qué tardó al menos un año en comunicar la existencia de cuentas en paraísos fiscales de su padre, si los abogados de Corinna Larsen le habían informado; por qué aparece en ellas como beneficiario y cuándo se enteró o por qué un empresario le pagó gran parte de la cuantiosa factura de su luna de miel. Son incógnitas que también siguen sin aclarar.

Hay un sector de la población que, de entrada, rechaza que la monarquía ejerza la Jefatura del Estado. Otros sectores la aceptan. Está reconocida en nuestra Constitución, con una polémica estrategia que también se ocultó al pueblo español, pero a fin de cuentas está en nuestras normas actuales de convivencia. Más allá de lo que pueda ocurrir con la institución en un futuro, en lo que sí debemos coincidir todos es en que la legalidad y la transparencia deben regir sus formas de proceder. Bueno sería aceptar que han fallado los mecanismos de control y no insistir en los errores. Los hay infinitamente más empeñados en operaciones de blanqueamiento que en exigir explicaciones sobre el presunto blanqueo. Y ojo porque ambos procesos blanqueadores pueden desembocar en un negro futuro. El exceso de jabón tampoco es bueno.