Estos días se está produciendo la operación de cooperación policial organizada por el Consejo Europeo contra las personas migrantes y que ha sido bautizada como Mos Maiorum. Hay toda una tradición del arte del sarcasmo policial, que conocemos gracias a la amplia publicidad que han recibido las diferentes redadas masivas. Pero a nadie le ha pasado desapercibida la combinación de acritud y brutalidad que ha podido alumbrar semejante bautizo: una operación a gran escala de detención ilegal, interrogatorios, amenazas y probable pérdida de libertad y expulsión del territorio de la UE. Nada del otro mundo en el día a día de las políticas de fronteras y de extranjería de la Unión. Nada, tampoco, en lo que atañe a su violación del art. 67, 1 y 2, del Tratado del funcionamiento de la UE, allí donde se lee que la UE “garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores” y que habrá de «garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos». Ni a su olímpico desprecio de los derechos humanos.
Gracias a statewatch.org hemos conocido el diseño, objetivos, participantes y procedimientos de la operación, que de lo contrario hubiera permanecido oculta. Han llamado Mos Maiorum (es decir, la “costumbre ancestral”, la ley patriarcal no escrita de la antigua Roma) a una operación que no es otra cosa que una cacería indiscriminada de personas inermes y carentes de toda tutela jurídica, sometidas al arbitrio policial. Esto asimila a las personas migrantes, en buena parte refugiados y solicitantes de asilo, a “invasores” de un supuesto suelo patrio europeo y a potenciales destructores de las mores europeas. Cuando sabemos que a la cabeza de la operación, como corresponde a la presidencia italiana de la UE, está el actual ministro del Interior italiano, Angelino Alfano, –amalgama de comportamientos cuasi mafiosos y racismo– entendemos que con esta operación se lleva a cabo una medida que apunta a una transformación bélica y fascista de las políticas migratorias de la Unión. Italia, el país de la infame ley Bossi-Fini, el país que aún no ha juzgado las responsabilidades políticas por los 83 muertos provocados por el hundimiento del Kateri i Radës en el canal de Otranto en 1998. Y también el país que dejó morir por imperativo legal a cientos de personas el año pasado frente a las costas de Lampedusa, es junto a España y Grecia el laboratorio de una forma militar y fascista de la soberanía que, desde los Estados nacionales, se torna en una «coalición de los negreros» para el conjunto de la Unión.
Si atendemos a la aberración humanitaria pero también económica que suponen las redadas masivas a escala europea que se llevan produciendo desde 2011, nos será más fácil entender que lo que les sucede a las personas migrantes en las fronteras externas e internas –en las ciudades y pueblos de la UE– es un principio de ordenación y sometimiento que aguarda a la mayoría de las y los ciudadanos de la UE. Solo hay que fijarse en las restricciones unilaterales a la residencia y los derechos plenos de ciudadanos de la Unión en países como Alemania o Bélgica para saber lo que nos espera a todos bajo esta «orientación». El panorama europeo a este respecto es devastador. Allí donde miremos, vemos Große Koalitionen de xenófobos, explícitas o implícitas, allí donde un Valls remeda a un Sarkozy, que a su vez pujaba con los Le Pen, con el éxito que conocemos, o donde Amanecer Dorado hegemoniza la discusión sobre la inmigración mientras, con la excepción de Syriza, el resto de partidos se disputa las cotas de bestialidad contra las personas migrantes.
Mientras, en Ceuta y Melilla disparando y golpeando hasta la muerte, acosando y encarcelando en centros de internamiento en las ciudades de España, comprobamos que democracia y garantías se sostienen únicamente por la resistencia de las y los ciudadanos y por la inercia de los procesos administrativos y judiciales. Cometeríamos un error si pensáramos que se trata de una “mala” política migratoria y de fronteras que hay que achacar a las “élites europeas”. A este respecto no hay una distinción entre soberanías nacionales y despotismo de las élites de Bruselas. Ha sido el Consejo Europeo, es decir, el verdadero órgano intergubernamental que domina la vida de la Unión, el que está socavando el espacio democrático europeo movido por una coalición de intereses comunes: convertir en miedo y el rechazo de la austeridad, la corrupción y el vaciamiento de las instituciones representativas en pánico xenófobo contra el Sur global; y hacer de la violencia soberana contra los extranjeros el modelo en pruebas de un fascismo europeo que rompa el espinazo a la ciudadanía traumatizada por la austeridad y el despotismo de las élites, que enfrente a unos ciudadanos contra otros, mientras la guerra, convencional o no, cerca y penetra por los cuatro puntos cardinales de la Unión. La alternativa real es la de la recuperación de la democracia y de los derechos en primera persona por parte de la ciudadanía europea (lo que incluye necesariamente a las personas migrantes, e implica una refundación del proyecto europeo) o la rendición ante los demonios, coloniales y criminales de la vieja Europa.