Desde hace varias semanas hemos estado hablando sobre los derechos sexuales y reproductivos y la violencia obstétrica y de cómo se hace urgente que muchas cosas al respecto sean consideradas en la ley de salud sexual y reproductiva (dejo el link a las columnas). Hoy vamos a hablar de cómo viven esas vulneraciones de derechos las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan una discriminación interseccional por el sexismo, el capacitismo, entre otros ejes de opresión que las atraviesan y las implicaciones que esto tiene son muy grandes. Las violencias que viven las mujeres con discapacidad a lo largo de sus vidas presentan situaciones de mayor dureza y su salud sexual y reproductiva no es la excepción. Socialmente se mantienen muchos estereotipos y prejuicios frente a ellas y eso se refleja inevitablemente en la atención en salud que reciben y en las normas que reafirman esas discriminaciones. Así que he hablado con dos expertas en el tema para poder contarles lo que sucede a lo largo de esta columna.
Socialmente persiste la idea de que las mujeres con discapacidad son incapaces de tomar sus propias decisiones, que no pueden cuidar de sí mismas, más bien configuran una carga porque deben ser cuidadas, se les trata como a seres asexuados, como si tener vida sexual activa no fuese una posibilidad y la maternidad fuese algo absurdo. Todo esto hace básicamente que cosas que para las mujeres sin discapacidad sean impensables, para ellas sean obstáculos de todos los días. Imagina no poder acudir a consulta ginecológica porque no hay manera de entrar al consultorio ni de subirse a la silla porque no están diseñados para ti. O no poder quedar embarazada porque estás “destinada” a ser esterilizada.
Y es que, aunque la esterilización forzada apenas se hizo ilegal en España hasta el año pasado –sí, apenas- aún persisten muchos obstáculos para la efectividad de sus elecciones reproductivas. Tal y como lo menciona Ángeles Blanco, feminista con discapacidad, abogada y Delegada de Derechos Humanos de Confederación ASPACE (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral): “Gran parte de las mujeres con discapacidad nunca accederemos a la maternidad porque somos percibidas como mujeres incapaces de ser madres. Se nos ve como receptores de cuidados, aún a pesar de que la realidad demuestra que el cuidado y las tareas del hogar también recaen en nosotras. Y si algunas de las mujeres con discapacidad acceden a la maternidad puede que, como ha sucedido hasta la fecha, se les arrebate la custodia de sus hijos e hijas en lugar de dotarle de recursos y apoyos para el cuidado. O que, si acaece una situación de violencia de género, la hija o el hijo se le entregue al maltratador”.
Pero es que además, las mujeres con discapacidad han tenido que ser casi que simples espectadoras en un relato que, aunque reivindica los derechos sexuales y reproductivos y la eliminación de la violencia obstétrica, muchas veces no recoge sus realidades y se pasan por alto situaciones que ellas viven todos los días y que impiden que en verdad puedan disfrutar de una buena salud. Como lo relata Ángeles; el 90% de mujeres con parálisis cerebral no se hacen mamografías, citologías o ecografías. Y no lo hacen porque nadie se ha parado a pensar que sus sillas de ruedas eléctricas e individualizadas a sus necesidades requieren un ancho de puerta de 82 cm. O que su espasticidad no puede ser una excusa para que, en lugar de adaptar las consultas, las obliguen a ser sujetadas por varias personas para poder hacerse una mamografía.
Pero aún hay más, muchas mujeres con discapacidad tienen que lidiar con todo tipo de obstáculos para poder manifestar su voluntad en las decisiones relativas a sus procesos reproductivos. María Laura Serra, Doctora en Derechos Humanos con una tesis sobre discapacidad y mujeres e investigadora postdoctoral por la Universidad Nacional de Irlanda en Maynooth lo explica muy claramente: “Muchas veces, en nombre de la protección se vulneran los derechos y autonomía de las mujeres con discapacidad, por ejemplo, cuando una mujer recurre al centro de salud con una intención de elaborar una planificación familiar, ya sea para continuar o interrumpir su embarazo, su voluntad muchas veces no es tenida en cuenta, sobre todo si es una mujer con discapacidad intelectual o psicosocial. Se le habla a su acompañante y no a ella, no se le brinda la información en lenguaje accesible o sencillo en caso de necesitarlo, no se le habla de las opciones que tiene, entre un sinfín de cuestiones”. María Laura insiste en que esa forma arcaica de entender el consentimiento de las mujeres con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos permite que se generen abusos y situaciones de violencia, supeditando muchas veces la efectividad de sus derechos a la buena voluntad del personal sanitario que le ha tocado.
Es más que evidente que la situación de las mujeres con discapacidad es urgente, y no se trata de hacer excepciones o de atender asuntos “puntuales” sino de entender que todas las mujeres tenemos necesidades diferentes. Por ello no basta solo con un par de artículos de la nueva ley, sino que se requiere una perspectiva incluyente que se refleje de manera transversal para atender la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres. No es solo una reclamación del movimiento feminista por la discapacidad, sino una exigencia en materia internacional de Derechos Humanos que España debe cumplir.