Las lenguas no desaparecen porque sí ni lo hacen de un día para otro. A modo poético, la Nobel Louise Glück escribió que una lengua muere porque no necesita ser hablada. Ese es el riesgo de las lenguas minoritarias, que a diferencia del resto, requieren no solo de hablantes voluntariosos sino de una protección por parte de las administraciones. A no ser que les dé igual que cada vez tengan menos presencia, algo que en el caso de algunos partidos españoles parece intuirse, por la vía de los discursos o de los hechos.
La encuesta de usos lingüísticos realizada por la Generalitat, cuyos últimos datos corresponden al 2018, concluye que el castellano es la primera lengua para más de la mitad de los catalanes y es la de uso habitual para más del 48% de la población. Los que acostumbran a comunicarse en catalán son el 36%. El periodista Roger Tugas ha buceado en los datos y otro de los que llama la atención es que la franja que más usa el catalán habitualmente es la de 65 años y más.
Estas son las cifras globales, la media, pero si se mira por comarcas o ciudades la preeminencia del castellano en las zonas más pobladas es aplastante. En Barcelona no llegan a tres de cada diez los que recurren al catalán de manera habitual. En L’ Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más grande, el 73% se expresan normalmente en castellano.
Otro sondeo más reciente, este del Ayuntamiento de Barcelona, se centra en la capital y los datos prueban que la salud del catalán empeora, especialmente entre los jóvenes. No llegan a tres de cada diez, de entre 15 y 34 años, los que utilizan de manera habitual. En cinco años el uso del castellano como lengua principal ha pasado del 56% al 62%. Ni en aquellos barrios donde aún se habla un poco más, y que coinciden con una renta más alta, los catalanohablantes jóvenes llegan a la mitad. Los lingüistas atribuyen esta tendencia al hecho de que en ese mismo periodo, en Barcelona ha aumentado en un 7% la población nacida fuera de la ciudad y son vecinos que, como el resto, no necesitan el catalán para vivir en la capital.
En este contexto, han surgido iniciativas como el canal Malaia para reforzar la presencia del catalán en las redes y con proyectos pensados para atraer al público joven. Pero son pocos, no siempre aciertan en los contenidos, y luchan contra gigantes.
ERC lleva semanas exigiendo que la nueva ley del audiovisual tenga en cuenta las lenguas cooficiales y que establezca un porcentaje mínimo del 7,5% para el catalán, gallego y euskera en las plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+. Si esta petición debe condicionar la aprobación de los Presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez es algo opinable. Lo que no es interpretable es que el Gobierno de turno tiene la obligación de respetar y proteger el uso de las lenguas cooficiales. Así lo reclama sin ir más lejos el artículo 3 de la Constitución y la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, a la que España se acogió en 2001.
Los republicanos argumentan, además, que existe una perspectiva económica, la de más de un millar de empresas catalanas que se dedican a crear contenidos audiovisuales. Es la misma razón por la que en el anteproyecto de ley del Gobierno contempla una reserva genérica para la producción en cualquier lengua oficial de España y por lo que la directiva europea obliga a una reserva del 30% para contenidos del continente. Es una ley proteccionista de las lenguas pero también del mercado audiovisual europeo.
Tanto Miquel Iceta, ahora ministro de Cultura, como Salvador Illa, aseguraron que no habría problema para garantizar la presencia de las lenguas cooficiales en las plataformas. La vicepresidenta Nadia Calviño, que es quien tendrá la última palabra (con permiso de Pedro Sánchez) aseguró que el Gobierno sería sensible a la presencia del catalán, euskera y gallego en las plataformas. Pero de momento no ha habido más concreción y solo con buenas palabras, en el idioma que sean, no se resolverá.