Cualquier paso en la imprescindible regeneración democrática de España, por pequeño que sea, cuesta un esfuerzo más que notable. Hay una resistencia feroz a cualquier avance en ese sentido. El Gobierno ha aprobado por fin, entre otras medidas, un plan para asegurar la transparencia de los medios y la lucha contra la desinformación. Establece un registro de medios en los que no tengan cabida los que no se dedican a esa función, la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas dedican a los medios de comunicación para evitar que con nuestro dinero se financien pseudomedios (como ocurre ahora), una valoración más rigurosa de los datos de audiencia por los que reciben ese dinero o mejorar el sistema para poder rectificar noticias falsas o abiertamente tendenciosas. Todo el plan de regeneración democrática está contenido en 31 resoluciones que se irán aplicando en tres años.
Estas medidas siguen los pasos del Reglamento que rige en la Unión Europea y que contó allí con los votos del Partido Popular, pero ahora -tanto ellos como sus terminales mediáticas- ponen el grito en el cielo asegurando que “Sánchez va a por los medios”, como titulaba El Mundo en portada este martes. Viene desde el mismo día del anuncio. En general, cuanto más manipuladores, más se oponen a cualquier medida destinada que frene los bulos. ABC y otros periódicos consideraban que era directamente “atacar a los medios”. Incluso llaman a Sánchez un censor liberticida en el submundo de los inframedios.
Periodistas de oficio, no necesariamente conservadores, temen toda regulación con una visión romántica de lo que era nuestra profesión. El problema es que ya no lo es, debido a las sucias injerencias que la han prostituido. Frenar de alguna manera los bulos y saber de la financiación de los medios y con qué criterios se distribuyen nuestros impuestos en la publicidad institucional, es una necesidad.
Los bulos se han convertido en un problema mundial. Es el arma más efectiva de la ultraderecha para captar adeptos con pocas luces y mucha mala sangre. J.D. Vance, candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, ha legitimado ante las cámaras de CNN a Trump en el bulo de los migrantes que se comen las mascotas de los norteamericanos. Reconoce que sí es mentira pero les conviene decirlo. En el debate televisivo -que fue donde el candidato republicano soltó la falsa acusación- los periodistas moderadores rebatieron en el acto sus palabras. Era un bulo y así lo dijeron. En España no se hace, salvo excepciones. Y es preciso abordarlo. Los haitianos han tenido problemas por culpa de Trump: se han disparado las amenazas contra ellos. Las autoridades se han visto obligadas a cerrar escuelas y edificios de la localidad como el Ayuntamiento por amenazas de bomba, y la universidad ha tomado “precauciones extremas”.
Las mentiras de los medios en España tampoco han sido inocuas. Ni mucho menos. Han encumbrado a numerosos políticos indeseables, empotrándolos en el cargo pese a la verdad de sus hechos. El dinero de nuestros impuestos lo ha pagado, el dedicado a ese fin que fue creciendo sin control durante años.
Esperanza Aguirre, desde su llegada al cargo por el Tamayazo, gastaba más en publicidad que en investigación, hasta tres veces más. Sabemos ya de sobra que en toda la historia democrática española, es difícil encontrar un gobierno más corrupto, una organización más podrida que su gobierno. Cargos del PP de Madrid acumulan ya más de 100 años de cárcel por corrupción. El vicepresidente Alfredo Prada acaba de ser condenado en el caso de la Ciudad de la Justicia. El tribunal considera probado el amaño de hasta 24 contratos por 40 millones de euros entre 2005 y 2011, evaporados ahora como tantos otros. Y en la práctica solo quedó un edificio erigido a medias y más de 200 millones de euros tirados a la basura. Aguirre, la diosa de la charca, libre como el viento y mientras tanto paseando por los medios su labor desestabilizadora del gobierno actual.
Ayuso quiere volver a enterrar dinero público revitalizando este pufo en concreto. Es la heredera de Aguirre que comparte con ella una asombrosa impunidad. ¿Para cuando investigar los escandalosos sobrecostes del Hospital Zendal?
Como contaba Esther Palomera en este articulo pleno de datos, Ayuso gastó al menos 41,5 millones de euros en las campañas publicitarias contratadas entre 2022 y 2023. Le dieron, eso sí, un magnífico resultado.
Ni una portada para los 7.291 ancianos muertos sin asistencia médica durante la pandemia, en la única comunidad que promovió tal cruel protocolo. Poco del novio defraudador, monta pleitos además, que “declaró gastos falsos por casi 1,7 millones de euros”. Nada de sus políticas para los ricos, de las rebajas de impuestos para ellos a costa del deterioro de servicios públicos esenciales, rematando la obra de su mentora Aguirre. Nada de la manipulación y censura a través de Telemadrid. Nada de las amenazas a periodistas de elDiario.es y El País. Llegando al punto de soltar en su enésimo masaje mediático en el programa de la productora de Ana Rosa Quintana, con Ana Terradillos, este martes que ella no irá contra periodistas, sin que nadie le recuerde la verdad.
Pero pueden pasarse también por la Galicia del hoy presidente del PP y empecinado promotor de echar al Gobierno. 45 millones de euros es la cantidad que Alberto Núñez Feijóo destinó siendo presidente de la Xunta a las empresas editoras de medios de comunicación privados. Y así fue hasta el último día. Programó más de 3,5 millones de euros en subvenciones a empresas de comunicación cuando ya había anunciado su salida del gobierno gallego para trasladarse a Madrid.
Todo esto es la punta del iceberg. Se ha publicado ya mucho. Y no han aminorado siquiera en la tarea, al contrario. Se han unido además publicaciones encuadradas directamente en la bulosfera, autenticas bombas de relojería que actúan con todo tipo de bulos, exageraciones, insultos, contra el gobierno sistemáticamente. O más bien contra la sociedad porque la mentira causa verdaderos estragos en todo tipo de circunstancias.
Habrá que ir viendo el desarrollo de estas medidas, de cuanto intente esa regeneración democrática que se precisa. De entrada hay que constatar el peligro de la manipulación mediática y lo flagrante de pagarlo encima con nuestros impuestos. Sin duda nos han vendido así productos políticos altamente defectuosos. Todo paso en su remedio será positivo. Los periodistas y los ciudadanos en general también deberían aportar las soluciones obvias al problema: rigor en la información los primeros y criterio para seleccionar, todos.