En estos días vamos a escuchar distintas propuestas sobre uno de los principales problemas globales de nuestro tiempo. Ninguna acertará, porque todas confunden el problema.
Y es que todos los partidos están hablando de la vivienda como si el problema que tenemos fuera habitacional -los jóvenes, que no pueden emanciparse o las familias, que no pueden pagar el alquiler- cuando, en realidad, lo que tenemos entre manos es un problema de reparto de la riqueza.
Dos tercios de toda la riqueza del mundo se concentran hoy en valores inmobiliarios. Dos tercios. ¿Cómo puede ser esto? Resulta que durante la segunda parte del siglo XX se construyeron en todo el mundo centenares de millones de viviendas que se vendieron a la clase media con la promesa de que iban a funcionar como una reserva de valor de los ahorros de toda una vida.
Es más. Es que la creación de esa enorme clase media de finales del XX es inseparable de la creación de un “patrimonio” para todas esas personas. Ser clase media es, fundamentalmente, tener un lugar en el mundo. Y ese patrimonio es su vivienda -o sus viviendas, para quienes tienen más de una.
En aquellos años, el mundo entero compró esta promesa que parecía -porque en realidad, era- una especie de chollo macroeconómico: ¡los trabajadores podían pagar por vivir en un lugar y ahorrar al mismo tiempo!. Jubilarse con una pensión y un patrimonio de decenas o centenares de miles de euros.
Este mecanismo tenía un problema y es que para que las cosas tengan un valor, alguien tiene que estar dispuesto a pagarlo. De manera que para que quien compró casa en los 80 y en los 90 siga pensando que su vivienda vale varios cientos de miles de euros, alguien tiene que comprarla o alquilarla por ese precio.
Si los sueldos y las condiciones de vida hubieran seguido mejorando al mismo ritmo esa rueda -aunque con un tufillo a esquema ponzi que es muy difícil de ignorar- hubiera seguido girando durante algunas décadas más.
Pero el caso es que los salarios reales llevan estancados desde hace 20 años y las familias de hoy tienen que invertir mucho, mucho más esfuerzo que sus padres, para conseguir una vivienda en propiedad.
Y cuando digo en propiedad quiero decir pagada, no en manos del banco. Lo que debemos observar para identificar cuál es el problema de la vivienda no es cuánto tardan los jóvenes en emanciparse o en acceder a una hipoteca. La pregunta es ¿Cuánto va a tardar la generación que se hizo mayor más allá de 2000 en tener una vivienda pagada? ¿Qué porcentaje de los ingresos de toda su vida van a dedicar a ahorrar primero mientras pagan un alquiler y luego a hipotecarse? ¿Qué tipo de vida les deja esto?
Mientras, parapetados tras ese relato del valor creciente de la vivienda, inmensos fondos de inversión compran el suelo de medio mundo y generan un panorama todavía más desigual. Lo que tenemos hoy es un problema con el acceso a la riqueza y a la posibilidad de ahorrar: hay una generación que no puede crear un patrimonio. Y el problema no es solo que nos hayamos dicho que crear un patrimonio es lo que nos hace ciudadanos. Sino que a medida que aumenta la inseguridad laboral y la vida se hace más precaria, el patrimonio de cada persona se vuelve casi su única tabla de salvación.
Las propuestas que estamos escuchando para construir vivienda pública en régimen de alquiler o controlar el precio de los alquileres están orientadas a resolver el problema habitacional, pero solo agravan el problema de reparto de la riqueza. Naturalizan que haya unos ciudadanos pagando alquiler y otros que se hacen un patrimonio con el alquiler que les pagan los primeros. Que una parte de la sociedad tiene casa en propiedad y la otra no puede ni aspirar a ello para que la noria siga girando.
Las propuestas que apuntan que lo que hay que hacer es dar una pequeña ayuda a la compra para que quienes no pueden hacer esa inmensa transferencia de renta de los trabajadores a los propietarios que es comprar una vivienda lo que hacen es seguir inflando la burbuja.
La solución al denominado “problema de la vivienda” pasa, en realidad, por otro lugar: necesitamos nuevos vehículos, distinto de la inversión inmobiliaria, por los que los ciudadanos puedan entrar a participar de la riqueza que produce la sociedad.
Si en la segunda mitad del siglo XX se distribuyó una parte del patrimonio común -el suelo urbano- entre quienes estaban allí para entrar al reparto, tiene todo el sentido económico y de justicia social que en estos años se distribuya un nuevo patrimonio entre la generación que no accedió a aquellas ganancias. Podría ocurrir, por ejemplo, que las ciudades creasen un fondo que distribuya una parte de los ingresos que genera el turismo entre sus habitantes y que ese fondo estuviera participado en su mayor medida por los jóvenes de las ciudades que no entraron al reparto del suelo urbano.
Tendría todo el sentido porque la generación de riqueza hoy se produce en las ciudades y allí será donde se dará la batalla por la justicia en el siglo XXI. Pero esto es otra historia, para la próxima semana.