Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas
La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, publicada la semana pasada, apuntaba que seis de cada diez catalanes creen que el Govern debería priorizar la gestión de los servicios públicos a la resolución del conflicto político. Solo los votantes de Junts consideraban que debía anteponerse el procés. Gestionar bien no debería ser incompatible con explorar una salida a un problema político tan complejo como evidente, que no está solucionado y que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene prisa por abordar. Pero sea por la formulación de la pregunta o porque muchos ciudadanos perciben que hay que modificar prioridades, lo cierto es que los sondeos señalan que existe una tendencia a reclamar más y mejor gestión. Es una preferencia que ha aumentado desde el inicio de la pandemia, algo que evidentemente no es casual.
Gestionar en tiempos de crisis es aún más complicado para cualquier administración. Un reto que obliga a un plus de transparencia que siempre es exigible y más en tiempos de contrataciones de emergencia para las que se requieren menos controles de los habituales. Es de esperar también una ejemplaridad de los gobernantes que debe ser exquisita. Esto no va de serlo o al menos parecerlo. Esto va de serlo.
En Catalunya durante décadas ha funcionado una omertá política que educadamente bautizamos como el oasis. Con ‘La sagrada familia’ como referente (fantástico título de David Trueba para el documental sobre la familia Pujol) se mezclaban negocios privados con públicos. El 3% era un rumor que ha costado que se concretase en causas judiciales. Los sucesivos gobiernos, primero del PSOE y después del PP tampoco tuvieron un interés especial en averiguar qué pasaba (más bien todo lo contrario) porque los votos de CiU les permitían sobrevivir cómodamente en el Congreso. A modo de resumen vale la pena releer la entrevista que uno de los fiscales del caso Banca Catalana, Carlos Jiménez Villarejo, concedió a elDiario.es en agosto del 2014 y cuyo titular era así de explícito: “Los fiscales generales del Estado que nombró el PSOE me prohibieron investigar a Pujol”.
En otro gran caso, el del Palau de la Música, se sentenció que Convergència se había lucrado con 6,6 millones por el cobro de comisiones ilegales. Tuvieron que pasar ocho años pero por primera vez se probaron esos pagos. Ahora en la Audiencia Nacional hay tres causas abiertas sobre la presunta financiación ilegal del partido que durante décadas dirigió y manejó a su antojo el país.
La pieza principal del caso del 3%, en la que están procesados desde hace casi año y medio empresarios, políticos y exaltos cargos de Convergència, entre ellos dos de sus extesoreros y el exgerente Germà Gordó, espera que la Fiscalía presente su escrito de acusación. Hay otras dos piezas todavía bajo investigación. Una versa sobre el supuesto ‘pitufeo’, es decir, blanqueo de las comisiones ilegales a través de donaciones de los dirigentes de Convergència al partido. El extesorero Daniel Osàcar, ya condenado por el Palau e implicado en esta trama, dio detalles al juez de este sistema. La otra pieza es el 3% audiovisual, cuyos detalles ha desvelado Pere Rusiñol esta semana en este diario.
Influir es mejor que mandar y en Catalunya ha habido y hay personajes influyentes que ni siquiera tienen la necesidad de disponer de un cargo público. Algunos lo tuvieron y ya no lo necesitan. Algunos están o han estado en gobiernos, a otros ni siquiera les ha hecho falta. Actúan como conseguidores. Manejan la mejor información y juegan con ella para obtener beneficio propio. A veces al límite de la legalidad, como se ha podido escuchar en más de una grabación policial. El caso Voloh, más allá de las elucubraciones sobre una trama rusa para beneficiar al independentismo, lo que permite es comprobar, a través de sus propios diálogos, la facilidad con la que los excargos convergentes y republicanos accedían a las conselleries para hablar de sus negocios. No es algo que pase solo en Catalunya. También hay exministros reconvertidos en lobbistas. La diferencia es que aquí los intereses económicos de siempre se han parapetado en unas aspiraciones políticas legítimas, resumidas de manera simplista con lo que se ha bautizado como el procés, para seguir influyendo. Así funciona el poder.
La guerra sucia, personificada en la ‘operación Catalunya’ diseñada por el equipo de Jorge Fernández Díaz con el comisario Villarejo al frente, las palizas injustificables a votantes del 1-O, o los años de cárcel de los líderes independentistas no pueden ser excusa para mirar hacia otro lado cuando se trata de investigar corruptelas de mayor o menor calibre. Mucho menos para frenar las que puedan ser incómodas para la causa política que se defiende y que cuenta con un apoyo tan importante en el electorado catalán.
Sea un ayuntamiento, consejo comarcal, diputación, Generalitat o cualquier empresa pública, la exigencia debe ser máxima. Y los periodistas debemos poder hacer nuestro trabajo sin que eso nos convierta en buenos o malos catalanes, mejores o peores patriotas en función de si las informaciones perjudican o benefician a un partido. Mirar hacia otro lado nunca puede ser una opción. Sirve para los periodistas pero también para los mossos que se dedican a investigar casos de corrupción en Catalunya y que cuando actúan como policía judicial han de poder hacerlo sin ningún tipo de tutela o injerencia política.